Díaz advirtió que hay programas municipales que no podrán ejecutarse por la falta de recursos
Durante la presentación del Presupuesto Municipal 2027 ante el Concejo Deliberante, el secretario de Gobierno advirtió que las demoras de la Provincia en el envío de fondos de coparticipación ya condicionan la ejecución de programas y servicios en Río Grande.
La falta de envío de recursos de coparticipación por parte del Gobierno provincial volvió a ocupar un lugar central durante la presentación del Presupuesto Municipal 2027 de Río Grande, donde funcionarios de la gestión de Martín Perez advirtieron que las dificultades financieras ya condicionan la ejecución de programas y la prestación de servicios públicos.
Durante la primera jornada de exposiciones ante el Concejo Deliberante, realizada en el Museo Municipal Virginia Choquintel, los equipos de las secretarías de Finanzas Públicas, Gobierno y Producción presentaron las prioridades para el próximo ejercicio, en un escenario atravesado por la caída de la actividad económica, la crisis industrial y los atrasos en las transferencias provinciales.
El proyecto contempla recursos por $239.505 millones, de los cuales el 83% corresponde a coparticipación de impuestos nacionales, provinciales y regalías, lo que convierte a la regularidad de esos ingresos en un factor determinante para el funcionamiento municipal.
Díaz advirtió que algunos programas no podrán completarse
El secretario de Gobierno, Gastón Díaz, señaló que, de los recursos presupuestados para el ejercicio 2026, hasta el momento ingresó aproximadamente el 65%, con una proyección de alcanzar entre el 75% y el 80% hacia el cierre del año.
“¿Qué significa ese 20% de recursos que no estarían llegando? Significa que hay programas que no se van a terminar de ejecutar en su totalidad o que directamente no se han podido llevar adelante”, afirmó.
El funcionario explicó que esta situación obliga a reorganizar las prioridades de gestión y concentrar los esfuerzos en las áreas de mayor demanda social, especialmente los servicios sanitarios y las políticas de asistencia a las familias.
“Las prioridades que nosotros observamos tienen que ver con la contención en materia de salud pública y con la cuestión social”, expresó, al vincular el incremento de la demanda de atención municipal con la pérdida de puestos de trabajo industriales y de la cobertura médica de numerosas familias.
Díaz también se refirió a la situación del transporte público de pasajeros, donde, según informó, se registra una caída cercana al 26% en la cantidad de usuarios. En ese contexto, confirmó que el Municipio trabaja en un nuevo pliego de concesión que contempla modificaciones en recorridos, frecuencias e incorporación de herramientas tecnológicas.
Sin embargo, advirtió que la continuidad del acompañamiento económico municipal al servicio dependerá de la disponibilidad de fondos. “Queremos seguir teniendo una política de transporte con acompañamiento municipal, pero eso solamente lo podemos hacer si hay recursos”, sostuvo.
Capotorto volvió a reclamar por la deuda provincial
Por su parte, la secretaria de Finanzas Públicas, Valeria Capotorto, insistió en que las obligaciones financieras asumidas por el Gobierno provincial no deben trasladarse al Municipio mediante demoras en las transferencias de coparticipación.
“Río Grande no se endeudó, Río Grande no pide salvatajes, Río Grande no pide adelantos de coparticipación. Por lo tanto, no debemos asumir los costos de la Provincia ante Nación, porque toda esa deuda debe ser asumida únicamente por la Provincia”, afirmó.
La funcionaria recordó que el Tribunal de Cuentas Municipal consideró razonable una determinación provisoria de acreencias superior a $16.132 millones al 31 de agosto de 2026. Según los registros expuestos por el Ejecutivo, la deuda se incrementó aproximadamente otros $2.000 millones desde la presentación del presupuesto.
Capotorto señaló además que, pese a los compromisos asumidos recientemente para reducir los atrasos, el Municipio debió realizar una nueva intimación por diferencias superiores a $650 millones correspondientes a las transferencias previstas para esta semana.
“La coparticipación no es un gasto: es el derecho legítimo y la herramienta central con la que el Municipio lleva adelante las políticas públicas a favor de su comunidad”, sostuvo, al remarcar que los fondos pertenecen legalmente a la ciudad y no constituyen una asistencia discrecional del Gobierno provincial.
Salud, asistencia social y obra pública entre las prioridades
En cuanto a las previsiones para 2027, el Ejecutivo municipal contempla una asignación de $18.682 millones para salud, aproximadamente $6.670 millones para fortalecimiento alimentario, cerca de $38.986 millones para servicios ambientales y más de $5.000 millones para sostener el transporte público.
El proyecto también incluye un Plan de Obras Públicas de $20.105 millones, distribuido en 37 intervenciones vinculadas con infraestructura urbana, mejoramiento vial, saneamiento y generación de suelo.
“La obra pública no solamente nos va a permitir terminar proyectos que están encaminados con recursos municipales, sino que también es motor de la economía, motor de crecimiento y generador de empleo”, destacó Díaz.
En materia tributaria, Capotorto explicó que la propuesta contempla una bonificación del 60% sobre la Unidad Fiscal, que llevaría su valor a $508 durante 2027, frente a los $537,72 actuales, además de beneficios para contribuyentes cumplidores y quienes opten por el pago anual anticipado.
“La política tributaria de Río Grande no es incrementar impuestos”, afirmó la secretaria, al defender las medidas de alivio previstas para vecinos y comerciantes.
La primera jornada de presentación presupuestaria dejó planteada una preocupación compartida por las distintas áreas municipales: la disponibilidad efectiva de los recursos condicionará la ejecución de programas, la continuidad de las prestaciones y las inversiones proyectadas para 2027.
Desde el Ejecutivo insistieron en que el reclamo por las transferencias provinciales no se limita a una discusión financiera, sino que está directamente relacionado con la capacidad del Municipio de sostener sus servicios y responder a las necesidades de la comunidad.
