El Ministro de Desarrollo Social de Tucumán Expone los Controles para la Distribución de Mercadería y Responde a Denuncias de Irregularidades
Federico Masso defendió la transparencia en los procedimientos de distribución de recursos destinados a comedores y organizaciones sociales, pero reconoció que algunos actores han eludido los controle
Federico Masso defendió la transparencia en los procedimientos de distribución de recursos destinados a comedores y organizaciones sociales, pero reconoció que algunos actores han eludido los controles. Además, aclaró que se están investigando denuncias de uso indebido de mercadería con multas políticas y personales.
El Ministro de Desarrollo Social de Tucumán, Federico Masso, detalló hoy el procedimiento implementado por su cartera para la distribución de mercadería a comedores y entidades sociales, en un contexto marcado por denuncias sobre posibles manejos irregulares de estos recursos. En un intento por despejar dudas, Masso defendió la transparencia del sistema de control, aunque admitió que algunas personas han encontrado métodos para eludirlo.
Según explicó Masso, la mercadería es entregada únicamente a organizaciones con personería jurídica que desempeñan un rol social significativo. “Contamos con un sistema de controles muy rigurosos que incluye cruces de datos, rendiciones tanto físicas como digitales, y auditorías aleatorias, incluso durante los fines de semana”, detalló el funcionario. Como prueba de la transparencia, se presentarán expedientes y firmas que respaldan las entregas efectuadas a las entidades habilitadas.
No obstante, el ministro también abordó las denuncias relacionadas con un caso reciente de un dirigente detenido en un allanamiento, donde se incautó mercadería estatal en su domicilio. Masso aclaró que dicha mercadería había sido retirada por el padre del detenido, quien lidera una organización civil. “No permitiremos que este tipo de irregularidades empañen la mano de obra que beneficia a más de 137.000 familias tucumanas. La justicia se está encargando de esclarecer los hechos”, enfatizó.
Denuncias sobre Uso Político y Comercialización Ilegal
A pesar de los mecanismos de control mencionados, diversas organizaciones sociales y vecinos de la provincia han manifestado inquietudes sobre el posible desvío de los recursos, señalando que la mercadería no siempre cumple con su fin social. En una investigación realizada por La Gaceta , se recopilaron testimonios de habitantes de la zona que aseguran haber visto a dirigentes políticos utilizando la mercadería con multas electorales o, en algunos casos, vendiéndola de manera ilegal.
“Algunos crean asociaciones civiles como fachada para acceder a los recursos. Si bien algunos realmente distribuyen la mercadería, otros la utilizan con fines personales o para beneficio político. Este tipo de acciones no tiene justificación”, denunciaron los vecinos, quienes exigieron mayor transparencia en la distribución.
Frente a estos reclamos, Masso expresó que el gobierno está comprometido en esclarecer cualquier irregularidad. “Estamos colaborando plenamente con la justicia y hemos entregado toda la documentación requerida por la fiscalía. No vamos a permitir que lo que es de los más vulnerables sea desviado para beneficio personal”, aseguró el ministro.
Críticas de la Oposición y Pedido de Información
La controversia generada por las denuncias también ha impulsado una respuesta de la oposición, que ya ha adelantado su intención de presentar un pedido de informes en la Legislatura sobre el manejo de los recursos. El ministro Masso respondió con disposición a atender las consultas y presentar las evidencias necesarias sobre el funcionamiento del sistema de control.
“Entendemos que los mecanismos de supervisión deben ser más estrictos. Aunque hemos implementado una serie de medidas, algunos actores han logrado burlar el sistema. Es nuestra responsabilidad detectar y corregir esas fallas para asegurar que la ayuda llegue a quienes verdaderamente la necesitan”, concluyó Masso.
Este caso pone en evidencia la necesidad de reforzar las políticas de control y vigilancia en la distribución de recursos públicos, especialmente en tiempos de crisis, cuando la ayuda social se convierte en un aspecto crucial para millas de familias.
