Colazo: "Esta ley no tiene legitimidad social" y anuncia adhesión a la demanda colectiva
La legisladora del Partido Verde cuestionó la reforma aprobada en el Congreso, advirtió sobre su vínculo con seis proyectos mineros del RIGI y anticipó un posible debate legislativo provincial para reforzar la protección de los glaciares fueguinos.
La legisladora provincial del Partido Verde, Laura Colazo, se pronunció contra la reforma de la Ley de Glaciares aprobada esta semana en el Congreso de la Nación y anunció su adhesión a la demanda colectiva que, al momento de la entrevista, ya superaba las 690.000 firmas en todo el país.
En diálogo con FM La Isla, Colazo fue categórica: "No tiene legitimidad social esta ley. No se respetó la participación ciudadana, no se convocó a los científicos más formados de Argentina que dedicaron su carrera a estudiar los glaciares. Sí lo hizo el Secretario de Minería, que fue abogado de las mineras durante 20 años".
Qué cambia con la nueva ley
Hasta ahora, la Ley de Glaciares de 2010 establecía un presupuesto mínimo de protección que ninguna provincia podía vulnerar, y otorgaba al IANIGLA — el instituto científico del CONICET especializado en glaciares — la facultad de hacer el inventario, delimitar zonas de conservación y establecer restricciones. Con la reforma aprobada, todo eso desaparece a nivel nacional.
"A partir de ahora ya no está prohibida por una ley nacional la realización de minería o actividades hidrocarburíferas en zonas periglaciares. Esto lo van a determinar cada una de las provincias a través de sus autoridades de aplicación", explicó Colazo, y advirtió sobre el riesgo: "Las cuencas hidrográficas no respetan los límites políticos. La decisión de una provincia puede ir en detrimento del derecho al agua de otra".
El vínculo con el RIGI y la minería
Para Colazo, la reforma no es casual. "Esta ley tiene que ver con los proyectos del RIGI de minería. De los 17 proyectos del RIGI, 6 tienen que ver con minería — de cobre, de oro y otras mineralogías — y aparentemente estaban esperando que se apruebe esta ley para poder avanzar", señaló.
En ese sentido, criticó la postura de los gobernadores que impulsaron la reforma: "Eligieron entre el agua pura y limpia y una inversión minera con agua contaminada, y lo hicieron sin ningún tapujo". Y fue enfática respecto al argumento del empleo: "Es una falacia argumentativa. No generan la calidad de vida ni el empleo que se anuncia. Contaminan los recursos hídricos y comprometen a las generaciones futuras".
La audiencia pública cuestionada
Colazo también cuestionó el proceso de participación ciudadana que precedió a la votación. De las 105.000 personas que se inscribieron para la audiencia pública, solo 400 pudieron ser escuchadas. "Cuando uno abre la posibilidad de inscribirse a una audiencia pública, tiene que realmente hacerlo como está establecido en la normativa. No elegir al azar", cuestionó.
Tierra del Fuego y la posible nueva ley provincial
Respecto al impacto local, Colazo recordó que Tierra del Fuego cuenta con 1.333 glaciares y un inventario provincial elaborado a lo largo de más de 30 años de trabajo científico. La provincia ya tiene la Ley de Gestión de los Recursos Hídricos y recientemente sancionó por unanimidad la creación de la Reserva Hídrica del Glaciar Vinciguerra en Ushuaia, que abastece de agua al 30% de la población de la capital provincial.
Sin embargo, Colazo anticipó que desde el Partido Verde están evaluando si es necesario avanzar con una nueva legislación provincial para reforzar la protección ante el vacío que deja la reforma nacional. "Estamos consultando a los técnicos y científicos de la provincia para ver si tenemos que dar un debate de nueva legislación", precisó.
La legisladora también destacó que tres de los cinco diputados nacionales por Tierra del Fuego votaron en contra de la reforma, al igual que la senadora Cristina López.
