Canals: "Han ido cayendo uno a uno los argumentos que utilizaron para sostener la intervención del puerto"
El ministro Jefe de Gabinete cuestionó los fundamentos de la ANPyN tras conocerse el informe de Prefectura que certifica la seguridad del Puerto de Ushuaia hasta 2029, y adelantó acciones legales.
El ministro Jefe de Gabinete de Tierra del Fuego, Jorge Canals, salió a cuestionar los argumentos de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) tras conocerse el documento de la Prefectura Naval Argentina que certifica que el Puerto de Ushuaia cumple con las condiciones de seguridad y operatividad hasta 2029.
"Esto confirma lo que nosotros venimos planteando desde el primer momento: que se trata de una intervención federal completamente ilegítima, sin sustento lógico ni técnico que pueda avalarla", afirmó Canals.
Los argumentos que "se cayeron"
El funcionario enumeró los pilares de la justificación oficial que, según la Provincia, no resistieron el contraste con los hechos. Uno de los principales señalamientos de la ANPyN había sido un supuesto desvío de fondos. Sobre ese punto, Canals fue directo: "Ya se desvaneció. No hubo ningún traslado de recursos desde la Dirección Provincial de Puertos hacia la OSEF, ni nada por el estilo".
Respecto al estado de la infraestructura, el documento de Prefectura "termina de desarmar ese relato", según el funcionario: "Durante todo el verano el puerto operó con normalidad. No hubo una sola hora en la que no funcionara, a pesar de que decían que no era seguro o que la infraestructura era un desastre".
Canals también cuestionó el accionar posterior a la intervención: "No hicieron absolutamente nada. Si el puerto realmente no estaba en condiciones de operar, no lo estaba ni para la Provincia ni para la propia ANPyN. Sin embargo, siguió funcionando con total normalidad".
Defensa de la gestión provincial
El Jefe de Gabinete defendió el trabajo realizado por el Gobierno en materia portuaria: "Se atendieron los requerimientos, se llevaron adelante acciones concretas y se ejecutó la inversión más importante en los últimos años, particularmente en la ampliación del muelle". Y aclaró: "Sabemos que hay cosas por mejorar, pero existe un plan de trabajo, y este informe de Prefectura es justamente resultado de ese proceso de adecuación que venía llevando adelante la Dirección Provincial de Puertos".
Falta de transparencia y "intencionalidad económica"
Canals advirtió además sobre la falta de control sobre los recursos del puerto desde la intervención: "No sabemos a dónde van los fondos que antes administraba la provincia. Entendemos que se concentran en una cuenta general, sin trazabilidad clara".
El funcionario fue más allá al cuestionar la ausencia de acciones concretas: "No hay licitaciones públicas para mejorar la seguridad ni la infraestructura, no hay ningún tipo de planificación visible. Lo único que hay es una intervención que se está quedando con los recursos de los fueguinos. Hay claramente una intencionalidad económica detrás de esta medida".
Acciones legales en marcha
Finalmente, Canals adelantó que el Gobierno provincial avanza en distintas acciones judiciales: "Nuestros equipos jurídicos están trabajando en las estrategias correspondientes, no solo por lo que entendemos fue una medida inconstitucional, sino también por las responsabilidades que surgen de haber avanzado con una intervención sin fundamentos reales".
