Alejandra Man: ¿de verdad sigue siendo “mala idea” la producción nacional en Tierra del Fuego?

La secretaria de Industria y Promoción Económica analizó el impacto del Decreto 333/25 sobre la industria fueguina, el empleo, los precios de los celulares y el modelo productivo. Por qué bajar aranceles no garantiza precios más bajos.

En mayo de 2025, en una entrevista con Fundación Finnova, la secretaria de Industria y Promoción Económica de Tierra del Fuego, D.I. Alejandra Man, puso en palabras una preocupación que atraviesa a gran parte de la comunidad fueguina: qué puede ocurrir con la industria de celulares frente al Decreto 333/25, que reduce aranceles a la importación y redefine el escenario arancelario y tributario.

Su punto de partida es claro: una medida puede modificar precios relativos, cambiar expectativas y acelerar decisiones empresariales, pero los impactos reales solo pueden evaluarse con datos, con tiempo y mediante comparaciones objetivas. Por eso, antes de atribuirle efectos directos al decreto, Man propone analizar el contexto productivo previo y el estado del sistema industrial fueguino.

En ese marco, el primer indicador que menciona es la evolución del empleo industrial en el sector electrónico dentro de empresas promovidas del subrégimen. Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, el empleo cayó de 9.030 a 7.569 trabajadores, lo que representa una baja del 16% en dos años. Para Man, no se trata de establecer una causalidad directa, sino de advertir que la actividad industrial ya mostraba señales de tensión antes de la entrada en vigor del nuevo esquema arancelario.

La producción de celulares también refleja una dinámica que obliga a una lectura más profunda. Durante 2025 se registraron 5.929.109 unidades producidas hasta noviembre, con un pico a mitad de año y una baja hacia el final. En julio se alcanzó el máximo con 645.248 unidades, mientras que noviembre cerró con 448.066, alrededor de un 31% menos. Según Man, estos datos no prueban una relación directa con la política arancelaria, pero sí describen un contexto donde la discusión sobre competitividad industrial se vuelve ineludible.

Uno de los ejes centrales del análisis es el precio de venta al público (PVP). Man cuestiona una idea instalada en el debate público: que la baja de aranceles se traduce automáticamente en precios más bajos. Su respuesta es categórica: el precio final no depende únicamente del costo de fabricación. Inciden también la financiación, la logística, los márgenes comerciales, el stock, la estrategia de canales de distribución y el contexto macroeconómico.

Por ese motivo, aun con reducciones impositivas, el escenario más probable es una baja parcial, desigual según modelos y canales, y con rezagos temporales. El riesgo, advierte, es reducir el debate a si el precio “bajó o no bajó”, sin analizar la composición real del precio final.

En paralelo, Man incorpora al análisis el régimen simplificado creado por el Decreto 334/25, que habilita la venta directa desde empresas fueguinas al consumidor final en el territorio continental, con beneficios fiscales. En términos teóricos, esta herramienta podría mejorar la competitividad al eliminar intermediarios que encarecen el producto. Sin embargo, su evaluación es prudente: con los datos disponibles, el volumen operado por esta vía sigue siendo marginal frente a los canales tradicionales.

Además, plantea interrogantes operativos clave: cuántas empresas cuentan con estructuras comerciales propias, plataformas digitales, logística y posventa; qué sucede con aquellas que se dedican exclusivamente a la manufactura para terceros; si el sistema aduanero y logístico tiene capacidad para escalar este canal; y, sobre todo, si esta modalidad se traducirá en una reducción perceptible del precio final para el consumidor.

El análisis se amplía aún más cuando Man incorpora los cambios en el proceso productivo introducidos por la Resolución 489/2025. Estos ajustes técnicos, advierte, suelen pasar desapercibidos, pero impactan de manera directa en el empleo, los proveedores, la integración industrial y el valor agregado local. Su hipótesis es que podrían sostenerse algunos segmentos productivos, pero con cambios significativos en los procesos, una posible reducción del empleo y una menor tracción sobre servicios y proveedores asociados.

En ese punto, la pregunta es inevitable: ¿esta flexibilización mejora la competitividad real sin erosionar el trabajo y el entramado productivo local, o funciona como un ajuste defensivo insuficiente frente al avance de los productos importados?

De cara a 2026, Man suma una variable externa que puede alterar cualquier proyección lineal sobre precios: el contexto internacional. Advierte sobre la posibilidad de una escasez global de memorias impulsada por la demanda de infraestructura para inteligencia artificial, lo que podría encarecer componentes críticos y presionar los precios al alza. A esto se suma otra distorsión relevante: el contrabando, con impacto directo en la competencia formal, la recaudación y el empleo registrado.

Con este escenario, Man propone ordenar el debate alrededor de preguntas concretas: si el Decreto 333/25 acelerará una sustitución de producción nacional por importaciones o si las empresas podrán ajustar su costo total para sostener volumen; si la baja de aranceles se trasladará al PVP de forma visible y sostenida; si el régimen simplificado logrará escalar o continuará siendo marginal; y qué variable terminará pesando más en el precio final, si el arancel local o el costo global de componentes estratégicos.

El cierre del análisis apunta al debate de fondo. Con estas reglas de juego, plantea Man, la pregunta no es solo económica, sino estratégica: ¿de verdad sigue siendo “mala idea” la producción nacional en Tierra del Fuego, o lo que falta es una discusión seria, con datos, sobre el costo puesto en góndola y el modelo industrial que la Argentina quiere construir?