Gobernadores rechazan la reforma laboral y señalan riesgos para el trabajo y las economías regionales
Mandatarios de seis provincias cuestionaron el proyecto impulsado por el Gobierno nacional y sostienen que la iniciativa reduce derechos laborales, profundiza la precarización y no contempla las realidades productivas del interior.
Los gobernadores de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja y La Pampa expresaron su rechazo al proyecto de reforma laboral promovido por el Gobierno nacional, al considerar que no implica una verdadera modernización sino un retroceso en materia de derechos sociales y laborales.
A través de un documento conjunto titulado “Trabajo, federalismo y desarrollo: el camino hacia una verdadera modernización”, los mandatarios señalaron que la legislación laboral debe actualizarse frente a los cambios tecnológicos y productivos, pero sin desmantelar conquistas históricas ni reducir los niveles de protección.
En ese sentido, afirmaron que la propuesta oficial debilita derechos individuales y colectivos en un contexto de incertidumbre laboral, caída de la actividad económica, retracción del consumo y aumento del desempleo.
Según sostienen, la flexibilización no generará más empleo ni promoverá la formalización, sino que facilitará despidos, reducirá estándares de protección y trasladará mayores riesgos hacia los trabajadores. También manifestaron preocupación por posibles mecanismos que habiliten reducciones salariales o limitaciones de derechos en situaciones de enfermedad.
Los gobernadores calificaron además la iniciativa como “profundamente antifederal”, al considerar que impactará de manera directa sobre las economías regionales sin contemplar sus particularidades ni abrir instancias de diálogo con los gobiernos provinciales. Remarcaron que, en un país federal, las transformaciones estructurales requieren consensos amplios y respeto por la diversidad territorial.
En relación con la informalidad laboral, identificada como uno de los principales problemas del mercado de trabajo argentino, sostuvieron que no se resuelve recortando derechos sino mediante políticas activas de desarrollo productivo, incentivos a la formalización y estrategias que impulsen la producción y el mercado interno.
Asimismo, cuestionaron la orientación económica nacional, señalando que desde la asunción del actual gobierno se registraron cierres de empresas, pérdida de puestos de trabajo, baja utilización de la capacidad instalada y caída de la inversión.
Finalmente, reiteraron su rechazo a la reforma laboral y convocaron a las fuerzas políticas a defender el sistema de derechos sociales construido durante décadas, al tiempo que plantearon la necesidad de debatir cambios que promuevan el empleo formal y el desarrollo dentro de un marco de diálogo democrático y respeto institucional.
