Bullrich impulsa traslado de represores a Campo de Mayo en medio de críticas por condiciones "VIP"
La ministra de Seguridad busca reubicar a condenados por delitos de lesa humanidad desde Ezeiza a una unidad cuestionada por organismos de DD.HH. Astiz y otros reclaman celdas individuales.
El gobierno avanza con un polémico plan para trasladar a represores desde el Complejo Penitenciario VII de Ezeiza hacia la Unidad 34 de Campo de Mayo, una dependencia federal señalada por organizaciones defensoras de derechos humanos como un establecimiento con comodidades excepcionales para detenidos. La iniciativa, impulsada por la ministra Patricia Bullrich, fue comunicada a los tribunales federales de Comodoro Py por el Servicio Penitenciario Federal (SPF), y ya cuenta con el aval parcial de algunos magistrados. Entre los beneficiados figura Alfredo Astiz, quien solicitó una celda individual para evitar un "empeoramiento" en sus condiciones de encierro.
El argumento oficial: sobrepoblación y reordenamiento
El pasado 16 de abril, Gabriel Esteban Aquino, director de régimen correccional del SPF, informó al Tribunal Oral Federal (TOF) 5 —encargado de juzgar crímenes en la ESMA— sobre la necesidad de liberar espacio en el Complejo VII, históricamente dividido en una sección femenina y otra para condenados por delitos de lesa humanidad. Según el funcionario, la unidad cuenta con 585 plazas, de las cuales 506 están ocupadas por mujeres, mientras que 371 esperan ser ingresadas al sistema.
La justificación esgrimida es que el complejo pasará a depender de la Ciudad de Buenos Aires, cuya crisis carcelaria ha derivado en el hacinamiento de detenidos en comisarías y repetidas fugas. Sin embargo, la medida afectaría directamente a 19 represores alojados en los pabellones 5, 7 y 8, entre ellos nombres emblemáticos como:
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Alfredo Astiz
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Ricardo Cavallo
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Suárez Mason
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Antonio Pernías
Todos ellos serían reubicados en Campo de Mayo, donde el SPF garantiza "todas las comodidades", incluyendo la continuidad de beneficios como el uso de Skype para comunicarse con familiares.
Pedidos y resistencias
Astiz, Cavallo y Pernías exigieron mantener celdas unipersonales —que ya poseían en Ezeiza— para evitar un "trato más severo". El TOF 5 accedió a sus reclamos, mientras que otros represores, como Juan Carlos Avena (condenado por crímenes en el circuito Atlético-Banco-Olimpo), se resisten al traslado y piden ser enviados a la Unidad 19 de Ezeiza, conocida por sus instalaciones tipo "casitas".
Por otro lado, figuras como Manuel Cordero Piacentini (vinculado al Plan Cóndor) y Marcelo Cinto Courtaux (responsable de secuestros y asesinatos de militantes montoneros) aún no han sido incluidos en los pedidos de traslado. Llama la atención que el hijo de Courtaux trabaje con Victoria Villarruel en el Senado, aunque no se ha confirmado si esto influye en la demora.
Repudio de organismos de DD.HH.
H.I.J.O.S. Capital rechazó enérgicamente la medida, calificándola como un "privilegio para genocidas":
"No buscamos venganza, sino justicia. El traslado a Campo de Mayo no resuelve la sobrepoblación que sufren miles de detenidos comunes", señalaron. Además, recordaron que la Unidad 34 ha sido denunciada reiteradamente por su trato preferencial, incluyendo acceso a áreas verdes y atención médica en el Hospital Militar de Campo de Mayo.
La postura oficial
Desde el Ministerio de Seguridad, insisten en que el traslado busca optimizar recursos y que los reclusos mantendrán la misma custodia. Sin embargo, la discusión reaviva el debate sobre impunidad y derechos humanos, en un contexto donde las víctimas del terrorismo de Estado observan con preocupación cómo los represores negocian condiciones de encierro.
¿Será Campo de Mayo la nueva "cárcel VIP" para los condenados por crímenes de lesa humanidad? La respuesta, en manos de la Justicia, podría sentar un precedente controversial.
