Di Giglio: "Primero se atiende el paciente, luego se ve a quién se le cobra"
La ministra de Salud señaló en FM La Isla que Nación aporta apenas $600 por paciente del programa Incluir Salud, que en Tierra del Fuego alcanza a unas 1.500 personas. También explicó que el cobro a extranjeros no residentes ya se aplica en la provincia y no representa un impacto económico significativo.
La ministra de Salud de Tierra del Fuego, Judit Di Giglio, se refirió en FM La Isla a dos temas centrales para la gestión sanitaria provincial: la nueva normativa nacional sobre el cobro a extranjeros no residentes y las dificultades de financiamiento que atraviesa el programa Incluir Salud, que en la provincia alcanza a unas 1.500 personas y recibe apenas $600 de aporte nacional por paciente.
"Primero se atiende el paciente, luego se ve a quién se le cobra"
Consultada por la nueva normativa nacional que establece el cobro de determinadas prestaciones sanitarias a extranjeros no residentes, Di Giglio aclaró que, en términos prácticos, la medida no introduce un cambio significativo para Tierra del Fuego, ya que los hospitales provinciales cuentan desde hace años con mecanismos para recuperar el costo de las prestaciones brindadas a extranjeros sin residencia.
Explicó que los hospitales fueguinos adhirieron a la Ley de Autogestión Hospitalaria, sancionada a nivel nacional en la década de 1990, mientras que a nivel provincial es la Ley 1004 la que habilita expresamente el cobro a extranjeros. "Desde el inicio de la gestión en el 2020 cobramos a los extranjeros, es una práctica habitual que se realiza en los hospitales", señaló.
La situación se presenta principalmente en Ushuaia por el movimiento turístico, aunque Di Giglio indicó que la mayoría de los visitantes cuenta con seguros de salud que permiten recuperar el costo de las prestaciones. En Río Grande, en cambio, la atención a extranjeros no residentes es mucho menos frecuente.
Di Giglio remarcó que las urgencias médicas se atienden independientemente de la situación administrativa o migratoria de la persona. Como ejemplo, mencionó el caso reciente de un pasajero de un crucero que sufrió un infarto.
"Primero se atiende el paciente, luego se ve a quién se le cobra", explicó, y señaló que ese procedimiento se aplica habitualmente cuando se presentan emergencias.
La ministra reconoció que existen situaciones particulares donde la aplicación de la norma se vuelve menos clara. Puso como ejemplo el caso de un niño de nacionalidad boliviana que reside hace tres o cuatro meses en Ushuaia —ciudad donde, señaló, existe una comunidad boliviana numerosa y de larga residencia— y cuya familia se encuentra tramitando la residencia. "Mientras esa persona tiene la residencia, para nosotros es un problema desde el punto de vista administrativo", explicó, aunque aclaró que en esos casos se realiza una entrevista social y la Provincia garantiza la atención hasta que se resuelva la situación migratoria.
Mencionó también el caso de personas provenientes de Porvenir, en Chile, que cruzan a Tierra del Fuego para visitar familiares y en algunas ocasiones sufren una urgencia médica. En esos casos, indicó, resulta más difícil efectivizar el cobro porque suelen no contar con seguro ni con los medios para afrontarlo, aunque aclaró que se trata de situaciones excepcionales.
Consultada sobre si estas situaciones tienen algún tipo de impacto económico para el sistema de salud provincial, fue categórica: "No, no, no, no, no, no. En nuestra provincia, no". Recordó además, a modo de contexto histórico, que cuando estudiaba en la ciudad de La Plata, alrededor del año 2000, era frecuente que pacientes de países limítrofes llegaran a hospitales bonaerenses en busca de tratamientos —como los oncológicos— que no podían recibir en sus países de origen, aunque aclaró desconocer si esa situación se mantiene en la actualidad.
Nación aporta apenas $600 por paciente de Incluir Salud
La ministra explicó que Incluir Salud (ex PROFE) cofinancia la atención sanitaria de personas que perciben pensiones no contributivas por discapacidad y no poseen cobertura de una obra social. El programa dependía de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que fue intervenida y hoy depende directamente del Ministerio de Salud de la Nación, lo que —según indicó— explica por qué el tema volvió a instalarse con fuerza en la discusión presupuestaria.
En Tierra del Fuego, los gastos de atención de aproximadamente 1.500 personas en esta situación son afrontados por el Ministerio de Salud provincial, con el aporte complementario de Nación.
Durante la última reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), realizada el día anterior, las provincias volvieron a plantear la necesidad de actualizar esos recursos. "La cápita es de 600 pesos por persona", precisó Di Giglio, y remarcó que se trata de pacientes que, por sus condiciones de salud y discapacidad, suelen requerir prestaciones de elevado costo. Según indicó, las jurisdicciones vienen reclamando desde hace más de dos años una actualización del monto.
Di Giglio señaló que las provincias solicitaron reiteradamente elevar la cápita, pero durante el último COFESA recibieron como respuesta que la actualización recién podría analizarse el próximo año.
"La respuesta fue que hasta el año próximo no se puede evaluar este aumento porque el Ministerio de Salud de la Nación ya no cuenta con presupuesto para este año", explicó.
Frente a ese escenario, consideró que resulta necesario discutir de manera más amplia el financiamiento del sistema sanitario argentino, incluyendo al sector público, las obras sociales y el sistema privado, para buscar mecanismos que permitan optimizar los recursos disponibles.
ACV e insuficiencia cardíaca serán de notificación obligatoria
Otro de los temas tratados en el COFESA fue la incorporación de nuevas patologías al sistema nacional de vigilancia. Di Giglio informó que a partir de esta semana el accidente cerebrovascular (ACV) y la insuficiencia cardíaca serán enfermedades de notificación obligatoria.
Esto implica que los profesionales deberán registrar los casos en el sistema correspondiente, de manera similar a lo que ya sucede con determinadas enfermedades transmisibles. El objetivo es mejorar las estadísticas disponibles y contar con información que permita orientar las decisiones sanitarias.
Consultada sobre el sentido de esta medida en un contexto de recorte presupuestario, se le planteó si no resultaba contradictorio relevar datos sobre pacientes a quienes luego no se les garantizaría atención ni medicamentos. Di Giglio coincidió con esa lectura crítica, sin extenderse en la respuesta.
La ministra señaló además que durante el encuentro federal se abordó la situación de las coberturas de vacunación, otro de los ejes que las autoridades sanitarias nacionales y provinciales mantienen bajo seguimiento.
