Capotorto: “La coparticipación no es un gasto y Río Grande no forma parte de la estructura de costos del Gobierno provincial”
La secretaria de Finanzas presentó un Presupuesto 2027 de $239.505 millones, sin endeudamiento, y advirtió que la deuda provincial con el Municipio continúa creciendo. Defendió la autonomía financiera y las prioridades en salud, asistencia social, servicios y obras.
La secretaria de Finanzas Públicas del Municipio de Río Grande, Valeria Capotorto, presentó ante el Concejo Deliberante el Presupuesto Municipal 2027, que contempla recursos por $239.505 millones, y formuló un fuerte cuestionamiento al Gobierno provincial por las demoras en las transferencias de coparticipación y las consecuencias que podrían tener sus compromisos de endeudamiento sobre las finanzas de la ciudad.
“Río Grande no se endeudó, Río Grande no pide salvatajes, Río Grande no pide adelantos de coparticipación. Por lo tanto, no debemos asumir los costos de la Provincia ante Nación, porque toda esa deuda debe ser asumida únicamente por la Provincia”, afirmó durante su exposición, realizada en el Museo Municipal Virginia Choquintel.
La funcionaria explicó que el proyecto presupuestario fue elaborado en un contexto de dificultades económicas, pérdida de empleo y caída del consumo, con el objetivo de sostener los servicios públicos, la atención sanitaria, la asistencia social y las obras de infraestructura, sin recurrir al endeudamiento.
Uno de los datos centrales de la presentación fue que el 83% de los ingresos previstos para 2027 proviene de la coparticipación de impuestos nacionales, provinciales y regalías, por lo que las demoras en las transferencias tienen un impacto directo sobre la capacidad financiera del Municipio.
“Río Grande no es un costo dentro de la estructura del Gobierno de la Provincia. La coparticipación no es un gasto: es el derecho legítimo y la herramienta central con la que el Municipio lleva adelante las políticas públicas a favor de su comunidad”, sostuvo Capotorto.
La deuda provincial y las demoras en la coparticipación
La secretaria diferenció la disminución de los recursos coparticipables, producto de la caída de la actividad económica, de las demoras provinciales en transferir fondos que legalmente corresponden al Municipio.
En ese sentido, recordó que el Tribunal de Cuentas Municipal consideró razonable una determinación provisoria de acreencias superior a los $16.132 millones al 31 de agosto de 2026. Según los registros expuestos, esa deuda se incrementó aproximadamente otros $2.000 millones desde la presentación del presupuesto.
También señaló que el Tribunal de Cuentas provincial había registrado, en su análisis de la Cuenta de Inversión 2025, una deuda superior a los $11.000 millones al cierre de ese ejercicio.
Capotorto cuestionó que, pese al acuerdo alcanzado recientemente con el Ministerio de Economía provincial para reducir los plazos de transferencia y evitar nuevos incrementos de la deuda, el Municipio debiera realizar otra intimación por diferencias superiores a $650 millones correspondientes a esta semana.
Según explicó, los atrasos obligan a reorganizar permanentemente la disponibilidad financiera y dificultan la planificación de una administración que debe afrontar salarios, proveedores y servicios esenciales en fechas determinadas.
“Río Grande necesita certezas: transferencias efectivas, oportunas y previsibles”, expresó.
La funcionaria también manifestó preocupación por las obligaciones que deberá afrontar el Gobierno provincial durante 2027, particularmente por el acuerdo de compensación con Nación, que contempla devoluciones superiores a $78.528 millones más intereses.
En ese contexto, insistió en que los compromisos asumidos por la Provincia no deberían trasladarse a las finanzas municipales mediante nuevas demoras o reducciones de la coparticipación. También advirtió sobre la falta de definiciones respecto de los coeficientes de distribución de esos recursos, una situación que incorpora incertidumbre para el cierre de 2026 y la planificación del próximo ejercicio.
Salud, asistencia social y servicios esenciales entre las prioridades
Durante la presentación, Capotorto vinculó las previsiones presupuestarias con el deterioro de la situación económica y laboral de Río Grande, especialmente por las consecuencias de la crisis industrial.
Recordó que la desocupación en el aglomerado Río Grande-Ushuaia alcanzó el 8,1% en el segundo trimestre de 2026, frente al 6,6% registrado a fines de 2025. Señaló que la pérdida de empleo afecta los ingresos familiares y la recaudación municipal, mientras aumenta la demanda de servicios sanitarios y asistencia social.
Frente a este escenario, explicó que la gestión del intendente Martín Perez priorizó las políticas de mayor impacto sobre las necesidades cotidianas de la comunidad.
El proyecto contempla aproximadamente $18.682 millones para salud y $6.670 millones para fortalecimiento alimentario, además de cerca de $38.986 millones para servicios ambientales y más de $5.000 millones para sostener el transporte público.
En materia de infraestructura, el Plan de Obras Públicas prevé una inversión de $20.105 millones, distribuida en 37 intervenciones destinadas al mejoramiento vial, infraestructura urbana, saneamiento y generación de suelo.
Alivio tributario para vecinos y comerciantes
Otro de los ejes de la presentación fue la incorporación de medidas de alivio tributario, destinadas a acompañar a las familias y al sector comercial en el actual contexto económico.
Capotorto explicó que el Ejecutivo propone una bonificación del 60% sobre la Unidad Fiscal, lo que llevaría su valor a $508 durante 2027, por debajo de los $537,72 actuales.
El proyecto también contempla beneficios para contribuyentes cumplidores y para quienes opten por el pago anual anticipado, con bonificaciones que podrían acercarse al 40%, según las condiciones establecidas.
La funcionaria sostuvo que estas herramientas buscan aliviar la carga tributaria sin desatender la necesidad de mantener los ingresos municipales. Sin embargo, remarcó que el esfuerzo de recaudación propia no puede reemplazar la obligación provincial de transferir los fondos coparticipables.
La autonomía financiera como eje del Presupuesto 2027
En el cierre de su presentación, Capotorto insistió en que la autonomía municipal requiere disponer de los recursos que legalmente corresponden a Río Grande y que el cumplimiento de las obligaciones provinciales es indispensable para sostener las políticas públicas.
El Presupuesto 2027, último de la segunda gestión del intendente Martín Perez, plantea mantener los servicios esenciales, acompañar a las familias y continuar las inversiones en infraestructura sin recurrir al endeudamiento.
No obstante, la funcionaria advirtió que su ejecución dependerá en gran medida de la regularidad con que la Provincia transfiera los fondos correspondientes.
De esta manera, la exposición dejó planteado uno de los principales ejes del debate presupuestario: la diferencia entre las dificultades económicas derivadas de la caída de los ingresos y las demoras en la transferencia de recursos que pertenecen al Municipio, así como el impacto que ambas situaciones tienen sobre la planificación financiera de Río Grande.
