Crisis en la Ex AFIP: incertidumbre laboral y cierres en todo el país
Los trabajadores denuncian precarización, cierre de oficinas y una política de desmantelamiento del Estado. En el sur, empleados afectados por el cierre de receptorías en El Calafate y Puerto Deseado.
Los trabajadores denuncian precarización, cierre de oficinas y una política de desmantelamiento del Estado. En el sur, empleados afectados por el cierre de receptorías en El Calafate y Puerto Deseado.
Los trabajadores de la ex AFIP (actualmente denominada ARCA) enfrentan un contexto cada vez más preocupante. Rodrigo Rivadavia, representante gremial, advirtió sobre una política de ajuste que pone en riesgo la estabilidad laboral de cientos de empleados en todo el país.
“Nos encontramos en una situación de extrema vulnerabilidad. Hace un año que nuestros salarios están congelados, nos recortaron partes importantes del fondo de jerarquización y ahora nos enfrentamos a una violencia institucional inédita”, expresó Rivadavia en diálogo con la prensa.
El conflicto no se limita a una región específica. A nivel nacional, ya se han cerrado entre 35 y 38 distritos de atención al contribuyente, impactando a más de 650 empleados. Estas decisiones, según denuncian los trabajadores, han sido tomadas con improvisación y sin un plan claro, generando un clima de incertidumbre.
“El cierre de oficinas afecta no solo a los trabajadores, sino también a los contribuyentes. En localidades como El Calafate y Puerto Deseado, las receptorías cerradas obligarán a los ciudadanos a trasladarse cientos de kilómetros para realizar trámites esenciales”, explicó Rivadavia.
La situación es especialmente crítica en lugares donde el Estado cumplía un rol fundamental. Un ejemplo de ello es Chilecito, donde recientemente se había inaugurado un edificio propio para el organismo y que ahora quedará en desuso. “Nos dijeron que no importa, que en todo caso se va a vender para pagar la deuda con el FMI. Es un despropósito”, denunció el representante gremial.
Respuesta gremial y medidas de fuerza
Ante esta situación, los trabajadores han tomado diversas medidas de protesta. En los últimos días se llevaron a cabo asambleas con apagón informático en todas las oficinas del país. Además, se envió una carta documento al administrador de ARCA exigiendo información sobre el futuro de los empleados afectados.
“El conflicto sigue abierto. No hay respuestas claras y todo indica que las decisiones seguirán siendo unilaterales”, advirtió Rivadavia.
Desde el sector gremial, además, confirmaron su adhesión al paro nacional convocado por la CGT para el próximo 10 de abril. También se prevé la realización de nuevas asambleas y medidas de fuerza en caso de no obtener respuestas satisfactorias.
El gremio recuerda que la situación de conflicto no es nueva. A finales del año pasado, el gobierno había anunciado el despido de 3.500 trabajadores del organismo. En respuesta, los sindicatos lograron obtener una medida cautelar que impidió los despidos, aunque la incertidumbre persiste.
“La única propuesta que hemos recibido es una extorsión: nos piden que bajemos la medida cautelar que protege a los empleados, lo que abriría la puerta a despidos masivos. No vamos a aceptar algo así”, señaló Rivadavia.
Mientras tanto, el clima de tensión crece entre los trabajadores, quienes temen que nuevos ajustes y cierres sigan afectando sus condiciones laborales. “Hoy le tocó a estos distritos, pero nadie está exento. En cualquier momento, cualquier oficina puede cerrar y dejar a más compañeros en la calle”, concluyó Rivadavia.
La incertidumbre continúa y, con ella, el malestar de cientos de empleados que ven amenazada su fuente de trabajo en un contexto económico y político cada vez más adverso.
