Despliegue militar en Tartagal: crece la tensión por la militarización de la frontera norte
Cerca de 1.900 soldados llegan hoy al norte salteño en el marco de la Operación "Julio Argentino Roca", generando fuertes críticas de organismos de derechos humanos.
TARTAGAL – SALTA. En una decisión que ya genera un fuerte debate en la sociedad y la política, alrededor de 1.900 efectivos de las Fuerzas Armadas arribarán este martes a la ciudad de Tartagal, en el norte salteño, como parte de la denominada Operación Julio Argentino Roca, dispuesta por el Ministerio de Defensa de la Nación. Esta iniciativa se enmarca dentro de una ampliación del Plan Güemes, un programa impulsado por el Gobierno Nacional para reforzar la vigilancia y el control en la zona limítrofe norte del país.
El operativo fue anunciado formalmente a mediados de abril por el ministro de Defensa, Luis Petri, durante un acto de relanzamiento del plan, acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. Desde diciembre del año pasado, la implementación comenzó en el departamento Orán y se ha extendido recientemente a las regiones de San Martín y Rivadavia, todas con alta sensibilidad fronteriza.
Sin embargo, la llegada masiva de militares no pasó inadvertida ni exenta de polémicas. Diversos organismos de derechos humanos y partidos de izquierda convocaron a una conferencia de prensa para denunciar lo que consideran una “militarización encubierta” y un mecanismo para “profundizar la represión y el control social bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico”.
En ese sentido, las organizaciones alertaron sobre la aplicación del decreto 1112/24, firmado por el presidente Javier Milei, que autoriza a las Fuerzas Armadas a detener personas sorprendidas en flagrancia. “Esta situación nos remite directamente al año 2001, cuando la represión estatal dejó un saldo trágico en la región”, sostuvieron en alusión a los cinco trabajadores asesinados por Gendarmería en Tartagal y General Mosconi.
Los referentes sociales también recordaron recientes casos de violencia institucional que involucran a las fuerzas: los asesinatos de Fernando Gómez en Orán y de Ivo Torres en Jujuy, ambos jóvenes trabajadores baleados por gendarmes en el marco de operativos del Plan Güemes. “La impunidad con la que actúan las fuerzas es una política de Estado”, afirmaron.
Además, los denunciantes cuestionaron duramente la narrativa oficial que presenta el despliegue como parte de una “guerra contra el narcotráfico y las redes de trata”, calificando esta premisa como una “estafa al pueblo”. Argumentan que existe un fuerte entrelazamiento del crimen organizado con sectores de las fuerzas de seguridad, el poder judicial y político, incluyendo intendentes y exfuncionarios provinciales.
Entre los más señalados se encuentra Benjamín Cruz, ex secretario de Seguridad de Salta, a quien acusan de tener vínculos con sicarios y jefes narcos del departamento Orán, mientras el gobierno provincial “garantiza su impunidad”, según expresaron las agrupaciones.
La magnitud del operativo es inédita en la historia reciente del país. Con la llegada a Tartagal, ya se contabilizan más de 10.000 efectivos de diversas fuerzas desplegados en las provincias de Salta, Jujuy, Formosa, Misiones y Corrientes, de los cuales 1.300 permanecerán de forma permanente en zonas consideradas “estratégicas”.
El epicentro de las acciones en Salta estará en las localidades de Tartagal, Aguaray, Salvador Mazza, Santa Victoria Este y Misión La Paz, todas ubicadas en corredores fronterizos críticos que limitan con Bolivia y Paraguay. En Tartagal, el intendente Franco Hernández Berni confirmó que se reacondicionaron instalaciones para albergar a los soldados, incluyendo obras en el Regimiento de Infantería de Monte 28 y la refacción del viejo hospital, que funcionará ahora como base de alojamiento y monitoreo.
Por su parte, el gobierno nacional evitó dar precisiones sobre los objetivos operativos concretos, limitándose a argumentar que la Ley de Seguridad Interior no impide la intervención de las Fuerzas Armadas en zonas fronterizas. “Queremos ir contra los narcos, contra el crimen organizado y utilizar todo el poder del Estado para proteger a los argentinos”, aseguró Petri.
No obstante, especialistas en derecho y organismos como el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) han advertido que el involucramiento de militares en tareas de seguridad interior contraviene la normativa vigente, que establece una diferenciación tajante entre la defensa nacional y la seguridad pública.
La controversia se profundiza ante la falta de transparencia oficial. La semana pasada, un parte de prensa del gobierno salteño que anunciaba la llegada de tropas fue retirado rápidamente tras un pedido del Ministerio de Defensa, lo que alimentó las sospechas de una estrategia poco clara o incluso inconstitucional.
Finalmente, las organizaciones advirtieron que el decreto presidencial 1112/24 vulnera leyes fundamentales como la Ley de Defensa, la Ley de Inteligencia y la Ley de Seguridad Interior. “Estamos ante un intento de legalizar lo ilegal: el uso de las Fuerzas Armadas para reprimir la protesta social”, concluyeron.
