Ciolfi: "La deuda no puede ser motivo para dejar a una familia sin gas"

El defensor oficial federal explicó cómo se gestó la medida cautelar que impidió el corte del suministro a una familia de Tolhuin y sostuvo que, en el contexto climático de Tierra del Fuego, el acceso al gas está directamente vinculado con el derecho a la salud. Además, cuestionó los plazos de intimación y las dificultades que enfrentan los vecinos para acceder a los canales de atención de Camuzzi.

La medida cautelar que ordenó a Camuzzi Gas del Sur abstenerse de cortar el suministro a una familia de Tolhuin no surgió de un caso aislado. Según explicó el defensor oficial federal Agustín Ciolfi, la Defensoría Pública comenzó a intervenir luego de que el Municipio de Tolhuin advirtiera sobre un número creciente de vecinos que, tras los aumentos tarifarios y la quita de subsidios, ya no podían afrontar el pago del servicio de gas. La intervención se realiza bajo la Defensoría Federal a cargo del doctor José Bongiovanni, con quien Ciolfi trabaja directamente. A partir de ese trabajo conjunto se relevaron distintos casos y se reunieron los elementos necesarios para acreditar la situación de vulnerabilidad de varias familias.

En diálogo con FM La Isla, Ciolfi contó que el primer paso fue recorrer los domicilios junto a los equipos de Desarrollo Social para conocer de primera mano la realidad que atravesaban los vecinos. Explicó que fueron convocados por el Municipio luego de detectar que desde mayo varias familias no podían pagar las facturas y, en algunos casos, ya habían sufrido el corte del servicio. A partir de allí comenzaron a reunir informes sociales y documentación para acreditar las situaciones de vulnerabilidad y poder solicitar a la Justicia una medida de protección.

El defensor señaló que, además de las dificultades económicas, encontraron hogares donde convivían adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y familias con niños. En algunos casos, incluso, ya se habían registrado problemas de salud asociados a la falta de calefacción. "Nos encontramos con familias vulnerables, con problemas socioeconómicos y también con enfermedades o adultos mayores. Ahí es donde la Defensoría tiene la posibilidad de darles una mano", explicó.

"Las soluciones que ofrece la empresa no son razonables"

Ciolfi sostuvo que uno de los principales problemas aparece cuando las familias intentan refinanciar sus deudas. Según explicó, las alternativas que ofrece la empresa no contemplan la realidad económica de quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad y terminan profundizando el endeudamiento. En ese sentido, afirmó que "las soluciones que ellos dan no son razonables o no son proporcionadas a la realidad económica de las familias", ya que muchas personas "se encuentran en una espiral de deuda y, cuando se quieren acordar, es prácticamente imposible poder pagarla".

A esa situación, agregó, se suma el escaso plazo que existe entre la intimación y el corte del suministro. Recordó que "no le dan cinco días, no le dan diez días; le dan 48 horas", y advirtió que en Tolhuin la empresa atiende presencialmente un solo día por semana y con un solo empleado. Por eso, señaló que cuando un vecino logra acceder a la oficina "probablemente ya le hayan cortado el gas", una situación que, a su entender, coloca a los usuarios de esa ciudad en una condición diferente a la de quienes viven en Río Grande o Ushuaia.

El funcionario también cuestionó que la empresa base gran parte de su atención en canales digitales. Según la respuesta oficial de la compañía, cerca del 99% de sus usuarios estarían digitalizados, sobre un total de aproximadamente 2.800 usuarios registrados en Tolhuin. Sin embargo, Ciolfi sostuvo que "estar digitalizado no significa que la gente tenga acceso real", sobre todo cuando se trata de adultos mayores que no manejan herramientas informáticas o no cuentan con acceso permanente a internet.

"Lo más importante es que la gente pueda tener gas"

Ciolfi explicó que la cautelar fue presentada antes de que se concretara el corte del suministro y que la resolución judicial, a cargo de la jueza Borruto, ordenó a Camuzzi abstenerse de interrumpir el servicio mientras se tramita la acción principal. Ahora, la Defensoría dispone de diez días hábiles para presentar el amparo que permitirá discutir cómo compatibilizar el cobro de la deuda con la protección de los derechos de las personas involucradas.

En ese contexto, destacó que la jueza resolvió que, "sin perjuicio de la deuda que tenga el usuario, no se le puede cortar el gas", porque lo más importante es que "mientras discutimos cómo resolver el problema, la gente pueda tener gas". Para el defensor, esa decisión tiene un fundamento claro: en una provincia como Tierra del Fuego, el acceso al gas no puede analizarse únicamente desde una perspectiva comercial, sino que está directamente relacionado con la protección de la salud.

En ese sentido, sostuvo que "el acceso al gas es un determinante de la salud" y remarcó que dejar sin calefacción a una familia durante el invierno repercute directamente sobre su calidad de vida. "Estamos hablando de un derecho humano fundamental y hay normativa internacional que obliga al Estado y a las empresas a proteger a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad", afirmó. Como antecedente jurídico, citó el fallo CEPIS (Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad), resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2016, que anuló aumentos en las tarifas de gas natural por falta de audiencias públicas previas y estableció el criterio de que la tarifa debe ser proporcional a la realidad económica de cada familia.

"Nadie dice que la deuda no se pague"

Consultado sobre el alcance que podría tener este antecedente para otros usuarios que atraviesan situaciones similares, Ciolfi consideró que será necesario encontrar mecanismos que permitan compatibilizar el derecho de la empresa a cobrar con la protección de quienes no pueden afrontar el servicio sin comprometer necesidades básicas. Adelantó que la Defensoría mantendrá reuniones con ENARGAS y no descartó impulsar acciones colectivas si aparecen más casos con características similares.

El defensor dejó en claro que la discusión no pasa por desconocer las deudas, sino por encontrar soluciones compatibles con la realidad social de las familias. "Nadie está diciendo que la deuda no se pague. Lo que decimos es que esa deuda no puede ser desproporcionada ni obligar a una familia a dejar de comer o vender un bien para poder pagar el gas", sostuvo. Y concluyó que la prioridad seguirá siendo garantizar el acceso al servicio mientras se buscan soluciones de fondo: "Nosotros vamos a seguir haciendo todo lo posible para que a las familias no les corten el servicio, porque ese es nuestro objetivo".