EL GOBIERNO ACUSA AL SENADO DE "OBSTRUIR LA JUSTICIA" TRAS RECHAZAR LOS NOMBRAMIENTOS PARA LA CORTE SUPREMA
La administración de Milei tildó de "políticamente motivado" el veto a los candidatos García-Mansilla y Lijo, denunciando que la Cámara Alta prioriza "intereses personales".
Tras el contundente rechazo del Senado a las propuestas del presidente Javier Milei para ocupar vacantes en la Corte Suprema de Justicia, la Casa Rosada emitió un duro comunicado en el que acusó a los legisladores de "priorizar sus causas judiciales" por encima del interés nacional.
Los postulantes Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo, respaldados por el Ejecutivo, no lograron el aval necesario en la Cámara Alta, lo que desencadenó una fuerte reacción oficialista. Desde el Gobierno se insistió en que los senadores "dilataron injustificadamente" la votación y actuaron con "criterios partidarios", en lugar de evaluar la capacidad técnica de los aspirantes.
"El Senado, refugio de la casta política"
En un tono de abierta confrontación, el mensaje oficial sostuvo que esta es "la primera vez en la historia" que se desestiman pliegos presidenciales para el máximo tribunal sin argumentos de mérito, calificando la decisión como un "acto de obstrucción".
"El Senado se ha convertido en una máquina de impedir. No legisla para el pueblo, sino para proteger sus privilegios", afirmó el texto, en una clara alusión a los procesos judiciales que afectan a varios legisladores.
Además, se advirtió sobre el "peligro para la democracia" que implica, según el oficialismo, la "instrumentalización política de la Justicia", asegurando que "mientras los dirigentes antepongan su seguridad jurídica, los ciudadanos seguirán sin acceso pleno a sus derechos".
Milei promete "no ceder" y asegura que seguirá impulsando reformas
El comunicado cerró con un firme compromiso del mandatario de "trabajar sin descanso" para garantizar la independencia del Poder Judicial y "restaurar la credibilidad" en las instituciones.
"El Presidente no dará un paso atrás. Utilizará todas las facultades constitucionales y el respaldo popular para defender la división de poderes", concluyó el escrito, dejando entrever que el conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso se profundizará en los próximos días.
¿Qué sigue?
Con este nuevo choque institucional, la tensión entre la administración de Milei y el arco opositor escala a niveles críticos. Analistas anticipan que el Gobierno podría recurrir a medidas excepcionales, aunque evitando una reforma judicial por decreto, dada la falta de consenso legislativo.
Mientras tanto, la sociedad argentina observa con preocupación cómo el debate por la Justicia se transforma en otra batalla política, en medio de un escenario económico y social ya de por sí complejo.
