Crisis en Bolivia: denuncian más de 300 detenidos y un avance represivo del gobierno
La periodista Sara Vásquez describió un escenario de fuerte conflictividad social y política, con más de 40 días de bloqueos, denuncias de persecución a dirigentes y cuestionamientos al avance represivo del gobierno de Paz.
Bolivia atraviesa uno de los momentos de mayor tensión política y social de los últimos años. Con más de 40 días de bloqueos, protestas masivas, enfrentamientos y cientos de detenidos, el conflicto escala mientras el gobierno del presidente Paz endurece su postura y los sectores movilizados profundizan el reclamo de renuncia.
En diálogo con FM La Isla, la periodista boliviana Sara Vásquez —radicada en Santa Cruz de la Sierra— describió un escenario de fuerte conflictividad, denunció un avance represivo del Estado y sostuvo que el gobierno “dice una cosa y hace otra” cuando habla de diálogo.
“Tenemos más de 40 días de bloqueo y los puntos se mantienen entre 80 y 90 en todo el país”, explicó. Según indicó, gran parte de los medios de comunicación “hegemónicos” están enfocando la cobertura únicamente en los perjuicios económicos y en la circulación, sin profundizar en las causas sociales y políticas que originaron las protestas.
Acusaciones de autoritarismo y avance represivo
Durante la entrevista, Vásquez sostuvo que el gobierno viene trabajando desde hace semanas en un esquema de “estado de excepción” o “estado de sitio” que, según denunció, flexibiliza responsabilidades penales para policías y militares durante operativos represivos.
“La historia boliviana demuestra que los estados de sitio siempre tienen muertos detrás”, afirmó.
Según explicó, el gobierno impulsó la derogación de una normativa anterior que establecía mecanismos y límites claros para este tipo de medidas extraordinarias y avanzó con un nuevo esquema que calificó como “muy escandaloso en materia de derechos humanos”.
En esa línea, cuestionó la contradicción entre el discurso oficial y las acciones concretas. “El presidente dice que convoca al diálogo, pero en realidad da ultimátums”, sostuvo. Y agregó que desde el gobierno no existe una verdadera predisposición a negociar con los sectores movilizados.
Más de 300 detenidos y dirigentes perseguidos
Uno de los datos más contundentes de la entrevista fue la cantidad de personas detenidas en el marco del conflicto. Vásquez aseguró que actualmente hay “más de 300 detenidos” y denunció persecución contra dirigentes sindicales y sociales.
“No se está respetando el fuero sindical. Arrestan a dirigentes saliendo de las movilizaciones y les imputan cargos como terrorismo”, afirmó.
También señaló que algunos referentes sociales ya fueron encarcelados, mientras otros permanecen en la clandestinidad para evitar órdenes de captura.
A su entender, las condiciones actuales hacen imposible cualquier instancia real de diálogo. “Las acciones son las que determinan si hay voluntad de negociar y hoy las acciones muestran lo contrario”, expresó.
El rol del Congreso y el gobierno por decretos
Consultada sobre la postura del Parlamento boliviano, Vásquez explicó que durante los primeros meses de gestión existió un fuerte silencio legislativo mientras el gobierno avanzaba principalmente mediante decretos presidenciales.
“Parecía que la Asamblea Legislativa no existía”, sostuvo.
No obstante, indicó que en las últimas semanas comenzaron a aparecer voces disidentes dentro del propio Congreso, aunque la mayoría parlamentaria continúa respaldando al presidente y las medidas impulsadas por el Ejecutivo.
Denuncias de injerencia estadounidense
Otro de los ejes más sensibles de la entrevista fue la presunta participación de Estados Unidos en el escenario político boliviano. Vásquez sostuvo que existen señales claras de alineamiento entre el gobierno de Paz y sectores políticos vinculados a Washington.
“Los hechos lo demuestran”, afirmó.
La periodista vinculó esa relación con reuniones internacionales recientes, declaraciones del expresidente Donald Trump y la participación de asesores asociados a estrategias de ultraderecha digital en América Latina.
También mencionó la presencia activa de organismos estadounidenses y funcionarios diplomáticos en el país durante el desarrollo del conflicto.
Polarización, racismo y fractura regional
Vásquez sostuvo además que Bolivia atraviesa una fuerte fractura política, social y regional que excede el actual conflicto.
Explicó que Santa Cruz continúa siendo uno de los principales núcleos opositores a los movimientos indígenas, obreros y sectores vinculados a la izquierda boliviana, aunque remarcó que hoy las tensiones también atraviesan otras ciudades importantes del país.
“Hay una diferencia muy fuerte de clase y racismo entre ciudad y campo”, señaló.
Incluso comparó el escenario boliviano con procesos recientes registrados en Perú, donde también se profundizó la confrontación entre sectores urbanos y rurales.
“El movimiento ya pide la renuncia”
Sobre el final de la entrevista, Vásquez explicó que las protestas comenzaron con un pliego de reclamos sociales y económicos mucho más amplio, pero que el endurecimiento del gobierno terminó radicalizando el escenario político.
“Ahora el movimiento ya pide la renuncia”, afirmó.
Según indicó, ni la Defensoría del Pueblo ni otras instituciones con capacidad de mediación —como la Iglesia— lograron generar condiciones reales para abrir una negociación entre el gobierno y los sectores movilizados.
También cuestionó decisiones oficiales que consideró “torpes” o contradictorias, como el anuncio presidencial de reducción salarial para funcionarios que luego terminó siendo presentado como voluntario.
Finalmente, denunció que mientras el gobierno asegura no tener recursos para responder reclamos sociales, sí está destinando fondos millonarios a equipamiento represivo.
“El gobierno está invirtiendo en gases y material de represión comprado en otros países. Para eso sí hay dinero”, concluyó.
