Caputo se niega a avalar el convenio salarial del gremio de Comercio, generando tensión con empresarios y trabajadores
El Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, rechaza homologar el acuerdo paritario firmado por Faecys, lo que impide el cobro de aumentos a más de 1,2 millones de empleados.
El Gobierno frena aumentos salariales en Comercio y desata un conflicto con gremios y empresas
En un giro inesperado, la administración de Javier Milei ha decidido intervenir directamente en las negociaciones paritarias, contradiciendo su promesa de campaña de respetar la libre discusión salarial. El caso más emblemático es el del sector comercial, donde el Ministerio de Economía, bajo las órdenes de Luis Caputo, se niega a homologar un acuerdo ya firmado entre la Federación de Empleados de Comercio (Faecys) y las cámaras empresariales, dejando en el limbo a 1,2 millones de trabajadores.
La estrategia oficial busca evitar que los incrementos superen el 1% mensual, bajo el argumento de que presionarían la inflación. Sin embargo, el convenio alcanzado por el gremio mercantil –el más numeroso del sector privado– supera ese límite, con ajustes escalonados que incluyen sumas fijas no remunerativas. Esto ha llevado al Ejecutivo a presionar para su renegociación, generando un choque frontal con los actores involucrados.
Un acuerdo en riesgo y empresarios divididos
Faecys, liderada por Armando Cavallieri, aseguró que las empresas pagarán los aumentos pactados, respaldándose en comunicados de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Defensa del Comercio y la Industria (UDECA). No obstante, el sector supermercadista –que concentra un tercio de los empleados– se desmarcó, anunciando que sólo abonará "adelantos" sin reconocer la paritaria.
La clave del conflicto radica en que, sin la homologación gubernamental, muchas compañías se amparan en la falta de obligatoriedad para no cumplir el acuerdo. Esto ha encendido las alarmas del sindicato, que amenaza con asambleas y medidas de fuerza, mientras los grandes comercios optan por desembolsos parciales para evitar tensiones laborales.
La interna empresaria y el temor a un efecto dominó
La pulseada ha expuesto divisiones entre los empresarios. Natalio Mario Grinnman, titular de la CAC y aliado del libertarismo, rubricó el convenio, pero ahora enfrenta críticas de funcionarios y sectores influyentes, como supermercados y mayoristas, que se resisten a aplicar los incrementos.
El Gobierno teme que, al validar este acuerdo, se habilite una cadena de reclamos en otros rubros, con el consiguiente impacto en precios. Los números preocupan: el IPC de CABA ya marcó un 11% en abril, y el aumento salarial de Comercio –aun con las sumas fijas– queda por debajo. Pero para la Rosada, el riesgo mayor es que estos ajustes se trasladen a la inflación, minando su estrategia de estabilización.
Salarios en picada y reclamos en ascenso
De implementarse lo pactado, el básico de los empleados comerciales rondaría los $1,2 millones, aún insuficiente para superar la línea de pobreza. Sin embargo, la negativa oficial ha dejado a los trabajadores sin certezas, en un contexto donde el poder adquisitivo se erosiona día a día.
Mientras Caputo insiste en su postura, el malestar crece: los gremios acusan al Gobierno de vulnerar la autonomía paritaria, y los empresarios enfrentan presiones contradictorias. La pregunta ahora es cuánto podrá sostener el Ejecutivo esta pulseada sin desatar un conflicto social mayor.
