El Gobierno de Milei redefine el régimen migratorio: endurecen los requisitos para ciudadanía, residencia y acceso a servicios públicos
El vocero presidencial, Manuel Adorni, junto a Patricia Bullrich y Lisandro Catalán, presentó la ambiciosa reforma migratoria que será implementada por Decreto de Necesidad y Urgencia.
Reforma migratoria: el Gobierno impulsa un nuevo paradigma en el control de extranjería
En una conferencia de prensa que marcó un antes y un después en la política migratoria argentina, el portavoz presidencial Manuel Adorni, acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, dio a conocer las nuevas disposiciones que regirán el ingreso, la estadía y la expulsión de personas extranjeras en el país. Estas directrices formarán parte de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que, según informaron desde la Casa Rosada, será firmado en las próximas horas.
Entre los ejes centrales de la reforma se destacan la reformulación de los requisitos para obtener la ciudadanía argentina, la imposición de límites más estrictos para la residencia permanente, y el establecimiento de aranceles para el acceso a servicios públicos por parte de migrantes temporarios o irregulares. La medida fue fundamentada por el oficialismo en “el nuevo contexto internacional” y la necesidad de “blindar la soberanía legal del país”.
Un decreto con justificación de urgencia
“La Ley de Ciudadanía N.º 346 está obsoleta y requiere una modernización para frenar los abusos del sistema”, señaló una fuente cercana al Ejecutivo. La última vez que se intentó una reforma de estas características fue en 2017, bajo la administración de Mauricio Macri, también con Bullrich como figura clave, pero el intento fue tumbado por la Justicia al declararse inconstitucional. Esta vez, aseguran, el texto fue elaborado contemplando aquellas objeciones legales.
Ciudadanía y residencia: cambios sustanciales
Entre los puntos más trascendentes del nuevo régimen, se establece que la ciudadanía solo podrá solicitarse tras dos años de residencia continua y efectiva, sin salidas del país. Si el migrante abandona el territorio, el conteo de ese plazo se reiniciará automáticamente, sin excepciones. Esta disposición apunta a eliminar maniobras que permitían sortear los requisitos temporales para obtener el pasaporte argentino y participar en elecciones nacionales.
Asimismo, los migrantes sin estatus legal deberán regularizar su situación para iniciar el conteo hacia la ciudadanía. Como novedad, se incorpora la “ciudadanía por grandes inversiones”, un esquema que acelerará el acceso a la nacionalidad para quienes realicen aportes económicos significativos en el país. Este punto deberá ser precisado mediante una reglamentación futura.
Residencia: controles más estrictos y permanencia condicionada
Los criterios para acceder a la residencia permanente también serán más rigurosos. Solo los hijos de ciudadanos argentinos la obtendrán automáticamente, mientras que los progenitores quedarán encuadrados como residentes temporarios. Para alcanzar el estatus permanente, deberán demostrar arraigo, solvencia económica y carecer de antecedentes penales.
El plazo para conservar la residencia permanente sin salir del país se reduce de dos años a uno, mientras que para los residentes temporarios ese límite baja a seis meses. De excederse, se perderá automáticamente el estatus migratorio.
Ingreso, expulsión y exclusiones
El ingreso al país estará condicionado a una declaración jurada y la contratación obligatoria de un seguro médico. Las personas condenadas —incluso si la condena no está firme— o procesadas por delitos con penas superiores a tres años no podrán ingresar al país. También se reforzará la exclusión por presentación de documentación fraudulenta.
En cuanto a las deportaciones, se habilita la expulsión de personas con condenas firmes, pero no de aquellas aún bajo proceso judicial o con posibilidad de apelar. El gobierno busca acelerar los plazos administrativos y judiciales para los procesos de expulsión, aunque sin eliminar la notificación formal, uno de los aspectos que invalidó el DNU de 2017.
Migración ilegal: expulsión sumaria y más controles
La normativa permitirá la expulsión inmediata de personas que ingresen por pasos no habilitados, siempre que se las detecte en situación de flagrancia. Además, la Dirección Nacional de Migraciones dispondrá de nuevas herramientas para verificar en territorio la legalidad del estatus migratorio de las personas.
Se incorpora también el concepto de “dispensa”, una medida excepcional que permite no aplicar la expulsión cuando no haya delitos contra la vida, la integridad sexual o el orden democrático. Este matiz ofrece cierta flexibilidad ante casos humanitarios o especiales.
Servicios públicos arancelados y educación con costo
El decreto contempla el arancelamiento de la salud pública en hospitales nacionales para residentes temporarios, transitorios e irregulares, con la única excepción de emergencias. Las universidades nacionales, en tanto, podrán cobrar matrícula a estudiantes extranjeros no residentes, respetando su autonomía institucional y los acuerdos internacionales de reciprocidad.
Aunque seguirán en vigor los acuerdos migratorios del Mercosur, el Ejecutivo anticipó que analizará el costo que implican en términos de acceso a servicios sociales.
Panorama carcelario y población extranjera
Según el Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (SNEEP), al 31 de diciembre de 2023, la población carcelaria era de 111.967 personas. De ellas, el 6% eran extranjeras (6.644 personas), siendo la mayoría oriundas de Paraguay, Bolivia y Perú. Además, un 39,2% del total no contaba con condena firme, lo que plantea un serio desafío al sistema judicial y penitenciario.
En el ámbito del Sistema Penitenciario Federal, 1.884 personas detenidas son extranjeras, lo que representa el 16,1% del total. En las cárceles bonaerenses, bajo jurisdicción del ministro Juan Martín Mena, el 45% de la población carcelaria extranjera del país se concentra allí, con 1.674 paraguayos, 412 peruanos y 303 bolivianos.
Conclusión: un cambio de época en materia migratoria
El paquete de reformas impulsado por el Gobierno nacional redefine el enfoque sobre la migración en Argentina, priorizando el control y la reciprocidad. Desde el oficialismo aseguran que se trata de “medidas necesarias para garantizar el orden y la justicia social”. Los sectores críticos, sin embargo, advierten sobre posibles violaciones a derechos humanos y discriminación institucionalizada.
El debate ya está instalado y el impacto será profundo. A la espera de la firma oficial del DNU, la Argentina entra en una nueva etapa de su política migratoria, con reglas más estrictas, controles reforzados y beneficios más limitados para los extranjeros que quieran residir en el país.
