América Latina y España rechazan el uso de la fuerza en Venezuela y exigen una salida democrática y pacífica
Brasil, Chile, Colombia, España, México y Uruguay emitieron un comunicado conjunto en el que condenan las acciones militares en territorio venezolano, advierten sobre el riesgo para la estabilidad regional y reclaman una resolución de la crisis mediante diálogo, negociación y respeto al derecho internacional.
Los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, España, México y Uruguay fijaron una posición común frente a los hechos ocurridos en Venezuela y expresaron su preocupación y rechazo a las acciones militares desarrolladas en el país caribeño, al considerar que vulneran principios fundamentales del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.
En el documento difundido el 4 de enero de 2026, los países firmantes advirtieron que el uso de la fuerza y la amenaza militar constituyen “un precedente sumamente peligroso para la paz y la seguridad regional” y ponen en riesgo a la población civil. En ese sentido, subrayaron la necesidad de preservar la soberanía y la integridad territorial de los Estados.
Los gobiernos coincidieron en que la situación venezolana debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, a través del diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano “en todas sus expresiones”, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional. Reafirmaron además que solo un proceso político inclusivo y democrático, liderado por los propios venezolanos, puede conducir a una solución sostenible y respetuosa de la dignidad humana.
Al reafirmar el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz, los países remarcaron los principios de no intervención, respeto mutuo y solución pacífica de controversias, y llamaron a evitar cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad regional. Asimismo, exhortaron al Secretario General de la ONU y a los Estados Miembros a apoyar las iniciativas orientadas a la desescalada de las tensiones y a la búsqueda de una salida negociada.
Finalmente, los gobiernos alertaron que el uso de la fuerza implica riesgos humanitarios, genera impactos estratégicos y económicos y puede afectar la estabilidad política y social de toda la región, por lo que reiteraron su compromiso con la paz, la cooperación multilateral y el respeto al orden internacional.
Países firmantes: Brasil, Chile, Colombia, España, México y Uruguay.
