Escándalo en el PAMI: Denuncias de Extorsión y Aportes Forzados Sacuden al Gobierno de Milei
Auditorías internas revelan un presunto esquema de cobros ilegales a empleados, financiamiento partidario oscuro y luchas de poder en el organismo. Funcionarios libertarios, operadores de Karina Milei
Corrupción en el PAMI: Sobres, Coacciones y una Batalla por el Control del Organismo
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) atraviesa una crisis sin precedentes bajo la gestión de Javier Milei. Las acusaciones se multiplican: extorsión a empleados, aportes obligatorios en efectivo y desvío de fondos públicos para financiar campañas políticas. Lo que más sorprende es que los implicados no son figuras de la "vieja política", sino referentes del propio oficialismo libertario.
La Chispa que Encendió el Incendio
El 30 de abril, el director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguizamo, y su subdirector, Carlos Zamparolo, emitieron un comunicado anunciando una auditoría general en todas las delegaciones del país. El texto, respaldado por el ministro de Salud, Mario Lugones —aliado clave del asesor presidencial Santiago Caputo—, denunció "manejos irregulares", contrataciones dudosas y el uso de las oficinas como "cajas negras al servicio de intereses partidarios".
El mensaje no cayó en saco roto. En cuestión de días, estallaron denuncias en varias provincias, dejando al descubierto un entramado de presiones, cobros ilegales y disputas internas por el control de los recursos del organismo.
El Sistema de Aportes Obligatorios: "Pagar para No Ser Despedido"
En Chaco, una investigación fiscal avanza tras filtrarse chats y planillas que revelarían un esquema de descuentos forzosos a empleados de PAMI y ANSES. Los trabajadores habrían sido obligados a ceder entre el 10% y el 25% de sus salarios para conservar sus puestos. Los fondos, según las acusaciones, se destinaban a financiar actividades políticas.
En Santa Cruz, un audio comprometedor exhibe al líder local de La Libertad Avanza (LLA), Jairo Guzmán, exigiendo dinero a una médica para solventar el alquiler de la sede partidaria. "Todos tienen que colaborar", se escucha decir en la grabación.
Pero el caso más escandaloso surgió en La Plata, donde Viviana Aguirre, exfuncionaria del PAMI y diputada suplente, denunció que le exigieron $1.000.000 mensuales para mantener su cargo. Según su testimonio, los responsables serían Sebastián Pareja, operador libertario en Buenos Aires, y su colaborador Juan Osaba. Aguirre asegura que fue desvinculada tras negarse y comenzar a recolectar pruebas: contratos, grabaciones y mensajes en Telegram que se autodestruían. "Lo más grave es que los perjudicados son los jubilados", declaró.
Copamiento Partidario y Luchas Internas
En Mendoza, chats filtrados entre la diputada Lourdes Arrieta (ex LLA) y Diego Vartabedian, operador de Lule Menem, exponen cómo se repartían cargos en el organismo. "Necesito militantes para cubrir los puestos", le habría escrito Vartabedian. Aunque no hay pruebas directas de extorsión, la repentina apertura de sedes partidarias en zonas donde LLA no tenía presencia previa generó sospechas.
Mientras tanto, en Junín, la interna escaló cuando una militante cercana a Caputo fue desplazada por un operador rival. La respuesta de Milei fue contundente: se fotografió con la joven en un acto público y ordenó la remoción del delegado Alberto Pascual, alineado con Pareja.
El Negocio de los Prestadores y el Riesgo para los Afiliados
Fuentes internas señalan que el "verdadero negocio" del PAMI podría estar en los prestadores alternativos, un sistema que evade los contratos capitados (pagos fijos por afiliado) y permite derivaciones con sobreprecios a clínicas privadas.
Además, la auditoría impulsada por Lugones destapó irregularidades en Santiago del Estero, San Luis y Mar del Plata, donde los cambios de autoridades respondieron a acuerdos políticos más que a criterios técnicos.
La Contradicción del Discurso Libertario
Milei prometió "terminar con la casta" y erradicar la corrupción. Sin embargo, las denuncias revelan un sistema que replica las peores prácticas del pasado: empleados extorsionados, fondos públicos desviados y una estructura partidaria montada sobre un organismo clave para los adultos mayores.
Mientras el Gobierno intenta contener el escándalo, la pregunta que queda flotando es: ¿Quién responde por los jubilados, convertidos en rehenes de una batalla que no eligieron?
