ANPyN desvía fondos del puerto fuera de la provincia
La intervención nacional en el Puerto de Ushuaia dispuso que los pagos por servicios se transfieran a cuentas nacionales, desplazando a la provincia del control financiero y operativo.
La intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el Gobierno nacional comenzó a mostrar efectos inmediatos en el plano administrativo y financiero. A través de la Resolución N.º 04/2026, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) asumió la gestión operativa, técnica y administrativa del principal puerto fueguino, desplazando a la provincia del manejo directo del sistema portuario.
La norma establece que la ANPyN pasa a actuar como Autoridad Portuaria Nacional y Unidad Ejecutora de la intervención, concentrando todas las decisiones vinculadas al funcionamiento del puerto. De este modo, cualquier trámite, gestión o consulta relacionada con el Puerto de Ushuaia queda bajo la órbita exclusiva del organismo nacional, sin participación administrativa local.
Más allá del control institucional, el eje del conflicto se concentra en el manejo de los recursos económicos. Según confirmaron prestadores y abogados consultados por EDFM, junto con la intervención se notificó un cambio sustancial en el circuito de pagos: los ingresos por servicios portuarios ya no permanecerán en la provincia.
De acuerdo a la comunicación oficial enviada por la ANPyN, los pagos deberán realizarse exclusivamente mediante transferencia bancaria a una cuenta de la Administración General de Puertos S.A.U., radicada en el Banco de la Nación Argentina. Los comprobantes, además, deberán remitirse a la tesorería nacional para su imputación contable.
El texto oficial señala que, en virtud de la Resolución N.º 04/2026, la ANPyN asumió la gestión integral del puerto con el objetivo de “garantizar la continuidad de los servicios, la seguridad portuaria y el cumplimiento de la normativa vigente”. Sin embargo, no se detallan mecanismos de afectación específica ni esquemas de reintegro o reinversión local de los fondos generados en Tierra del Fuego.
Según los letrados consultados, este esquema implica que los recursos producidos por la actividad portuaria fueguina son transferidos directamente a organismos nacionales, sin control provincial sobre los ingresos ni sobre los gastos asociados a la operatoria del puerto. Desde esa perspectiva, advierten que podría tratarse de un cobro indebido encubierto, instrumentado bajo la figura de una intervención administrativa.
En ese contexto, la intervención del Puerto de Ushuaia abre un debate institucional más amplio. Más allá de la administración del enclave estratégico, la medida plantea interrogantes sobre la centralización de recursos, la autonomía económica provincial y el destino de los fondos generados por una infraestructura clave para Tierra del Fuego.
