El ministerio de Bienestar Ciudadano cuestionó la baja de la edad de imputabilidad: “La protección integral no puede ceder ante el castigo anticipado”
La cartera provincial expresó su rechazo a la media sanción del proyecto y advirtió que implica un retroceso en materia de derechos humanos y protección de las infancias.
El Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur manifestó su rechazo a la media sanción del proyecto que propone la baja de la edad de imputabilidad, al considerar que representa un retroceso en materia de derechos humanos.
El secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Mariano Ponce, sostuvo que la iniciativa “se aparta del paradigma de protección integral consagrado en nuestra legislación y de los compromisos asumidos por el Estado argentino en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional”.
“La protección integral no puede ceder ante la lógica del castigo anticipado”, afirmó el funcionario. En esa línea, agregó que “la reducción de la edad de imputabilidad no constituye una respuesta eficaz en términos de seguridad pública ni aborda las causas estructurales que atraviesan las trayectorias de vulneración de niñas, niños y adolescentes”.
Ponce señaló además que la propuesta “desplaza el eje de la responsabilidad estatal desde la garantía y restitución de derechos hacia una respuesta predominantemente punitiva, debilitando los dispositivos de cuidado, prevención y acompañamiento territorial”.
El funcionario remarcó que las infancias y adolescencias “requieren políticas públicas integrales, sostenidas e intersectoriales” y advirtió que penalizar de manera anticipada “afecta procesos de desarrollo subjetivo, educativo y comunitario, profundiza desigualdades y compromete la sostenibilidad de la vida en sus etapas más sensibles”.
Finalmente, sostuvo que frente a problemáticas complejas “no pueden imponerse soluciones simplificadoras basadas en el endurecimiento del sistema penal”, y consideró imprescindible “fortalecer el primer nivel de cuidado, ampliar los dispositivos de acompañamiento y garantizar acceso efectivo a educación, salud mental, espacios comunitarios y oportunidades reales de inclusión”.
