Escándalo en la Armada: Denuncian Irregularidades en Millonaria Compra de Buques a Francia
Astilleros locales y expertos navales acusan al Gobierno de direccionar una licitación por USD 325 millones hacia una empresa francesa cuestionada por corrupción. Advierten sobre un posible fraude.
Alerta en la Industria Naval: Sospechas de Fraude en la Adquisición de Patrulleros Franceses
En un lapso de apenas medio año, dos decisiones gubernamentales dispararon las alarmas en el sector naval argentino. Pese a su relevancia, ambos hechos pasaron inadvertidos para la mayoría de la ciudadanía, pero generaron un intenso debate entre especialistas y empresarios del rubro.
El primer episodio ocurrió en noviembre de 2023, en medio de un escenario económico crítico, con alta inflación y restricciones importadoras. El Ministerio de Seguridad, entonces a cargo de un gobierno saliente, lanzó una licitación para adquirir cuatro buques patrulleros oceánicos (OPV, por sus siglas en inglés) por más de USD 325 millones.
El segundo momento clave se produjo en 2024, cuando la flamante ministra Patricia Bullrich, pese a sus críticas hacia la gestión anterior, decidió mantener el proceso, extendiendo el plazo de presentación de ofertas entre mayo y junio. Esta decisión generó malestar en los astilleros locales y en la Cámara de la Industria Naval (CAIN), quienes exigían la anulación de la convocatoria o, al menos, una prórroga más extensa para garantizar una competencia justa.
Las Sombras de la Licitación
El proyecto oficial busca reemplazar los actuales patrulleros de la clase Mantilla por modernas embarcaciones, argumentando que son esenciales para reforzar el patrullaje marítimo, la vigilancia y el control del tráfico naval. Sin embargo, desde el sector privado y técnico se alzaron voces señalando graves irregularidades:
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Direccionamiento hacia una empresa francesa: Se acusa al Gobierno de favorecer a Naval Group (antes DCNS), firma con un historial de denuncias por corrupción internacional.
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Unidades innecesarias: En la Base Naval de Mar del Plata ya existen cuatro patrulleros similares, con escasas horas de uso.
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Posible fraude fiscal: Si los buques se construyen fuera del país, el Estado dejaría de percibir entre USD 20 y 30 millones por unidad en impuestos.
El Acuerdo Secreto con Francia
El proceso tomó un giro inesperado tras el encuentro entre el presidente Javier Milei y su par francés Emmanuel Macron, a fines de noviembre de 2024. En esa reunión, se pactó la compra de submarinos y los cuatro patrulleros en una operación que rondaría los USD 2.000 millones.
Si bien el Ministerio de Seguridad negó las irregularidades, confirmó un dato inquietante: la empresa adjudicataria enfrenta investigaciones por sobornos en el exterior.
¿Un Delito en Marcha?
El ingeniero naval Raúl Podetti, uno de los principales denunciantes, presentó un reclamo ante la justicia federal. La jueza María Servini consideró que se trataba de un "posible delito en curso", por lo que ordenó una investigación a cargo del fiscal Carlos Stornelli.
Podetti sostiene que:
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En 2018, Argentina pagó el doble del valor actual por cuatro buques similares, todos fabricados en Francia.
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La licitación actual viola la Ley 27.418, que exige que los barcos de la Prefectura Naval sean construidos en el país.
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El astillero local SPI, mencionado como constructor de tres unidades, no tiene capacidad técnica para embarcaciones de 85 metros.
La Respuesta del Gobierno
Frente a las críticas, el secretario de Coordinación Administrativa, Martín Siracusa, desestimó las acusaciones, afirmando que Podetti "habla por hablar" y que su denuncia judicial "no tuvo trámite". Sin embargo, el ingeniero insiste en que tuvo acceso al expediente en octubre de 2024 y que las irregularidades son evidentes.
Mientras tanto, desde el sector naval insisten: "No se entiende cómo SPI, sin infraestructura para botar buques de ese tamaño, puede comprometerse a construirlos. Hay mucho oportunismo".
Conclusión
El caso expone un conflicto entre transparencia, soberanía industrial y posibles intereses espurios. Con una investigación judicial en curso y un Gobierno que insiste en avanzar con la compra, la polémica promete escalar en los próximos meses.
