Carrillo sobre las tierras de la Margen Sur: “Los tiempos legislativos no son los tiempos de los chacareros”
El productor explicó la importancia del dictamen que permitirá tratar la expropiación del Macizo 67 y advirtió que aún quedan pendientes la tasación, el pago de las tierras y la regularización de los servicios. El proyecto será tratado en la sesión legislativa del 28 de octubre.
El dictamen favorable al proyecto de expropiación de tierras del Macizo 67, en la Margen Sur de Río Grande, representa un avance para los productores que llevan décadas esperando regularizar sus terrenos. Sin embargo, todavía resta un camino administrativo y económico antes de que las familias puedan acceder a la titularidad de las parcelas. Así lo explicó Gustavo Carrillo, productor de la Margen Sur, en diálogo con Guillermo Lacaze, al repasar los antecedentes del conflicto, las dificultades que enfrentan los chacareros y las expectativas ante la sesión del miércoles 28 de octubre.
Consultado sobre si los votos están asegurados, Carrillo respondió con cautela: “Yo creería que sí. Por lo que sabemos nosotros, creería que sí”. Cuando Lacaze le pidió que “no se duerman”, contestó: “No, por supuesto. Nosotros no dormimos nunca. Lo que pasa es que, bueno, los tiempos legislativos no son los tiempos de los chacareros. Y los gobiernos pasan. La realidad es esa, que los gobiernos pasan”.
Carrillo aclaró que no reside en el Macizo 67, por lo que, cuando habla de los reclamos de desalojo y de las valuaciones, lo hace por lo que conoce de primera mano del conflicto y por lo que le cuentan sus vecinos.
Una herramienta para quienes habían quedado afuera
Carrillo sostuvo que la principal importancia del dictamen es incorporar a los productores del Macizo 67 a un proceso de regularización del que habían quedado excluidos, pese a que algunos llevan hasta 30 años trabajando esas tierras.
“Lo que se hizo en el día de ayer por intermedio de la Legislatura es conseguir una herramienta a los que están ocupando el Macizo 67, que son todos productores, que en algunos casos son productores que llevan 30 años ahí en ese lugar. Entonces lo que se les hizo fue conseguirles una herramienta porque ellos no estaban en la expropiación de la 1287”, explicó. Reconoció además que “hay toda una controversia que se generó” en torno al tema.
El productor recordó que el reclamo tiene antecedentes en la Ley 848, sancionada durante el segundo mandato de Fabiana Ríos y que “en el tiempo se cayó”, y luego en la Ley 1287, lograda durante la gestión de Rosana Bertone. Esa norma permitió avanzar con otros sectores, pero dejó pendiente al Macizo 67 por los conflictos judiciales vinculados con la propiedad de los terrenos, que quedaron estancados cuando parte de los argumentos de los reclamantes se cayeron.
Según explicó, la ley actual presenta diferencias con la anterior, sobre todo en las valoraciones: “la ley de ahora contempla, por ejemplo, lo que está plantado”.
“No podían ni siquiera poner un medidor a nombre de ellos”
Carrillo describió las consecuencias que tuvo la falta de regularización para quienes continuaron trabajando sus tierras mientras enfrentaban reclamos de los propietarios originales.
“El problema es que esos productores estaban con un vacío jurídico y estaban siendo acosados por cartas documento y algunas otras cuestiones. No podían ni siquiera poner un medidor a nombre de ellos, un medidor eléctrico”, señaló.
La iniciativa busca declarar de utilidad pública y sujetas a expropiación las parcelas del Macizo 67, Sección K. Carrillo valoró el rol de la Legislatura: “no hay valor más alto que el aporte que hace la Legislatura, porque es el que pone en conocimiento al Ejecutivo para que pueda hacer la expropiación”.
Aclaró también que el procedimiento no implica que las tierras sean gratuitas: primero se concreta la expropiación, con la compensación a los propietarios, y luego los productores pagan sus parcelas.
“Las tierras estas tienen un dueño, tienen dueños originales y es a los que hay que ir a abonarles las tierras. Esto no es gratis, esto lo que hace el Gobierno es una ley de expropiación y cuando se logra hacer la expropiación hay que pagarles a los dueños originales y recién ahí nosotros empezaríamos a pagarlas en el IPV”, explicó, en referencia al Instituto Provincial de Vivienda.
Sobre la posibilidad de desalojos, recordó que antes las usurpaciones eran “moneda corriente”: “agarrabas palos, te metías y listo”. Dijo que hace muchísimos años que no se escuchan intromisiones de ese tipo, “porque ya la Justicia puede actuar”.
El valor de las tierras y la necesidad de una decisión política
Uno de los principales desafíos será determinar cuánto deberá pagarse por los terrenos. Carrillo recordó que durante el tratamiento de la ley anterior hubo estimaciones económicas, pero aclaró que esos valores corresponden aproximadamente a 2021 y no están actualizados, por lo que será necesaria una nueva tasación.
“Eso lo tiene que evaluar nuevamente Nación, porque nosotros no tenemos tribunal de tasación acá en la Provincia. Así que tienen que venir de Nación a hacer la evaluación nuevamente”, explicó.
Ante la observación de Lacaze de que el valor actualizado podría resultar inalcanzable, Carrillo respondió: “No, las cifras siempre se alcanzan. Tiene que haber, ya sabemos cómo es esto, tiene que haber voluntad política, es obvio. Las partes se junten y que se decida a ver de dónde tiene que salir el dinero para hacer ese pago”.
Sobre la cantidad de familias involucradas, explicó que hoy el número es “incalculable” y que por eso habrá que hacer un nuevo relevamiento y un nuevo reglamento. Recordó que, cuando se logró la Ley 1287, “éramos más de 300” productores. Respecto de quiénes integrarán las comisiones que se definirán el 28, subrayó: “los chacareros también tenemos personas que tenemos que elegir”. Recordó que, tras la Ley 1287, las reuniones se hacían en el IPV y que el proceso se frenó con la pandemia.
La falta de títulos limita el acceso a créditos y servicios
La regularización también podría abrir posibilidades de financiamiento para quienes producen en la Margen Sur. Carrillo recordó que los productores recibieron acompañamiento municipal, con la entrega de invernaderos y parideras para los chanchos, y que algunos proyectos, como el de hidroponía, “bajaron de Nación”.
Sin embargo, la falta de documentación sobre la tenencia es un obstáculo: “El problema es que al no tener una tenencia, no podés contar con, por ejemplo, podría pedir un crédito bancario. A nosotros nos abriría un montón de puertas eso”, manifestó. Agregó que hoy tampoco pueden acceder a los servicios: “Nosotros no podemos acceder a los servicios hoy”.
Las chacras, aclaró, están identificadas y registradas, incluso mediante imágenes satelitales, pero eso no reemplaza la seguridad jurídica de una regularización definitiva.
“No es fácil vivir acá, no es fácil producir”
Carrillo describió las dificultades cotidianas de quienes viven y trabajan en las chacras. Reside desde hace 11 años en el sector con su familia, y señaló que no todos viven en las mismas condiciones: “hay algunos que tienen llave solamente”.
“Hay que vivir, no es fácil. Acá tenemos congelamiento, el agua que nos trae dos veces a la semana la Municipalidad, gracias a Dios que tenemos ese servicio, porque si no sería imposible. Ahora, por ejemplo, empieza ya la lucha con el tema del agua, porque necesitamos más agua”, relató.
También explicó que la tierra es pobre para cultivar: “imagínense que todos tuvimos que poner una capa de tierra porque esta tierra es improductiva”. Aclaró que “no es que sea improductiva, porque a los animales, si crece pasto, les sirve, pero para la producción agrícola familiar es improductiva”. Quienes tienen producción plantada, dijo, debieron hacer abono, sustrato y sumar tierra comprada.
Cuando presidía una de las asociaciones, impulsó la hidroponía, aunque la disponibilidad de agua fue un freno. Él produce solamente para su familia: verduras de hoja, ajo, algunos plantines de tomate y gallinas para huevos. También contó que tuvo problemas con perros sueltos que le hicieron “desastre”, lo que lo obligó a reforzar los corrales.
El 28 de octubre, una fecha clave
El proyecto será tratado en la sesión de la Legislatura del miércoles 28 de octubre, en Ushuaia. Carrillo evitó dar el proceso por concluido y recordó que quedan instancias posteriores de tasación, expropiación y conformación de las comisiones.
Destacó además que el cambio pone al Macizo 67 en una situación comparable a la de los demás sectores: “Lo importante de esto era que los señores legisladores vinieron a Río Grande, hicieron lugar a esta adecuación para poder ingresar al Macizo 67 y dejarlo con la misma herramienta que tiene la 1287. Que son todos los otros macizos. Eso es lo interesante y lo importante, creo yo”.
Mientras tanto, las familias siguen en sus chacras. “Y nosotros seguimos estando acá produciendo, como podemos. Pero seguimos estando”, concluyó Carrillo.
