Carta abierta de Harrington tras la denuncia de Rodríguez: “No voy a aceptar que se inviertan las responsabilidades”
El intendente de Tolhuin respondió públicamente a la denuncia presentada por el presidente del Concejo Deliberante, Matías Rodríguez. Defendió la actuación del Ejecutivo en la negociación con OSEF, cuestionó que se responsabilice al Municipio por obligaciones que atribuye al cuerpo legislativo y advirtió sobre el contexto político en el que se produjo la presentación.
El intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, difundió una carta abierta dirigida a los vecinos y vecinas de Tierra del Fuego luego de que tomara estado público la denuncia presentada en su contra por el presidente del Concejo Deliberante, Matías Rodríguez.
En el documento, Harrington sostuvo que no discutirá judicialmente el caso a través de los medios y que serán sus abogados quienes respondan en el ámbito correspondiente. Sin embargo, planteó una serie de definiciones políticas e institucionales sobre la deuda con OSEF, las transferencias al Concejo Deliberante y la mesa de negociación que permanece abierta.
También cuestionó que la denuncia se haya presentado mientras continúa ese proceso y señaló que no abandonará las conversaciones para alcanzar un acuerdo.
A continuación, la carta completa:
Carta abierta a los vecinos y vecinas de Tierra del Fuego AeIAS
En las últimas horas tomó estado público una denuncia presentada contra mi persona por el presidente del Concejo Deliberante de Tolhuin, Matías Rodríguez.
No voy a discutir una causa judicial a través de una carta. Tengo absoluta tranquilidad respecto de mis actos y serán mis abogados quienes respondan donde corresponda.
Pero soy el Intendente de Tolhuin y tengo la responsabilidad de explicarles a nuestros vecinos qué está sucediendo institucionalmente alrededor de esta denuncia.
Y para hacerlo hay que contar toda la historia.
Hace apenas unos días, representantes del Municipio, del Concejo Deliberante y del Directorio de OSEF nos sentamos en una misma mesa para encontrar una solución a las obligaciones pendientes con la obra social.
Esa reunión no terminó con el diálogo agotado. Todo lo contrario.
Hubo propuestas concretas, voluntad de avanzar y se acordó continuar trabajando en una mesa técnica prevista para el próximo 13 de octubre.
Pero hay algo fundamental que debe quedar claro.
Las obligaciones por aportes y contribuciones de los trabajadores del Concejo Deliberante corresponden al propio Concejo Deliberante. Es el Concejo quien mantiene esa deuda con los organismos de la seguridad social.
No estoy haciendo una interpretación sobre lo que dice la denuncia. La propia presentación identifica una deuda del Concejo Deliberante con OSEF y otra con la Caja de Previsión, y sostiene que los descuentos fueron practicados sobre los haberes de sus trabajadores.
Luego pretende atribuir al Ejecutivo Municipal responsabilidad por esa situación a partir de una discusión diferente: las transferencias presupuestarias entre el Municipio y el Concejo.
Esa discusión tendrá su respuesta jurídica donde corresponde.
Pero políticamente no puedo permitir que se confundan deliberadamente ambas cuestiones ante la comunidad.
Una cosa es discutir cuánto debe transferir el Ejecutivo al Concejo y otra muy distinta es quién tiene la obligación de ingresar los aportes y contribuciones de sus trabajadores a los organismos correspondientes.
Y acá aparece una contradicción que me parece todavía más difícil de explicar.
Frente a una deuda que no corresponde directamente al Ejecutivo Municipal, fuimos nosotros quienes nos sentamos a buscar una solución.
El Municipio propuso regularizar sus obligaciones y, además, incorporar dentro del mismo acuerdo las obligaciones correspondientes al Concejo Deliberante, asumiendo desde el Ejecutivo Municipal el plan de pago para construir una salida integral.
Y quiero detenerme particularmente en este punto.
No sería la primera vez que lo hacemos. Este sería el tercer convenio en el que el Municipio asume también obligaciones correspondientes al Concejo Deliberante para poder encontrar una solución.
Es decir: mientras estamos intentando resolver institucionalmente obligaciones que corresponden al Concejo, se presenta una denuncia contra el Intendente intentando responsabilizarlo por esas mismas obligaciones.
Eso es lo que la comunidad también tiene derecho a conocer.
Hay además otro dato que debe formar parte de cualquier discusión seria: durante este período el Ejecutivo Municipal ya giró al Concejo Deliberante más de $2.000 millones.
Por eso no acepto que se pretenda instalar públicamente la imagen de un Ejecutivo que simplemente retiene recursos o abandona sus responsabilidades sin explicar el conjunto de la relación financiera entre ambas instituciones, los fondos efectivamente transferidos y, fundamentalmente, las soluciones que venimos proponiendo.
Nuestra propuesta a OSEF fue todavía más allá.
Planteamos la transferencia de un inmueble y la construcción de una dependencia propia de la obra social en Tolhuin, con farmacia y espacios de atención para sus afiliados y afiliadas. Presentamos documentación técnica, planos, cálculos financieros y plazos estimados para que esa alternativa pueda ser evaluada.
Mientras todo esto ocurre y mientras esa mesa continúa abierta, se decide avanzar con una denuncia y darle inmediata exposición pública.
Tengo derecho, entonces, a preguntarme por qué.
Tengo derecho a señalar que esta decisión tensiona seriamente una mesa de negociación que todavía está en marcha.
Y también tengo derecho a advertir que todo esto sucede en un momento en el que comienza a intensificarse la discusión política y electoral en Tierra del Fuego.
No voy a atribuir intenciones que no puedo demostrar. Pero tampoco voy a ser ingenuo frente al contexto en el que estas acciones se producen.
Cuando una controversia que está siendo discutida institucionalmente se traslada simultáneamente al terreno judicial, político y mediático, existe un riesgo concreto: que las disputas políticas terminen destruyendo los espacios que construimos para solucionar los problemas.
Eso es lo que no quiero para Tolhuin.
Quienes ocupamos responsabilidades públicas podemos tener diferencias profundas. Podemos discutir presupuestos, prioridades, decisiones de gobierno y hasta confrontar políticamente.
Pero existen límites que la política debería cuidar. Sobre todo quienes se han manifestado reiteradamente contra la judicialización de la política.
Cuando estamos sentados buscando una solución para OSEF, cuando existen compromisos asumidos y cuando estamos dispuestos incluso a hacernos cargo nuevamente de obligaciones del Concejo para alcanzar un acuerdo, debemos tener la responsabilidad de preservar esa mesa.
Yo no voy a levantarme.
No voy a utilizar esta denuncia como excusa para abandonar una negociación.
No voy a dejar de buscar una solución porque exista una disputa política.
Pero tampoco voy a aceptar que se inviertan las responsabilidades ante la sociedad: no se puede presentar como responsable de una deuda a quien está ofreciendo hacerse cargo de resolverla.
Y tampoco voy a quedarme callado cuando considere que una acción política o institucional pone en riesgo los acuerdos que estamos intentando construir.
La Justicia analizará la denuncia y mis abogados harán allí lo que corresponda.
Yo voy a seguir haciendo lo que me corresponde como Intendente: gobernar, explicar mis decisiones, defender los intereses del Municipio y sentarme a dialogar cada vez que exista una posibilidad concreta de resolver un problema.
Las diferencias políticas pasan.
Las instituciones quedan.
Y Tolhuin necesita que quienes tenemos responsabilidades públicas sepamos distinguir una cosa de la otra.
Daniel Harrington
Intendente de Tolhuin
