Araujo sobre la Ley de Discapacidad: “No estamos discutiendo solamente partidas presupuestarias, estamos hablando de derechos”
El diputado fueguino destacó las modificaciones incorporadas al dictamen sobre la Emergencia en Discapacidad. Señaló avances en el acceso a pensiones, la compatibilidad con el trabajo, la cobertura de prestaciones y el financiamiento del sistema.
El diputado nacional por Tierra del Fuego, Jorge “Koky” Araujo, destacó las modificaciones incorporadas al dictamen del proyecto de Emergencia en Discapacidad, al considerar que representan avances para garantizar derechos, dar mayor seguridad a las familias y brindar previsibilidad a los prestadores del sistema.
El legislador sostuvo que la discusión excede el aspecto presupuestario y planteó la necesidad de establecer garantías legales que protejan a las personas con discapacidad frente a posibles restricciones administrativas o financieras.
“Detrás de cada pensión, de cada tratamiento y de cada prestación hay una persona, una familia y una realidad que el Estado tiene la obligación de proteger. No estamos discutiendo solamente partidas presupuestarias: estamos hablando de derechos, de dignidad y de igualdad de oportunidades”, expresó.
Pensiones, inclusión laboral y garantías ante auditorías
Entre los cambios destacados por Araujo se encuentra la incorporación por ley de los requisitos para acceder a las pensiones por discapacidad, con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como requisito legal. Según explicó, esta disposición busca limitar la posibilidad de incorporar nuevas exigencias reglamentarias que restrinjan el acceso a las prestaciones.
Otro de los puntos es la compatibilidad entre la pensión y el trabajo formal o el monotributo, dentro de los límites establecidos en el texto del dictamen.
Para el diputado, esta modificación apunta a evitar que la incorporación al mercado laboral implique la pérdida definitiva de una prestación necesaria para la autonomía de las personas.
“Trabajar no debe convertirse en una condena a perder definitivamente una prestación esencial para la autonomía personal”, sostuvo.
El legislador también destacó la garantía de cobertura de las prestaciones básicas contempladas en la Ley 24.901, tanto para quienes perciben pensiones por discapacidad como para los titulares de pensiones por invalidez laboral.
En relación con las auditorías, señaló que el dictamen incorpora mayores resguardos para los beneficiarios, al establecer que no podrá disponerse la suspensión preventiva de una pensión antes de que venza el plazo previsto para presentar el descargo correspondiente.
Financiamiento y actualización de las prestaciones
Otro de los aspectos señalados por Araujo fue la incorporación de disposiciones vinculadas con el financiamiento del sistema de discapacidad.
Según detalló, el dictamen identifica partidas presupuestarias, establece la responsabilidad del Tesoro nacional de cubrir recursos adicionales y contempla mecanismos destinados a preservar el ingreso de los beneficiarios frente a la inflación.
También destacó la actualización automática de los aranceles y la fijación de plazos para el pago de compensaciones adeudadas a los prestadores.
“Una política de discapacidad no puede sostenerse con anuncios, promesas ni respuestas discrecionales. Necesitamos derechos reconocidos, recursos suficientes y obligaciones que el Estado deba cumplir. También necesitamos prestadores que puedan trabajar con previsibilidad, porque cuando el sistema se desfinancia, quienes terminan pagando las consecuencias son las personas con discapacidad y sus familias”, afirmó.
Cuestionamientos a los cambios propuestos en el Presupuesto 2027
Araujo también se refirió a las disposiciones que el Poder Ejecutivo nacional había propuesto incorporar al Capítulo VI del proyecto de Presupuesto 2027, vinculadas con la derogación de la Ley 27.793 y modificaciones al régimen de pensiones, la cobertura de salud, la compatibilidad laboral y la actualización de aranceles.
El diputado señaló que el dictamen final adopta una orientación diferente, al preservar la continuidad de la ley y mantener garantías relacionadas con el acceso a las prestaciones y la conversión de oficio de las pensiones.
“Consideramos que el Estado no puede retroceder en derechos que protegen a los sectores que más acompañamiento necesitan. La discapacidad no puede ser tratada como una variable de ajuste ni sus políticas quedar sujetas a decisiones cambiantes. La responsabilidad pública exige continuidad, financiamiento y respeto por la dignidad humana”, expresó.
El legislador consideró que las modificaciones incorporadas recogen reclamos planteados por organizaciones representativas de las personas con discapacidad, prestadores e instituciones vinculadas con el sistema.
En ese marco, también cuestionó el cumplimiento de otras leyes por parte del Gobierno nacional y mencionó específicamente la Ley de Financiamiento Universitario.
“Esperamos que el Gobierno cumpla con la ley y respete los derechos que esta consagra, en lugar de repetir lo que está haciendo con la Ley de Financiamiento Universitario. Porque un Gobierno que incumple las leyes no solo vulnera derechos, sino que también da un pésimo ejemplo a la sociedad, a la que le exige cumplir con sus obligaciones. La ley debe ser igual para todos, empezando por quienes tienen la responsabilidad de gobernar”, concluyó.
Las modificaciones destacadas por Araujo corresponden al dictamen del proyecto y no implican, por sí mismas, la aprobación definitiva de una nueva legislación.
