PROVINCIALES Escuchar artículo

Giordano advirtió que la deuda provincial con Río Grande se triplicó y ya supera los $17.000 millones

El subsecretario de Finanzas municipal aseguró que las transferencias de coparticipación registran demoras de hasta 60 días. Señaló que las reuniones con el Gobierno provincial no dieron resultados y que el Municipio evalúa nuevas acciones para reclamar los fondos adeudados.

Giordano advirtió que la deuda provincial con Río Grande se triplicó y ya supera los $17.000 millones

El subsecretario de Finanzas municipal aseguró que las transferencias de coparticipación registran demoras de hasta 60 días. Señaló que las reuniones con el Gobierno provincial no dieron resultados y que el Municipio evalúa nuevas acciones para reclamar los fondos adeudados.

La deuda de coparticipación que el Municipio de Río Grande reclama al Gobierno provincial se triplicó desde diciembre de 2024 y ya supera los $17.000 millones, según confirmó el subsecretario de Finanzas, Nicolás Giordano. El funcionario advirtió que las transferencias registran demoras de hasta 60 días y que, pese a las reuniones mantenidas con autoridades provinciales, no se logró establecer un acuerdo para regularizar los pagos.

En FM La Isla, Giordano explicó que el reclamo no corresponde a recursos futuros ni a estimaciones presupuestarias, sino a fondos que la Provincia ya percibió y que todavía no fueron transferidos al Municipio. Según precisó, la deuda surge de las liquidaciones del Ministerio de Economía provincial, contrastadas con los ingresos efectivamente recibidos por la administración municipal.

El funcionario aseguró que la documentación contable disponible permite establecer que al 30 de septiembre de 2026 el monto adeudado ya superaba los $17.000 millones. En ese sentido, sostuvo que la acumulación de recursos pendientes compromete la planificación financiera de una administración que debe continuar prestando servicios y cumpliendo sus obligaciones.

Los fondos ya fueron percibidos por la Provincia

Giordano dedicó buena parte de la entrevista a explicar de dónde surgen los $17.000 millones reclamados y por qué considera que no se trata simplemente de atrasos administrativos.

Según detalló, el Ministerio de Economía provincial emite liquidaciones provisorias y definitivas que permiten comparar los recursos recaudados con los montos efectivamente transferidos a los municipios.

El funcionario explicó que las liquidaciones definitivas tienen un plazo legal de 90 días, un período que consideró excesivo frente a las posibilidades tecnológicas actuales. Sin embargo, remarcó que las liquidaciones provisorias ya permiten identificar recursos que ingresaron a la Provincia y que todavía no llegaron a las cuentas municipales.

“Nosotros lo que estamos reclamando no es solamente la deuda o el atraso. Son recursos de coparticipación nacional”, señaló, al explicar que se trata de fondos provenientes de impuestos que pagan los ciudadanos y que deben distribuirse entre los distintos niveles del Estado.

En ese punto, hizo una aclaración que consideró fundamental para comprender el conflicto.

“Nosotros no le estamos pidiendo un esfuerzo más a la Provincia, le estamos diciendo: lo que ya te entró, que la gente lo mandó hace 60 días, pasámelo porque es de los vecinos de Río Grande y nosotros tenemos al frente un montón de servicios que tenemos que cubrir”, expresó.

Giordano sostuvo que parte de esos recursos lleva hasta 60 días sin ser transferida a Río Grande, una situación que también se presenta con ingresos provinciales, como los provenientes de Ingresos Brutos.

“Lo que nosotros exigimos no es una deuda flotante que el Municipio todavía no tiene cuantificada. La tenemos cuantificada y va incrementándose”, afirmó, al insistir en que las diferencias están identificadas mediante documentación contable y que el monto pendiente continúa aumentando.

Una deuda que se triplicó y afecta los servicios municipales

El subsecretario advirtió que la deuda no solo se mantiene, sino que continúa creciendo. Según explicó, en diciembre de 2024 rondaba los $4.700 millones y al 30 de septiembre de 2026 ya superaba los $17.000 millones.

“El problema o la dificultad que se genera es que la deuda va incrementándose. Desde diciembre del 2024 se triplicó y pasó de 4.700 a 17.000”, señaló.

Giordano vinculó directamente esta situación con las dificultades para organizar las finanzas municipales. Explicó que la administración pública necesita planificar, programar y presupuestar en función de los ingresos previstos, pero que ese mecanismo pierde eficacia cuando los recursos no llegan y los montos pendientes continúan acumulándose.

“Si vos no tenés información fehaciente, no podés tomar decisiones”, sostuvo, al remarcar que la calidad de los datos disponibles es fundamental para definir prioridades y comprometer recursos.

Para dimensionar las responsabilidades que debe afrontar el Municipio, recordó que Río Grande sostiene 15 centros de salud y 21 espacios públicos deportivos, además de servicios de transporte, obras de infraestructura, actividades culturales y otros programas destinados a la comunidad.

El funcionario defendió la continuidad de esas prestaciones y señaló que la falta de transferencias afecta la posibilidad de cumplir con los compromisos asumidos, especialmente con los proveedores de la ciudad.

“Si al mes siguiente vos planificás con cierta información, sin tener en cuenta la deuda, y se sigue incrementando, prácticamente es imposible”, expresó, al describir las dificultades que genera una deuda que aumenta mientras la administración municipal debe sostener su funcionamiento cotidiano.

También advirtió que las consecuencias alcanzan a las empresas y trabajadores vinculados con la actividad municipal. “Acá los únicos perjudicados siguen siendo los vecinos de Río Grande. Y voy a sumar a alguien más, a todos los proveedores que nos acompañan, que son mucha gente de Río Grande que tiene muchísimas responsabilidades”, manifestó.

Transferencias que deberían realizarse semanalmente y llegan hasta 60 días después

Otro de los cuestionamientos de Giordano estuvo relacionado con los plazos establecidos para la distribución de recursos.

El funcionario recordó que una resolución del Ministerio de Economía provincial de 2009 dispone que los fondos provenientes de la coparticipación nacional deben transferirse semanalmente, mientras que los recursos provinciales, como Ingresos Brutos, deben remitirse diariamente, con un plazo máximo de cinco días. En el caso de los ingresos hidrocarburíferos, la periodicidad prevista es mensual.

También mencionó antecedentes judiciales en los que se había considerado razonable un período cercano a los 21 días para efectuar las transferencias, frente a las demoras que actualmente llegan a los 60 días.

Giordano remarcó que existen acreencias correspondientes a Río Grande que la Provincia ya percibió, pero que no fueron transferidas al Municipio, pese al tiempo transcurrido y a las obligaciones establecidas para su distribución.

El subsecretario insistió en que el problema afecta a recursos que tienen un destino determinado por ley y que deben financiar los servicios y las responsabilidades propias de cada nivel del Estado.

“Hubo reuniones, pero no llegamos a ningún resultado”

Consultado sobre las gestiones realizadas para resolver el conflicto, Giordano confirmó que existieron reuniones entre representantes municipales y autoridades provinciales, además de instancias de trabajo técnico destinadas a analizar las diferencias en las transferencias.

Sin embargo, aseguró que ninguna de esas conversaciones permitió establecer un plan de pagos o reducir de manera sostenida la deuda acumulada.

“A mi criterio, escasos y poco resolutivos. Entonces, existieron sí, pero la verdad que no llegamos a ningún resultado”, expresó al evaluar el funcionamiento de los equipos de trabajo.

Durante la entrevista, el funcionario fue consultado específicamente sobre la posibilidad de que se hubiera acordado un programa de regularización o algún compromiso formal para comenzar a cancelar los montos pendientes. Su respuesta fue negativa.

“¿Hubo reuniones? Sí. ¿Se avanzó algo? No. ¿Se cumplió con algo? No”, sintetizó.

Giordano sostuvo que, después de varios años de conversaciones, el crecimiento de la deuda demuestra que las gestiones no se tradujeron en resultados concretos. También dejó en claro que los reclamos continúan respaldados por la documentación contable que el Municipio viene reuniendo.

El Municipio evalúa nuevas acciones y no descarta la vía judicial

Ante la falta de avances, Giordano confirmó que la administración municipal se encuentra analizando nuevas alternativas institucionales para reclamar los fondos.

Explicó que el Tribunal de Cuentas Municipal también certificó la deuda y que el Concejo Deliberante está al tanto de la situación, por lo que consideró que el conflicto podría requerir la intervención de otros organismos.

“Es un análisis que nosotros estamos llevando adelante, que todavía no lo tenemos concretado, por ahora no lo puedo avanzar”, señaló al ser consultado sobre las medidas que podrían adoptarse.

Durante el intercambio con FM La Isla surgió la posibilidad de acudir a la Justicia. Giordano no descartó esa alternativa, aunque aclaró que no le corresponde tomar personalmente esa decisión. También mencionó a la Legislatura y al Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego entre los ámbitos institucionales que podrían intervenir.

El funcionario reconoció que la política sigue siendo una herramienta para buscar una solución, pero advirtió que las gestiones realizadas hasta el momento no han logrado modificar la situación.

Mientras el Municipio analiza los próximos pasos, la deuda supera los $17.000 millones, las demoras alcanzan los 60 días y no existe un acuerdo de pago que permita establecer cuándo se normalizará la distribución de los recursos coparticipables.

Comentarios
Volver arriba