ASIMRA exigió la suspensión de los decretos de apertura arancelaria tras la investigación a funcionarios nacionales
La Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica (ASIMRA), Seccional Tierra del Fuego, presentó una nota formal ante la Comisión para el Área Aduanera Especial (CAAE) en la que manifestó su profunda preocupación y enérgico rechazo frente a la situación judicial que involucra a los funcionarios nacionales Ornella Calvete y Javier Cardini, ambos con roles directos en decisiones vinculadas al régimen industrial de la provincia.
El sindicato consideró que la investigación por presuntos hechos de corrupción que pesa sobre los funcionarios constituye “un hecho de extrema gravedad institucional”, dado que participaron en la evaluación y el impulso de los Decretos 333/2025 y 334/2025, así como de la Resolución 489/2025, normas que según la organización modificaron parámetros históricos de protección arancelaria y competencia industrial.
Cuestionamiento a la legitimidad de las normas
En el escrito, ASIMRA advirtió que la posible intervención de funcionarios investigados en la elaboración de dichas medidas pone en duda su validez jurídica y su legitimidad, al existir sospechas de “favores, coimas o negociaciones incompatibles con la función pública”.
El gremio citó la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos, remarcando que un acto administrativo dictado bajo desviación de poder, vicios en la voluntad o ausencia de causa legítima “es nulo de origen, aunque luzca formalmente correcto”. En ese sentido, sostuvo que persistir en la aplicación de los decretos cuestionados, en el marco de una investigación penal en curso, “rozaría la irresponsabilidad administrativa”.
Impacto sobre la industria fueguina
ASIMRA alertó que la continuidad de estas normas podría generar perjuicios irreparables para el entramado industrial de la provincia, afectando procesos productivos consolidados durante décadas y poniendo en riesgo el empleo y el futuro económico de miles de familias.
La organización planteó que avanzar con una apertura arancelaria en estas condiciones “desmantelaría el entramado industrial” y podría derivar en conflictos legales, pérdida de inversiones y responsabilidad patrimonial para el Estado.
Pedido de suspensión inmediata
En un tono firme, el sindicato exigió que la CAAE disponga de manera urgente la suspensión preventiva de los decretos y la resolución mencionados, hasta que la Justicia y los organismos administrativos competentes esclarezcan el rol de los funcionarios involucrados.
“La industria fueguina no puede quedar librada a normas dictadas bajo sospecha de corrupción”, expresó ASIMRA, y reclamó que la CAAE actúe con celeridad, responsabilidad y coraje institucional para garantizar transparencia y preservar la legalidad del régimen que rige la actividad productiva de la provincia.
El comunicado concluye subrayando que el sindicato no permitirá que decisiones “opacas, incoherentes o posiblemente ilegítimas” afecten el futuro industrial de Tierra del Fuego, reafirmando su compromiso con la defensa del trabajo, la producción local y la integridad institucional.
