Arroyo: "El proceso eleccionario está totalmente vigente y no hay ninguna duda jurídica"
La secretaria de Coordinación Legal y Técnica del gobierno provincial cuestionó la resolución de la jueza Zanini que postergó el cronograma electoral: la ley de la Legislatura aún no está vigente y la queja en la Corte no tiene efecto suspensivo. El fiscal Urquiza tiene cinco días corridos para elevar su dictamen.
La jueza electoral Zanini frenó este martes la fijación del cronograma para las elecciones de convencionales constituyentes, solicitando un dictamen al fiscal mayor Urquiza sobre dos puntos que, según el gobierno provincial, no generan ninguna duda jurídica. La doctora Mariángeles Arroyo, secretaria de Coordinación Legal y Técnica de la provincia, dialogó con el periodista Guillermo Lacaze en FM La Isla y describió la sorpresa del Ejecutivo ante la medida.
La sorpresa del gobierno
Arroyo reveló que horas antes de la resolución, representantes del gobierno habían mantenido una reunión con las secretarias del juzgado electoral y el doctor Fosato para coordinar la logística del acto eleccionario. "Nos habían expresado que, dado el tiempo que tenemos hasta el 9 de agosto, iba a ser un cronograma acotado. Cada uno se llevó una tarea para comenzar el proceso eleccionario." La resolución de la jueza tomó al Ejecutivo por total sorpresa.
Dos puntos sin discusión jurídica
El gobierno cuestionó los fundamentos de la consulta al fiscal. El primero refiere a la ley aprobada por la Legislatura para derogar la convocatoria: "Todavía no se encuentra vigente. Está dentro del plazo de 10 días para el veto, no fue promulgada ni publicada en el Boletín Oficial, por lo cual no tiene ningún efecto jurídico y no puede oponerse al proceso eleccionario."
El segundo punto es la queja presentada ante la Corte Suprema de Justicia, que lleva seis meses sin resolución. "La queja no tiene efecto suspensivo. El artículo 85 del Código Procesal de la Nación lo dice taxativamente. Si la Corte no dictó una medida cautelar en seis meses, es una expresión por omisión de que el proceso está vigente."
"No tenemos pruebas, pero tampoco dudas"
Ante la pregunta sobre qué puede motivar a la jueza a tomar esta decisión, Arroyo no esquivó la lectura política: "Entendemos que es un proceso que se está resistiendo en varios sectores. Estuvo un año demorado en el Superior Tribunal y ahora el juzgado electoral también lo está demorando." Y resumió la postura del gobierno: "No tenemos la respuesta certera, pero observamos lo que está sucediendo con mucha preocupación."
Los plazos que vienen
El fiscal Urquiza tiene cinco días corridos para elevar su dictamen, contados a partir de mañana, lo que ubica el vencimiento entre el lunes y el martes de la semana próxima. A partir de ahí, la jueza deberá expedirse de manera expedita.
Arroyo aclaró que la fecha del 9 de agosto no puede ser modificada por el Ejecutivo una vez fijada, y que tampoco debería serlo por el juzgado electoral. "El Ejecutivo dispone la fecha y eso queda en manos del proceso electoral." Aunque agregó con cautela: "A la luz de los acontecimientos, la verdad es que no puedo asegurarte nada."
