Javier Escobar: “La industria fueguina no puede quedar a merced de funcionarios sospechados de corrupción”
El secretario general de ASIMRA, Javier Escobar, dialogó con Guillermo Lacaze en FM La Isla sobre el pedido formal del gremio para suspender los decretos de apertura arancelaria tras la renuncia y citación judicial de los principales funcionarios nacionales de Industria. Denunció la “complicidad y el silencio político” ante un escenario que —advirtió— “puede destruir la industria electrónica de Tierra del Fuego”.
En FM La Isla,el periodista Guillermo Lacaze conversó con Javier Escobar, secretario general de ASIMRA (Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica), tras la presentación de un documento ante la Comisión del Área Aduanera Especial (CAAE) y el Ministerio de Industria de la provincia. La nota exige la suspensión inmediata de los decretos nacionales que reducen los aranceles a la importación de productos electrónicos, en medio de un escándalo de corrupción que involucra a los funcionarios nacionales que diseñaron la medida.
“Esto surge después de la renuncia de los dos funcionarios más importantes del área de Industria y del pedido de indagatoria a Ornella Calvete por el caso ANDIS”, explicó Escobar. “No estamos hablando de cualquier funcionario: son quienes decidían qué se producía, cuándo, cómo y en qué cantidad en Tierra del Fuego. Decidían, literalmente, sobre el trabajo de nuestra gente.”
El caso ANDIS investiga presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, que derivaron en la citación judicial de varios funcionarios nacionales —entre ellos Calvete y Rodrigo Cardini, exsecretario de Industria— por sospechas de coimas y direccionamiento de contratos.
El dirigente señaló que el documento de ASIMRA no es solo un pedido formal sino una exigencia política y sindical: “Se siente un silencio colectivo en el arco político. Todos hablan de la industria en campaña, pero cuando hay que defenderla, desaparecen. Por eso pedimos que se suspendan los decretos hasta que la justicia aclare la situación.”
Escobar relató que la respuesta del Ministerio de Industria provincial fue “burocrática e insuficiente”: “Nos dijeron que presentemos la nota por mesa de entrada en Río Grande. Si seguimos ese camino, recién la van a tratar en julio del año que viene. Es una ironía. Mientras tanto, las decisiones nacionales avanzan y los puestos de trabajo se pierden.”
Consultado por Lacaze sobre la reacción de los representantes nacionales en la CAAE, Escobar fue tajante: “Dicen que la causa judicial no tiene nada que ver, pero claro que tiene que ver. Estos decretos benefician a grandes importadores y destruyen la industria electrónica fueguina. Nos genera sospecha. ¿Por qué el cambio en los procesos productivos se hace justo ahora? ¿Por qué después de las elecciones?”
El sindicalista sostuvo que la situación exige una respuesta inmediata y colectiva: “No tenemos tiempo para la burocracia. Todos los sectores —políticos, sindicales y empresariales— tienen que actuar juntos. Si nadie reacciona, eso huele a complicidad. Y lo digo con todas las letras.”
Escobar también cuestionó la falta de acción de la Legislatura provincial: “¿No pueden convocar a una sesión extraordinaria? Hablan de la industria de Tierra del Fuego como bandera, pero cuando hay que defenderla, nadie se sienta a debatir. Hay una mezquindad política enorme, de intereses individuales. No se dan cuenta de que están destruyendo la provincia a plumazo.”
El dirigente advirtió que las consecuencias serán graves si no se suspenden los decretos: “El 15 de enero empiezan a regir los nuevos procesos productivos. Eso significa menos producción, más importación y pérdida de empleo en las líneas fabriles. Nos dicen que no se van a perder puestos, pero eso es mentira. Todo lo que venga más ensamblado es trabajo perdido en Tierra del Fuego.”
Escobar vinculó esta situación con el contexto nacional: “Mientras discutimos esto, el Gobierno impulsa una reforma laboral regresiva. Nosotros vamos a acompañar la movilización de la CGT el próximo 18 de diciembre, porque entendemos que el ataque es integral: al empleo, a los derechos laborales y a la industria.”
En otro tramo, Escobar fue contundente al desmentir las promesas oficiales: “Dicen que los celulares van a bajar un 40% a partir del 15 de enero. Es falso. Los precios no van a bajar porque el costo de ensamblar en el país no es el problema. Esto es una campaña de marketing para justificar la apertura importadora. Están vendiendo espejitos de colores mientras destruyen la industria argentina.”
El dirigente cerró con un mensaje directo al arco político provincial: “Esperemos que no se duerman en los laureles. Esto no es un problema de ASIMRA, ni de un gremio: es un problema de toda la provincia. Si no reaccionamos ahora, después será tarde.”
Tras la entrevista, Guillermo Lacaze reflexionó sobre el escenario provincial: “La dirigencia política fueguina debe estar a la altura. Río Grande no puede mirar como espectadora cómo se destruye su base industrial. No hay margen de absorción laboral ni tiempo para la indiferencia. La situación es grave y va a ser gravísima.”
