"Acuicultura en Tierra del Fuego: Un Debate Desordenado y Oportunidades Perdidas"
El legislador Matías Lapadula analizó el conflicto en torno a los proyectos de acuicultura, criticó la falta de transparencia del gobierno y advirtió sobre la necesidad de un plan serio que equilibre
El legislador Matías Lapadula analizó el conflicto en torno a los proyectos de acuicultura, criticó la falta de transparencia del gobierno y advirtió sobre la necesidad de un plan serio que equilibre desarrollo económico y cuidado ambiental.
El debate sobre la acuicultura en Tierra del Fuego sigue generando controversias, con posiciones enfrentadas y una marcada desorganización en la gestión legislativa. El legislador Matías Lapadula, en diálogo con FM La Isla, expuso su preocupación por el manejo del tema, señalando que la falta de seriedad y transparencia en la presentación de proyectos podría truncar una oportunidad clave para la provincia.
Durante una reciente reunión en la Legislatura, el gobierno provincial intentó avanzar con modificaciones a la Ley 1.355 —que regula la actividad acuícola— sin consultar previamente a los actores involucrados. Lapadula calificó el hecho como «un papelón», destacando que la iniciativa se introdujo de manera abrupta, generando rechazo en organizaciones ambientales, pueblos originarios y sectores productivos. «Si queremos desarrollar la acuicultura, debe hacerse con responsabilidad. Meter proyectos por la ventana solo genera desconfianza», afirmó.
El eje del conflicto radica en dos modelos antagónicos: uno que promueve la explotación intensiva —similar a la industria salmonera chilena— y otro que defiende una producción artesanal, con foco en la soberanía alimentaria y el cuidado ambiental. Lapadula remarcó que, actualmente, los topes de producción establecidos por ley hacen inviable incluso proyectos pequeños, como el cultivo de truchas para consumo local. «Para que sea sostenible, se necesitan inversiones que superan los límites legales. Es una contradicción que ahoga a los productores», explicó.
Otro punto crítico es la ausencia de una estrategia clara. El legislador cuestionó que el gobierno hable de «flexibilizar trámites» en una actividad que requiere rigurosos controles ambientales. «No puedes pedir menos burocracia cuando el riesgo es alto. La gente desconfía porque ven incapacidad para fiscalizar lo básico, como el radar inglés en la provincia», sostuvo. Además, criticó que los proyectos ignoren a pequeños emprendedores y comunidades originarias, centrándose en intereses corporativos.
Pese a los obstáculos, Lapadula insistió en que la acuicultura —excluyendo el polémico cultivo de salmones— podría ser un motor para Tierra del Fuego, siempre que se priorice la planificación y el diálogo. «El 60% de los alimentos acuáticos a nivel mundial ya provienen de esta actividad. No podemos darnos el lujo de rechazarla, pero tampoco de implementarla mal», concluyó.
El desafío sigue abierto: ordenar el debate, garantizar controles estrictos y definir si la provincia apuntará a la exportación o a fortalecer su mercado interno. Mientras tanto, la descoordinación gubernamental y la polarización social amenazan con dilatar una discusión urgente para el desarrollo fueguino.
