Crisis y Tensiones en el Poder Judicial, Alicia Ponce señaló que atraviesan una crisis estructural
El Sindicato de Empleados Judiciales de la provincia, representado por Alicia Ponce, aborda la difícil situación que enfrentan los trabajadores del sector, destacando las tensiones salariales y la cre
El Sindicato de Empleados Judiciales de la provincia, representado por Alicia Ponce, aborda la difícil situación que enfrentan los trabajadores del sector, destacando las tensiones salariales y la creciente politización del Poder Judicial. Ponce analizó el impacto del presupuesto, la falta de respuestas a las demandas de los trabajadores y los desafíos para el 2025.
En declaraciones a FM La Isla, Alicia Ponce, de SEJUP, se refiriò a la situación de los judiciales y señaló que los últimos dos o tres años han sido especialmente difíciles para los empleados del Poder Judicial de la provincia. En ese sentido, expresó que mantienen incertidumbre y frustración en el sector ante la falta de respuestas claras por parte de las autoridades judiciales. Ponce se refiere a un futuro incierto, en el que se vislumbra tanto la posibilidad de una recomposición salarial como el temor a un nuevo año de conflictos laborales.
Hace aproximadamente una semana, el sindicato presentó una nota al presidente del Tribunal Superior de Justicia, doctor Chávez Túmez, solicitando una audiencia urgente para discutir las consecuencias de la reciente reducción de 8.000 millones de pesos en la masa salarial del Poder Judicial. Esta medida, tomada a través de una acordada el 25 de octubre de este año, se marca en un presupuesto que, según Ponce, no refleja el verdadero impacto en los salarios de los empleados, que enfrentan una estructura salarial cada vez más dispar.
En este sentido, Ponce critica la asignación del presupuesto, resaltando que la masa salarial del Poder Judicial representa apenas el 6% del presupuesto provincial, lo cual se traduce en una escasa atención a las necesidades de los trabajadores. “Hoy se habla de una asignación de casi 100.000 millones de pesos, pero no se menciona cómo se sostiene la estructura con los 969 empleados del Poder Judicial”, señala.
Uno de los puntos más críticos que aborda Ponce es la evidente falta de transparencia en la gestión del presupuesto judicial. “El Poder Judicial tiene una planta totalmente nueva, pero en lugar de destinar los ahorros derivados de la jubilación de antiguos empleados hacia el fortalecimiento de la justicia, se ha invertido en nuevas estructuras que no mejoran el servicio al ciudadano”, expresa el dirigente sindical . A su juicio, este enfoque ha contribuido a una politización creciente del Poder Judicial, lo que afecta directamente la administración de justicia.
Ponce hace referencia a cómo la política ha invadido cada rincón del Poder Judicial. Según su análisis, hoy no solo hay operadores políticos detrás de los nombramientos judiciales, sino que la carrera judicial, el conocimiento y la ética han sido reemplazados por alianzas políticas. Este fenómeno ha generado tensiones dentro del sistema, donde los conflictos internos entre los jueces y fiscales parecen ser el centro de atención mediática, opacando casos relevantes que deben tratarse con mayor seriedad y respeto.
En este escenario de incertidumbre, la politización ha llevado a una situación “berreta” en términos de administración de justicia, como la define Ponce. La creciente operación mediática y los rumores políticos entre los altos funcionarios del Poder Judicial han generado un clima de desconfianza generalizada, tanto dentro como fuera de las instituciones judiciales. “La justicia está hecha pedazos, y son los ministros los responsables de esta situación”, afirma el dirigente sindical, destacando la descoordinación y la falta de compromiso con los problemas reales que afectan a la ciudadanía.
La percepción de una “guerra interna” entre los supremos jueces del Poder Judicial ha creado un ambiente en el que las decisiones se toman bajo presiones políticas más que por la capacidad judicial. Esto ha generado un círculo vicioso en el que las políticas del Poder Judicial no solo afectan a los empleados, sino que también obstaculizan la correcta administración de justicia.
Para los trabajadores del Poder Judicial, la situación no parece mejorar en el corto plazo. Ponce destaca que la falta de respuesta a los reclamos salariales y las tomadas en su contra, como los descuentos en las medidas de protesta, evidencian una postura desleal por parte de las autoridades. Sin embargo, el dirigente sindical mantiene un mensaje de resistencia y unidad entre los trabajadores, resaltando que, pese a la presión política y las dificultades económicas, el sindicato no se rendirá en su lucha por una justicia más equitativa y transparente.
“La unión de los empleados judiciales es fuerte y no se desafiliará, a pesar de los intentos de manipulación política”, subraya Ponce, quien anticipa que, si no se resuelven las tensiones salariales antes de la feria judicial, el servicio no podrá garantizarse con normalidad para el año próximo. Este tipo de declaraciones generan preocupación sobre el impacto de los conflictos en el funcionamiento del sistema judicial y la posibilidad de que el 2025 sea un año de más tensiones y paros, en lugar de un respiro para los empleados del sector.
En este contexto, Alicia Ponce y su sindicato continúan trabajando para evitar una parálisis total del servicio judicial, organizando asambleas y preparando una serie de medidas para enfrentar lo que consideran una “crisis estructural” dentro del Poder Judicial. Mientras tanto, la pregunta sobre si se logrará una recomposición salarial y la estabilización del sector sigue sin respuesta clara.
