Cierran casi 29 empresas por día y 394 trabajadores pierden su empleo a diario
La economía real acusa el impacto del ajuste: cerraron más de 19.000 empresas, se perdieron 264.000 empleos formales y la capacidad instalada cayó al 61%, el peor registro en más de dos décadas. La crisis industrial ya no es coyuntural: es estructural.
Los números oficiales exponen con crudeza el impacto del actual esquema económico sobre el entramado productivo. Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, cerraron 19.114 empresas y se destruyeron más de 264.000 puestos de trabajo registrados, de acuerdo a estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
La magnitud del fenómeno se vuelve aún más evidente al observar el ritmo diario de la destrucción: casi 29 empresas cerradas por día, lo que equivale a 1,2 cierres por hora, mientras que la pérdida de empleo formal promedia 394 trabajadores diarios, es decir, unas 16 personas por hora que dejaron de tener un puesto registrado.
El deterioro del empleo va de la mano del desplome de la actividad industrial. En octubre, la utilización de la capacidad instalada cayó al 61%, marcando el peor nivel desde 2002. Este indicador refleja la producción máxima que puede sostener una planta con la maquinaria y el personal disponibles.
Cuando la utilización cae, el proceso es conocido: máquinas paradas, costos fijos que se mantienen, márgenes que se erosionan y menor inversión futura, con el cierre como amenaza concreta. En sectores sensibles como el textil, la situación es aún más crítica, con niveles de actividad por debajo del 33% de su capacidad.
La tendencia reciente confirma que no se trata de episodios aislados. En los últimos cuatro meses relevados por la Secretaría de Trabajo, el empleo asalariado del sector privado acumuló una caída de 49.000 puestos, con 10.700 empleos perdidos solo en septiembre. El patrón es claro: los cierres y los despidos forman parte de un proceso sostenido de contracción.
Los sectores más golpeados resultan previsibles. La construcción sufre el impacto de la parálisis total de la obra pública y el encarecimiento de los costos. La industria manufacturera enfrenta la apertura de importaciones en un contexto de consumo deprimido. El comercio acusa directamente la caída del poder adquisitivo.
La crisis también se manifiesta con fuerza en la cadena de pagos. Una encuesta reciente de la Unión Industrial Argentina (UIA) reveló que el 47,5% de las empresas industriales tiene dificultades para cumplir con al menos una de sus obligaciones principales. Los impuestos encabezan la lista, con un 29,3%, seguidos por los proveedores, con un 26,7%, mientras que un 8,2% reconoce incumplimientos en todos los rubros.
Durante el último trimestre se registró un aumento de entre 30% y 40% en los cheques rechazados, un indicador directo del ahogo financiero. El relevamiento señala que las pymes son las más afectadas, especialmente por los plazos de cobro al Estado, que se extienden entre 30 y 90 días, agravando la falta de liquidez.
El escenario llegó incluso a la conducción empresaria. La situación se coló en la mesa chica de la UIA, donde los informes expusieron una caída sostenida de la actividad manufacturera y del empleo. La combinación de retracción del consumo interno, apertura de importaciones y crédito caro dejó sin margen a buena parte del entramado fabril.
En un clima de preocupación abierta, los propios empresarios admiten que ya no se trata de una desaceleración económica, sino de una crisis instalada. En ese contexto, el presidente de la entidad, Martín Rappallini, evitó definiciones altisonantes, pero reconoció que “la situación es compleja”, una síntesis sobria de un escenario que continúa deteriorándose.
