El Superior Tribunal de Justicia asumió la causa del radar de LeoLabs y definirá si autoriza la demolición
El STJ se declaró competente de forma originaria y otorgó a la empresa 15 días para comparecer y contestar la demanda bajo las reglas del proceso sumario.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Tierra del Fuego se declaró competente para intervenir de forma originaria en el conflicto entre el Municipio de Tolhuin y la empresa LeoLabs Argentina S.R.L., desbloqueando la disputa judicial sobre el futuro del radar instalado en la Estancia "El Relincho", en las cercanías de la ciudad.
La resolución, firmada por los jueces María del Carmen Battaini, Carlos Gonzalo Sagastume, Javier Darío Muchnik y Edith Miriam Cristiano, abre el camino para definir si se procede a la demolición de las estructuras, reclamada por el Municipio por motivos de soberanía y faltas administrativas.
Antecedentes del conflicto
La controversia se remonta a 2022, cuando se autorizó de forma precaria la instalación de una estación de radiolocalización en la Estancia "El Relincho". El proyecto generó un fuerte rechazo institucional tras informes del Ministerio de Defensa que advirtieron sobre riesgos para la soberanía nacional, debido a la capacidad del radar para monitorear objetos en órbita y su presunta vinculación con capitales británicos.
A pesar de que el Gobierno Nacional ordenó la suspensión del proyecto en 2023, el Municipio de Tolhuin detectó que la empresa continuó con obras sin las habilitaciones locales correspondientes. Esto derivó en sanciones administrativas y en el decreto municipal que ordenó el cese de actividades y el desarme de las estructuras.
La resolución judicial
El caso llegó al STJ luego de que el Juzgado de Competencia Integral de Tolhuin se declarara incompetente por razón de la materia. Los jueces consideraron que el caso está regido de forma preponderante por el derecho administrativo, lo que justifica la intervención directa del tribunal superior bajo el artículo 157 de la Constitución Provincial.
Entre los puntos principales de la resolución se destacan la asunción de competencia originaria por parte del STJ, el inicio formal de la demanda contencioso administrativa impulsada por el intendente Claudio Daniel Harrington contra LeoLabs, y la otorgación de un plazo de 15 días a la empresa para comparecer y contestar la demanda bajo las reglas del proceso sumario. El expediente fue además recaratulado de causa ordinaria de demolición a "Contencioso Administrativo".
Lo que viene
La justicia fueguina deberá ponderar no solo el cumplimiento de las ordenanzas de edificación municipales, sino también las implicancias de derecho público que rodean la instalación. El Municipio busca además de la demolición, el cobro de multas que ascienden a cientos de miles de pesos por la ejecución de obras en un predio clausurado.
