Bullrich impulsa un ejército encubierto en redes sociales bajo críticas por falta de controles
La ministra de Seguridad formalizó la creación de agentes infiltrados digitales, con facultades para operar bajo identidades falsas registradas oficialmente.
La polémica estrategia de seguridad que amplía el margen para la vigilancia estatal
En un contexto marcado por denuncias de represión a manifestantes, restricciones a la protesta social y advertencias internacionales sobre el deterioro de las libertades civiles, el Gobierno nacional dio un nuevo paso que intensifica el debate sobre los límites del Estado en la vigilancia ciudadana. A través de dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich institucionalizó el uso de agentes encubiertos en entornos digitales, otorgándoles herramientas legales para operar con identidades falsas validadas por el Registro Nacional de las Personas (Renaper).
La medida, presentada como un avance en la lucha contra el crimen organizado, ha despertado fuertes cuestionamientos desde sectores académicos, jurídicos y defensores de derechos humanos. Los críticos señalan que, bajo el pretexto de combatir delitos complejos, se habilita un mecanismo propicio para la persecución ideológica y la violación de la privacidad. "Están legalizando prácticas que antes eran irregulares, ampliando facultades sin controles democráticos", denuncia María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).
Un ejército con identidades ficticias
La normativa se basa en la ley 27.319, sancionada en 2016 durante la anterior gestión de Bullrich, que regula la infiltración en organizaciones criminales. Sin embargo, las nuevas disposiciones profundizan aspectos controversiales: los agentes no solo podrán crear perfiles falsos en redes sociales, sino que sus identidades ficticias quedarán registradas en bases de datos estatales, incluso después de finalizadas las misiones. La Unidad Especial de Agentes Encubiertos, dependiente de Fernando Soto —un cercano colaborador de la ministra— será la encargada de coordinar estas operaciones, bajo solicitud judicial.
Para Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre, el riesgo radica en la opacidad del sistema: "Dar identidades falsas avaladas por el Renaper es una novedad peligrosa. Transforma al Estado en un ente que fabrica ciudadanos imaginarios para espiar a los reales". La preocupación se extiende al ámbito judicial, donde ya existen precedentes de fallos que cuestionan la validez de pruebas obtenidas mediante infiltrados, debido a posibles provocaciones o manipulación de pruebas.
Capacitación bajo sospecha
Paralelamente, el Ministerio creó un Consejo Académico para formar a estos agentes, presidido por el juez Ricardo Basílico, vinculado a causas de lesa humanidad y a la reforma del Código Penal. El organismo incluirá a representantes de las fuerzas federales y cinco miembros designados directamente por Bullrich, lo que —según analistas— garantiza su influencia incluso si abandona el cargo para competir en elecciones.
Claudio Pandolfi, especialista en seguridad de la Universidad Nacional de Lanús, admite que la normativa podría reducir vacíos legales, pero advierte: "El problema es que se centraliza en un ministerio con historial de arbitrariedades". Myriam Bregman, del Ceprodh, va más allá: "Mientras hay niños pasando hambre, destinan recursos a armar estructuras de inteligencia para una guerra interna. Es la señal de un gobierno debilitado y dispuesto a todo".
La sombra de los años de plomo, los conflictos entre Bullrich y la vicepresidenta Villarruel, y el creciente malestar social pintan un escenario donde la línea entre seguridad y represión parece difuminarse. La pregunta que flota es clara: ¿quién vigila a los vigilantes?
