García Mansilla al Borde de la Renuncia: El Gobierno Apela a la Corte para Mantenerlo en el Cargo
Tras el contundente rechazo del Senado, el juez en comisión evalúa su salida mientras el oficialismo presenta un per saltum para anular la cautelar que lo inhabilita.
La Corte Suprema en Vilo: La Incertidumbre por la Continuidad de García Mansilla
En el máximo tribunal del país, la expectativa crece ante la posible renuncia de Manuel José García Mansilla como juez en comisión, luego de la aplastante derrota sufrida en el Senado, donde su pliego fue rechazado con más de dos tercios de los votos. Sin embargo, el Gobierno nacional no se da por vencido y desplegó este sábado su artillería legal: presentó un recurso per saltum para que la Corte revoque la medida cautelar dictada por el juez federal Alejo Ramos Padilla, que suspendió por tres meses las funciones judiciales y administrativas de García Mansilla.
El objetivo del oficialismo es claro: lograr que los magistrados supremos suspendan los efectos de la decisión y permitan que el polémico juez —designado por decreto— siga participando en las resoluciones del tribunal. Hasta ahora, García Mansilla ha firmado 214 fallos. En las próximas horas, la Corte analizará si admite el recurso, que saltea instancias judiciales intermedias. Incluso si el juez opta por apartarse, algunos ministros podrían aprovechar la ocasión para enviar un mensaje político-judicial en su decisión.
En la Puerta de Salida
El viernes, tras la abrumadora votación en el Senado, García Mansilla no se presentó a trabajar. La noche anterior, circuló la versión de que consultaría a sus colegas sobre si debía renunciar o permanecer en el cargo. Aunque el rumor fue mal recibido, las fuentes del alto tribunal señalaron que respetan su "momento complejo", pero sugirieron que se tome el fin de semana para reflexionar.
El juez no envió ninguna comunicación formal, y en el Palacio de Justicia lo esperaron hasta el cierre, sin éxito. Todo indica que prepara su retirada definitiva, lo que dejaría a la Corte nuevamente con tres miembros.
El Juego del Gobierno y la Corte
Si García Mansilla se va, algunos en el tribunal consideran que el per saltum del Gobierno podría volverse abstracto. Otras versiones sugieren que el juez esperaría que la Corte lo avale antes de renunciar, para suavizar el golpe político, aunque la derrota en el Senado fue categórica.
El recurso presentado por el oficialismo busca que la Corte intervenga directamente, sin pasar por la Cámara Federal de La Plata. Argumenta que la demora en resolver afectaría el funcionamiento del máximo tribunal y el derecho a la justicia de los ciudadanos. Sin embargo, la propia Corte ya había señalado en diciembre que podía operar con tres jueces y conjueces.
La Batalla Legal
El Gobierno defiende a ultranza los decretos que nombraron a García Mansilla y a Ariel Lijo (quien, a diferencia del primero, decidió no renunciar a su cargo como juez federal). La cautelar de Ramos Padilla respondió a un reclamo de organizaciones como CEPIS, Poder Ciudadano y CELS, que consideran estos nombramientos inconstitucionales y un riesgo para la independencia judicial.
El per saltum oficialista acusa a Ramos Padilla de avasallar las competencias del Ejecutivo y la Corte, al anular el juramento que el tribunal le tomó a García Mansilla. Además, insiste en que el decreto presidencial es válido bajo el artículo 99, inciso 19 de la Constitución, que permite al Poder Ejecutivo cubrir vacantes durante el receso del Senado.
El Descontento de la Academia y los Juristas
La semana pasada, más de 50 profesores de derecho y juristas de diversos sectores —incluyendo miembros del Poder Judicial— exigieron la renuncia de García Mansilla, alegando que sin acuerdo del Senado, su designación carece de validez. El Colegio de Abogados de Capital Federal, liderado por Ricardo Gil Lavedra, se sumó al pedido.
Pese a las críticas, el Gobierno insiste en su interpretación de la ley y ahora libra una pulseada con la Corte Suprema. La decisión del tribunal no solo definirá el futuro de García Mansilla, sino que también marcará un precedente sobre los límites del poder presidencial en la designación de jueces.
