
El radar en Tierra del Fuego: tensiones geopolíticas y decisiones judiciales
En medio de especulaciones y declaraciones cruzadas, el radar de LeoLabs en Tierra del Fuego vuelve a ser foco de polémica. La instalación, desactivada parcialmente durante el gobierno de Fernández y
En medio de especulaciones y declaraciones cruzadas, el radar de LeoLabs en Tierra del Fuego vuelve a ser foco de polémica. La instalación, desactivada parcialmente durante el gobierno de Fernández y Melella, enfrenta una nueva evaluación bajo la administración de Javier Milei. El Ministerio de Defensa aún considera al radar como una amenaza a la seguridad nacional.
El gobierno provincial mantiene su postura sobre el radar instalado por la empresa Leo Labs, mientras el gobierno nacional evalúa su impacto. La justicia se involucra en un conflicto que mezcla seguridad, política y soberanía.
Andrés Dachary, Secretario de Malvinas e Islas del Atlántico Sur de Tierra del Fuego, en declaraciones a FM La isla, se refirió a la situacion del radar de Leolabs en Tolhuin . "El gobierno de Javier Milei está en la fase final de análisis sobre el impacto tecnológico y geopolítico del radar de Leo Labs en Tierra del Fuego", afirmó, remarcando que, aunque el radar fue inhabilitado durante la administración de Fernández y Melella, no se ha desactivado por completo.
La situación ha captado la atención pública tras una reciente nota en el diario Clarín firmada por Natalia Nieves Kitwack. Según la publicación, el gobierno está cerca de autorizar nuevamente la operación del radar, argumentando que no lo consideran ni militar ni británico. Ante esto, Dachary aseguró que no han recibido comunicación oficial por parte del gobierno nacional, y que la provincia se mantiene firme en su postura: "Seguimos con las acciones legales para disolver la empresa y remover la infraestructura basada en los informes del Ministerio de Defensa, que califican esto como una amenaza a la seguridad nacional".
Las tensiones no son nuevas, y medios como Infobae también han publicado artículos sobre la insistencia en la instalación de radares en diversas provincias. Sin embargo, el funcionario subrayó que la prioridad del gobierno provincial es clara: desmantelar el radar y evitar cualquier avance de la empresa. "Esta infraestructura representa un riesgo, y la Jefatura de Gabinete ya agotó todas las vías administrativas. Cualquier otro paso deberá ser judicial".
La controversia ha llegado también al ámbito judicial, tras la desicion de la justicia de aplicar una medida cautelar para evitar cualquier avance por parte de Leolabs, hecho que fue celebrado por el Gobierno Provincial pero al que aun le resta "un largo camino por recorrer, tanto en términos políticos como legales", según manifestó Dachary.
Por otro lado, la pesca también está en el centro del debate en Tierra del Fuego. La discusión sobre la nueva ley de pesca enviada por el gobierno nacional y la posible autorización para la captura de merluza juvenil preocupan a la provincia, que tiene intereses directos en los recursos del Atlántico Sur. Según Dachary, "la pesca es una herramienta fundamental para el desarrollo económico, pero debemos gestionarla con responsabilidad para proteger nuestros recursos".
En resumen, Tierra del Fuego enfrenta múltiples desafíos que abarcan desde la seguridad nacional hasta la sostenibilidad económica. La postura provincial es firme en su defensa de la soberanía y la gestión responsable de los recursos, en un contexto donde los intereses nacionales y privados a menudo se entrecruzan.