El paro judicial de 48 horas profundiza el cuello de botella en la justicia de Río Grande
El presidente del Colegio de Abogados advirtió que la falta de dos juzgados en funcionamiento agrava el retraso, y calificó de "incertidumbre" el escenario generado por los fallos contradictorios sobre la ley de modernización laboral.
Renan Uribe, presidente del Colegio de Abogados de Río Grande, se refirió ante FM La Isla al paro de 48 horas que llevan adelante los trabajadores judiciales y su impacto concreto en la administración de justicia. El conflicto, que comenzó con asambleas y medidas esporádicas, escala ahora hacia paros más extensos y sostenidos.
La escalada del conflicto
"Primero era la asamblea, después era una medida un día cada tanto, cada dos semanas, y ahora tenemos 48 horas", describió Uribe. El paro arrancó este lunes y finaliza el martes, lo que deja a la semana con apenas dos días hábiles de actividad judicial, considerando el feriado del primero de mayo.
El Colegio comprende el reclamo de los trabajadores y mantiene diálogo tanto con los gremios —la Unión y el Sejuve— como con el Superior Tribunal. "Entendemos la preocupación del trabajador, siempre decimos que tiene que estar bien pago, pero vemos con preocupación el impacto en la administración de justicia y exhortamos a las partes a llegar a un acuerdo", señaló. Sin embargo, reconoció que ese acuerdo no parece cercano en términos presupuestarios.
El cuello de botella que se profundiza
El conflicto gremial se superpone con una situación estructural que ya venía complicada. El juzgado de Familia número 3 y el Juzgado Civil y Comercial número 3 todavía no están en funcionamiento. "Hay un cuello de botella que lo estamos viendo, y esto lo que hace es profundizar esa situación", indicó Uribe.
La demanda de justicia, en tanto, no para de crecer. La ciudad tiene más habitantes pero sigue con los mismos dos juzgados de familia de siempre. Y el tipo de causas que llegan cambió. "Hay una situación en los núcleos familiares muy preocupante. Ya no solamente el hecho de alimentos, divorcios y demás, sino situaciones muy complejas", describió. La crisis económica tiene una traducción directa en los expedientes: "Hay acuerdos de cuota alimentaria con montos de 200.000 o 300.000 pesos porque quien debe proveer no tiene trabajo."
A eso se suma otro dato que Uribe planteó al ser consultado sobre el estado de la profesión: los propios ciudadanos están postergando sus reclamos legales. "Nuestro cliente ya no quiere reclamar porque no puede sostener al abogado particular. Primero tienen que comer, después le pagan a un abogado."
La ley de modernización laboral y la política en el Poder Judicial
El segundo eje fue la situación generada por los fallos contradictorios sobre la ley de modernización laboral. Un juzgado la rechazó en varios de sus puntos. Otro le dio vía libre. Al día siguiente, ese segundo juez fue nominado para continuar cinco años más en su cargo. Luego la Cámara derivó la causa al fuero Contencioso Administrativo, que habilitó la ley en cuestión de segundos.
"Ahí vemos cómo la política trata de estar dentro de la esfera del Poder Judicial", afirmó Uribe ante la consulta. Y fue claro sobre su posición de fondo: "Me parece que es inconstitucional porque altera varios derechos del trabajador consagrados en nuestra Carta Magna." La palabra que eligió para describir el escenario para los abogados laboralistas fue una sola: "Incertidumbre."
