Docentes tecnológicos advierten sobre el impacto de la reforma laboral y piden diálogo al Gobierno
Autoridades de FAGDUT se reunieron con la CGT para analizar el proyecto impulsado por el Ejecutivo nacional y coincidieron en que la iniciativa es regresiva y perjudica los derechos laborales.
Dirigentes de la Federación Argentina de Gremios Docentes de la UTN (FAGDUT) mantuvieron un encuentro con el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Jorge Sola, en la sede del Sindicato del Seguro, con el objetivo de analizar el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y coordinar acciones conjuntas en defensa de los derechos adquiridos de los trabajadores.
Tras la reunión, el secretario general de FAGDUT, Ricardo Mozzi, cuestionó con dureza la iniciativa oficial y reclamó la apertura de una instancia de diálogo. “Queremos que nos convoquen a una mesa para aportar experiencias y visiones”, señaló, y advirtió que “bajo la excusa de la modernización, solo se busca avanzar en una flexibilización laboral que beneficia a un reducido grupo de empresas en detrimento de millones de trabajadores”.
El proyecto, que será tratado en el Congreso durante febrero, propone una reconfiguración del sistema de negociación colectiva. En ese marco, los dirigentes coincidieron en que la iniciativa “no trae ningún beneficio para los trabajadores” y que su orientación es claramente regresiva, al facilitar distintos mecanismos de precarización laboral.
Fondo de despido y cambios en la jornada laboral
Uno de los puntos centrales cuestionados es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que habilita a los empleadores a aportar un 3% del salario de cada trabajador a una cuenta destinada al pago de indemnizaciones. Al respecto, el secretario adjunto de FAGDUT, José Gabriele, sostuvo que “es inconcebible que se genere un fondo de despido que surja de descuentos en el salario de los propios trabajadores”, y advirtió que ese porcentaje se detrae de los aportes a la Seguridad Social, afectando el financiamiento del sistema jubilatorio.
La iniciativa también introduce un banco de horas, que flexibiliza la jornada laboral a demanda del empleador. Mozzi alertó que esta modalidad podría generar serias dificultades en el ámbito universitario, especialmente para docentes que también se desempeñan en el sector privado, al quedar expuestos a incompatibilidades horarias.
Riesgo para los convenios colectivos y la representación gremial
Otro de los aspectos señalados como críticos es la derogación del principio de ultraactividad, que garantiza la vigencia de los convenios colectivos aun después de su vencimiento, hasta la firma de uno nuevo. “Buscan reemplazar convenios colectivos por acuerdos de menor alcance, en un claro retroceso en materia de derechos laborales”, afirmó Mozzi, quien recordó el proceso y los años de trabajo que demandó la elaboración del Convenio Colectivo de Trabajo de los docentes universitarios.
Asimismo, el proyecto elimina la figura del veedor gremial en los concursos docentes, una herramienta que permite garantizar la transparencia y evitar arbitrariedades en los procesos de selección.
Asambleas con autorización patronal
La reforma también introduce modificaciones en la Ley de Asociaciones Sindicales, estableciendo que las asambleas y congresos de delegados no deben afectar el normal funcionamiento de la empresa, deben contar con autorización del empleador y no serán remuneradas.
“Es el mundo del revés si se pretende que las asambleas sindicales tengan que ser aprobadas por la patronal”, sostuvo Gabriele, quien calificó el proyecto como “anti trabajadores” y advirtió que limita el derecho a huelga y habilita despidos por ejercerlo.
Impacto fiscal y sistema universitario
Desde FAGDUT también alertaron sobre el costo fiscal de la reforma. Según estimaciones del sindicato de trabajadores del ARCA, su implementación tendría un impacto equivalente a seis leyes de financiamiento universitario, debido a la reducción de contribuciones patronales y los recortes impositivos previstos.
Mozzi cuestionó que, mientras se argumenta falta de presupuesto, el Ejecutivo haya vetado la Ley de Financiamiento Universitario y apelado la decisión judicial que ordenaba su aplicación inmediata. “Quieren avanzar con un proyecto de flexibilización laboral que tendrá un enorme costo fiscal”, señaló.
Por su parte, Gabriele remarcó la necesidad de defender el rol del sistema universitario: “No podemos naturalizar que se minimice nuestro trabajo. Las universidades son el progreso del país; no es un hobby lo que hacemos”.
