Escándalo en el PAMI: Denuncian Sobrepagos, Compras Irregulares y Desvío de Fondos
Exfuncionarios del organismo revelan un entramado de negocios opacos, con adjudicaciones directas y retenciones abusivas a prestadores. Acusan a la cúpula directiva.
Una disputa interna en el Gobierno destapó las irregularidades en el PAMI, colocando bajo la lupa el manejo financiero y administrativo del instituto. Más allá de los cuestionados aportes obligatorios de empleados para sostener la estructura política oficialista, se esconde una red de adquisiciones sin licitación, sobreprecios y un sistema de retenciones arbitrarias que ahoga a los proveedores de salud, según denuncian exautoridades.
El pasado 30 de abril, el PAMI difundió un comunicado asegurando que "las delegaciones dejarán de ser una caja negra de la política", enfocándose en las oficinas regionales. Sin embargo, voces críticas aseguran que las decisiones clave parten de la sede central y señalan directamente al director ejecutivo, Esteban Leguizamo, y a su segundo, Carlos Zamparolo.
El Fraude de las "Urgencias" Ficticias
Mientras la atención pública se concentraba en los aportes coercitivos a trabajadores, exdirectivos del organismo revelaron un esquema mucho más grave: compras mediante la llamada "vía de excepción", que elude procesos competitivos bajo el pretexto de emergencias médicas.
"Al asumir, descubrimos una avalancha de trámites bajo esta modalidad. Como médico, verifiqué que en la mayoría no existía riesgo real", relató un exresponsable de una delegación bonaerense. Según su testimonio, los sobreprecios alcanzaban hasta el 700%, con casos como biopsias para tumores benignos justificadas como "prioritarias". Tras auditar los pedidos, las autorizaciones se redujeron de siete diarias a una semanal.
La Centralización de las Irregularidades
Viviana Aguirre, exfuncionaria en La Plata, radicó una denuncia judicial por defraudación al Estado. "Solo nos exigían firmar, pero todo se cocinaba en la sede central", declaró a C5N. Detalló que los sobrecostes abarcaban prótesis, marcapasos y traslados, siempre amparados en supuestas urgencias.
En paralelo, Sergio Torres, exdelegado en Caleta Olivia, denunció que se exigía a empleados aportar el 10% de sus salarios para fines partidarios. "Leguizamo me admitió que eran decisiones políticas", afirmó. Además, confirmó que las excepciones se gestionaban de manera discrecional desde Buenos Aires, lo que derivó en su marginación al intentar frenar los abusos.
Prestadores al Borde del Colapso
Los proveedores de servicios médicos alertan sobre un sistema al límite: "Los honorarios no se actualizan, y ahora nos aplican retenciones ilegítimas", explicó el dueño de un centro que atiende a 3.500 afiliados mensuales. Según los afectados, el PAMI ejecuta "débitos automáticos" del 10% bajo conceptos vagos como "prácticas excluyentes", sin fundamento.
"Con estas deducciones, la rentabilidad desaparece. Muchos priorizarán a otras obras sociales", advirtió un empresario del conurbano, quien criticó: "No hay fondos para los jubilados ni para los médicos, que cobran $6.800 por consulta. Convirtieron al PAMI en una caja política".
Conclusión: Las acusaciones exponen un doble estándar: mientras el Gobierno promete transparencia, las pruebas apuntan a un sistema de corrupción sistémica, donde la salud de los adultos mayores queda supeditada a intereses económicos y políticos. La Justicia, ahora, tiene la pala
