La doble vara de la Justicia: beneficios amplios para represores, restricciones extremas para CFK
Mientras el TOF 2 evalúa concederle prisión domiciliaria a la expresidenta, los represores condenados por crímenes de lesa humanidad gozan de permisos excepcionales sin controles mediáticos
El Tribunal Oral Federal 2 se encuentra ante una decisión crucial: determinar si Cristina Fernández de Kirchner podrá cumplir su condena de seis años bajo arresto domiciliario en su departamento de Recoleta. La Corte Suprema confirmó el fallo en su contra la semana pasada, y ahora la discusión gira en torno a las condiciones que se le impondrían en caso de otorgársele este beneficio. Sin embargo, mientras algunos sectores mediáticos exigen restricciones severas —como la prohibición de recibir visitas, limitar el uso de redes sociales e incluso vetar su presencia en el balcón—, los datos revelan un tratamiento radicalmente distinto para los condenados por los delitos más graves de la dictadura.
Un estándar desigual
Las estadísticas de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad desmienten el discurso oficial: de los más de 600 represores condenados, solo 38 permanecen en cárceles comunes, 76 están en la Unidad 34 de Campo de Mayo —considerada una prisión VIP— y 498 cumplen sus penas en sus hogares. "Más del 80% de los genocidas disfrutan de la comodidad de sus casas sin que esto genere el escándalo que hoy se monta contra Cristina", señaló la abogada Myriam Bregman, quien representa a víctimas del terrorismo de Estado.
Los jueces han sido notoriamente indulgentes con los represores, incluso en casos sin justificación médica. Carlos Felipe Maisonnave, condenado por el asesinato de una pareja en Villa Elisa, obtuvo prisión domiciliaria en mayo pasado bajo el argumento de su edad (73 años), pese a no presentar problemas de salud graves. Similar beneficio recibió Héctor Horacio Marc, exintegrantes del Servicio Penitenciario Federal, condenado a 25 años por su rol en los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo. El magistrado Rodrigo Giménez Uriburu —quien también intervendrá en el caso de CFK— avaló su traslado a Bariloche, con vigilancia electrónica y controles semanales.
Permisos excepcionales para genocidas
La disparidad se agudiza al analizar los privilegios concedidos a represores. Daniel Cuomo, condenado por crímenes en la ESMA, puede salir tres veces por semana a pasear; Jaime Lamont Smart, con múltiples cadenas perpetuas, obtuvo un mes de vacaciones en Bariloche; y Horacio Luis Ferrari asiste regularmente a misa. Otros, como Orlando González ("Hormiga"), tienen autorización para recorrer supermercados en busca de ofertas, mientras que Randolfo Agusti Scacchi fue habilitado para asistir al cumpleaños de su nieto.
Guadalupe Godoy, abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, subraya el clasismo judicial: "Es más fácil que un genocida vaya a una fiesta de quince que una mujer humilde a ver a su hijo enfermo". Además, destacó que muchos represores mantienen actividades públicas, como Ricardo Cavallo, quien tiene acceso a una computadora en prisión, o los llamados "Muertos Vivos", que operan cuentas en redes sociales.
La politización del caso CFK
Pablo Llonto, abogado querellante en causas de lesa humanidad, cuestionó la selectividad de la Justicia: "A los genocidas les dan beneficios absurdos, pero con los presos políticos son inflexibles". Su reflexión apunta a un sistema que, lejos de ser neutral, replica desigualdades históricas. Mientras el gobierno y ciertos medios exigen medidas draconianas para la expresidenta, los perpetradores de crímenes atroces siguen moviéndose con impunidad en sus barrios, iglesias y hasta ferias del libro.
La resolución del TOF 2 no solo definirá el destino de Fernández de Kirchner, sino que pondrá en evidencia si la Justicia argentina mantiene un doble estándar: rigor para algunos, indulgencia para otros.
