El CECIM exigió al Gobierno nacional intervenir por el buque chileno que viajará a Malvinas
El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata cuestionó la nueva conexión logística proyectada desde Punta Arenas hacia las Islas y sostuvo que, si el buque atraviesa aguas jurisdiccionales argentinas, deberá contar con autorización previa. También reclamó controles y una respuesta de las autoridades nacionales.
El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) reclamó la intervención del Gobierno nacional ante la anunciada conexión logística que la naviera chilena Easter Island proyecta poner en marcha desde Punta Arenas hacia las Islas Malvinas a partir de noviembre.
A través de un documento titulado “Una nueva acción colonial en pleno desarrollo”, la organización planteó que el recorrido debe ser analizado a la luz de la normativa argentina y del derecho internacional, especialmente en caso de que la embarcación atraviese aguas jurisdiccionales nacionales.
El eje central del reclamo está puesto en la exigencia de autorización previa establecida por el Decreto 256/2010 para buques y artefactos navales que naveguen hacia las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur cuando atraviesen aguas bajo jurisdicción argentina.
Según el CECIM, esa obligación no se limita a las embarcaciones que parten desde puertos argentinos. La organización sostiene que, si el buque chileno ingresa en aguas jurisdiccionales nacionales rumbo a Malvinas, también quedaría alcanzado por la exigencia de autorización previa, aunque el viaje se origine en Punta Arenas.
El documento también pone el foco en las responsabilidades de la Prefectura Naval Argentina y de las autoridades nacionales en materia de control, fiscalización y eventual adopción de medidas si la embarcación no cumple con los requisitos previstos.
El planteo sobre la CONVEMAR
El CECIM incorporó además al análisis el artículo 19 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), que establece las condiciones bajo las cuales el paso de un buque extranjero por el mar territorial puede ser considerado inocente.
Ese artículo dispone que el tránsito deja de ser inocente cuando afecta la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño y enumera distintas situaciones vinculadas con amenazas a la soberanía, actividades militares, obtención de información o determinadas operaciones de embarque y desembarque.
A partir de esa normativa, el CECIM sostiene que un eventual tránsito hacia Malvinas sin autorización argentina sería ilegal. No obstante, la aplicación concreta de ese artículo depende de las características del recorrido y de las actividades efectivamente desarrolladas por la embarcación durante su paso.
El Estrecho de Magallanes y el tramo hacia el Atlántico
El documento diferencia expresamente el régimen del Estrecho de Magallanes del eventual tránsito posterior por aguas bajo jurisdicción argentina.
El CECIM reconoce que el Estrecho de Magallanes y su boca oriental se encuentran bajo soberanía chilena y sujetos a un régimen de libre navegación internacional, conforme a los tratados vigentes entre ambos países.
El cuestionamiento se concentra, por lo tanto, en el tramo posterior del recorrido hacia el Atlántico y en la posibilidad de que la embarcación atraviese mar territorial argentino camino a las Islas Malvinas.
Para la organización, allí debe intervenir el Estado argentino para verificar la ruta, exigir el cumplimiento de la normativa nacional y definir las actuaciones que correspondan.
Reclamo al Gobierno nacional
El CECIM sostuvo que la nueva conexión logística desde Punta Arenas hacia Malvinas requiere una respuesta de las autoridades nacionales y reclamó que se adopten medidas para resguardar los derechos argentinos sobre las islas y los espacios marítimos circundantes.
La organización consideró que el carácter privado de la operación comercial no modifica las obligaciones legales aplicables al recorrido y advirtió que el Estado debe ejercer sus facultades de control si la nave ingresa en aguas jurisdiccionales argentinas.
El planteo se suma así a las distintas expresiones de preocupación surgidas en los últimos días por la reanudación de vínculos logísticos y comerciales entre Punta Arenas y las Islas Malvinas.
