Dachary pidió derogar el tratado de inversiones con el Reino Unido: “Es un error geopolítico”
El secretario de Malvinas de Tierra del Fuego cuestionó la vigencia de la Ley 24.184, que aprobó el acuerdo bilateral de protección de inversiones firmado en 1990. Sostuvo que mantener beneficios para capitales británicos contradice la política de soberanía sobre Malvinas y reclamó al Congreso avanzar con su denuncia.
El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, reclamó avanzar con la derogación de la Ley 24.184, que aprobó el tratado bilateral de promoción y protección de inversiones entre Argentina y el Reino Unido.
El planteo se produce en medio de la renovada discusión nacional sobre Malvinas y el Atlántico Sur, después de los anuncios del presidente Javier Milei vinculados con la Base Naval Integrada de Ushuaia y las acciones contra empresas que operan en la explotación de hidrocarburos en las islas sin autorización argentina.
“Una medida fundamental para nuestra política exterior sería derogar la Ley 24.184 (Tratado de Inversiones con el Reino Unido). Nuestro conflicto es con el Reino Unido, no con las Islas Malvinas”, expresó Dachary.
El funcionario fueguino dirigió públicamente el planteo al Senado y a la Cámara de Diputados y cuestionó que el acuerdo continúe vigente mientras persiste la disputa de soberanía.
“Es un error geopolítico mantener un acuerdo que garantiza el trato de ‘nación más favorecida’ y cede jurisdicción ante el mismo Estado que usurpa, saquea y militariza nuestro territorio”, sostuvo.
Un tratado vigente desde la década del 90
La Ley 24.184 fue sancionada en noviembre de 1992 y aprobó el convenio firmado entre Argentina y el Reino Unido en Londres el 11 de diciembre de 1990, durante el proceso de recomposición de las relaciones bilaterales posterior a la Guerra de Malvinas.
El acuerdo establece garantías para las inversiones realizadas por ciudadanos y empresas de ambos países, entre ellas condiciones de tratamiento no menos favorables que las otorgadas a inversores nacionales o de terceros Estados.
También contempla garantías para la transferencia de capitales y ganancias, protección frente a determinadas medidas de expropiación y mecanismos para la resolución de controversias.
El convenio se inscribió en el proceso de normalización de las relaciones diplomáticas iniciado con los Acuerdos de Madrid, alcanzados después de la interrupción de los vínculos entre ambos países como consecuencia de la guerra de 1982.
El planteo de Dachary en la nueva discusión sobre Malvinas
La propuesta del funcionario provincial adquiere otra dimensión a partir del cambio de posición expresado en los últimos días por el Gobierno nacional respecto de Malvinas y la presencia argentina en el Atlántico Sur.
Dachary plantea que, si la Argentina pretende avanzar hacia una política más firme frente al Reino Unido, también debería revisar los instrumentos bilaterales que continúan otorgando garantías especiales a sus inversiones.
En esa línea, consideró que denunciar el tratado constituye “un paso necesario para cumplir con la Constitución”, en referencia al mandato de recuperar el ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
La iniciativa suma así un nuevo elemento al debate abierto tras los anuncios nacionales: no solamente qué medidas adoptar frente a las actividades británicas en el área en disputa, sino también qué relación económica y jurídica debe mantener Argentina con el Reino Unido mientras continúa el conflicto de soberanía.
Una eventual denuncia no tendría efectos inmediatos sobre todas las inversiones
La salida del acuerdo presenta además una particularidad. El propio convenio establece mecanismos para su denuncia y contempla la continuidad temporal de determinadas protecciones para las inversiones efectuadas mientras se encontraba vigente.
Por ese motivo, una eventual decisión de Argentina de abandonar el tratado no implicaría necesariamente que todas sus disposiciones dejaran de producir efectos inmediatamente sobre las inversiones ya realizadas.
El planteo de Dachary apunta, sin embargo, a una definición de política exterior: revisar un instrumento firmado durante el proceso de acercamiento bilateral de comienzos de los años 90 a la luz de la actual discusión sobre soberanía, recursos naturales y presencia británica en el Atlántico Sur.
Su reclamo se suma a las posiciones surgidas en Tierra del Fuego después de los últimos anuncios nacionales y coloca ahora el foco sobre un aspecto menos visible de la relación bilateral: las garantías que Argentina y el Reino Unido todavía mantienen para las inversiones del otro país más de tres décadas después de la firma del convenio.
