El Gobierno de Milei suprime cinco iniciativas contra la violencia de género en medio de ajustes estatales

El Ministerio de Justicia, mediante una resolución oficial, derogó proyectos clave del anterior gobierno, argumentando ineficiencia y superposición de funciones.

El Ejecutivo nacional, liderado por Javier Milei, decidió este viernes eliminar cinco planes destinados a prevenir y erradicar la violencia de género, en el marco de su política de reducción del gasto público y reestructuración del Estado. La medida, adoptada mediante la Resolución 291/2025 y publicada en el Boletín Oficial, fue rubricada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y afecta iniciativas implementadas durante la gestión del expresidente Alberto Fernández a través del extinto Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

Los programas eliminados incluyen:

• Plan de Asistencia Integral e Inmediata para Víctimas de Violencia de Género Extrema

• Iniciativa para Garantizar Derechos a la Comunidad Travesti, Transexual y Transgénero

• Escuelas Comunitarias de Capacitación en Género y Diversidad "Macachas y Remedios"

• Programa de Formación en Igualdad de Género para Empresas Privadas "Formar Igualdad"

• Proyecto de Promoción de la Participación Ciudadana en Temáticas de Género y Diversidad

Fundamentos de la medida:
La decisión se sustenta en informes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Unidad de Auditoría Interna, que detectaron irregularidades en la gestión de fondos, duplicidad de tareas con otros organismos y ausencia de métricas que avalen su eficacia. El texto oficial señala que estos programas presentaban "dificultades para brindar respuestas rápidas y efectivas a las necesidades sociales" y enfatiza la necesidad de reorientar recursos hacia políticas "basadas en datos concretos" y alineadas con la "eficiencia fiscal".

Críticas y defensa oficial:
Mientras el Gobierno insiste en que los fondos públicos deben destinarse a "acciones con resultados medibles", organizaciones feministas y de derechos humanos advierten que la medida "desmantela herramientas vitales para proteger a grupos vulnerables". "Es un retroceso en la lucha contra la violencia machista y la inclusión", denunció un colectivo LGTBIQ+ en un comunicado.

Próximos pasos:
La resolución ordena a la Secretaría de Derechos Humanos y a la Subsecretaría de Gestión Administrativa ejecutar las acciones necesarias para formalizar la discontinuación. La polémica reavivó el debate sobre el rol del Estado en la protección de minorías y el alcance de las reformas impulsadas por la actual administración.

Esta decisión se enmarca en una serie de recortes a áreas sociales, que incluyeron la fusión o eliminación de organismos vinculados a cultura, educación y ambiente. Sectores opositores acusan al Gobierno de "priorizar el ajuste sobre los derechos", mientras que el oficialismo defiende la medida como parte de un "ordenamiento necesario" para optimizar el uso de recursos.