Araujo propuso crear una comisión investigadora por la intervención del Puerto de Ushuaia
El diputado nacional presentó un proyecto para que el Congreso investigue los fundamentos, la legalidad y las consecuencias de la intervención dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. La iniciativa surge tras una serie de pedidos de informes que, según sus fundamentos, continúan sin respuesta del Ejecutivo nacional.
El diputado nacional por Tierra del Fuego Jorge Araujo Hernández presentó un proyecto de resolución para crear una Comisión Especial Investigadora sobre la intervención del Puerto de Ushuaia, dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación mediante la Resolución 4/2026.
La iniciativa, identificada como 5527-D-2026, busca que la Cámara de Diputados investigue los antecedentes y procedimientos administrativos que derivaron en la intervención, analice la legalidad de la medida y evalúe sus consecuencias institucionales, económicas, laborales y operativas.
El proyecto plantea conformar una comisión integrada por 15 diputados nacionales, respetando la representación proporcional de los bloques parlamentarios. Entre sus tareas estará analizar la compatibilidad de la intervención con el régimen portuario vigente, el sistema federal y las competencias provinciales y municipales.
También deberá examinar la gestión administrativa, económica y financiera desarrollada durante la intervención, además de su impacto sobre el empleo, la continuidad de los servicios portuarios y las actividades productivas vinculadas con el puerto.
El impacto sobre la logística antártica y el Atlántico Sur
Uno de los ejes contemplados en la iniciativa será la incidencia de la intervención sobre la logística antártica y la proyección estratégica argentina en el Atlántico Sur, teniendo en cuenta el rol que cumple Ushuaia en el abastecimiento de bases científicas, las operaciones de apoyo logístico y la recepción de expediciones y cruceros internacionales.
Para avanzar con la investigación, la comisión podrá requerir documentación e informes, convocar a funcionarios y autoridades, recibir testimonios y solicitar la intervención de organismos de control y especialistas.
También podrá citar a representantes del Gobierno provincial y de los municipios, trabajadores portuarios, organizaciones sindicales y operadores del sector para reunir información y contrastar las distintas posiciones sobre la medida.
Una vez constituida, deberá elaborar un informe final dentro de los 90 días corridos, con posibilidad de una única prórroga de otros 60 días. El documento deberá detallar los antecedentes analizados, las conclusiones y las recomendaciones surgidas de la investigación.
Pedidos de informes sin respuesta
La presentación tiene como antecedente una serie de iniciativas impulsadas por Araujo Hernández y otros legisladores para obtener explicaciones oficiales sobre la intervención del puerto.
Entre ellas figuran pedidos de informes al Poder Ejecutivo y solicitudes para convocar a autoridades nacionales ante las comisiones de la Cámara de Diputados. Según los fundamentos del nuevo proyecto, ninguno de esos requerimientos había recibido respuesta al momento de la presentación.
Araujo Hernández propone ahora avanzar desde esos pedidos de información hacia una investigación integral que permita reconstruir las actuaciones administrativas, los informes técnicos y jurídicos que respaldaron la intervención y las decisiones adoptadas durante su ejecución.
El proyecto también prevé analizar las comunicaciones y mecanismos de coordinación que hayan existido entre las autoridades nacionales y el Gobierno de Tierra del Fuego, además de relevar contrataciones, inversiones, recursos administrados y condiciones laborales durante el período de intervención.
La iniciativa aclara que la conformación de la comisión no presupone la existencia de irregularidades ni anticipa responsabilidades individuales, sino que busca determinar si las decisiones adoptadas se ajustaron al marco normativo e identificar, en caso de corresponder, eventuales deficiencias administrativas o responsabilidades políticas.
Con la presentación, Araujo Hernández busca que el Congreso avance sobre una investigación específica de la intervención del Puerto de Ushuaia, después de los sucesivos pedidos de información que, de acuerdo con el proyecto, continúan sin respuesta del Poder Ejecutivo Nacional.
