Guerrero Iraola: “El Poder Ejecutivo está llevando adelante un plan sistemático de entrega de la soberanía”
El abogado del CECIM La Plata explicó la acción judicial presentada para frenar el proyecto petrolero Sea Lion al norte de Malvinas y sostuvo que, frente a la posición del Ejecutivo nacional, el Poder Judicial debe actuar como garante de la Constitución y las leyes. La demanda busca impedir nuevas acciones, investigar las rutas de financiamiento y proteger la soberanía argentina y el ambiente del Atlántico Sur.
El avance del proyecto petrolero Sea Lion en la cuenca norte de las Islas Malvinas llegó a la Justicia Federal de Río Grande. El CECIM La Plata y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas impulsaron una acción preventiva de daños contra las empresas vinculadas al emprendimiento, con el objetivo de detener las actividades y cuestionar la legalidad de las operaciones realizadas bajo autorización británica.
Durante una entrevista con Guillermo Lacaze en FM La Isla, el abogado y magíster en Derechos Humanos Jerónimo Guerrero Iraola, representante del CECIM La Plata, explicó que el planteo parte de considerar que las compañías están actuando “de forma completamente ilegal sobre nuestro territorio” en un proyecto ubicado aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.
La presentación busca que la Justicia Federal ordene frenar nuevas acciones vinculadas al desarrollo petrolero y avance también sobre su estructura financiera. Guerrero Iraola señaló que ya existen obras de infraestructura de magnitud en las islas destinadas a generar las condiciones logísticas para una eventual explotación.
Además, reclamaron que se investiguen “las rutas del dinero” para determinar cuáles son las estrategias de financiamiento que permiten avanzar con el proyecto. “Somos optimistas, creemos que el planteo es firme”, sostuvo.
La Justicia Federal y el reclamo argentino
Consultado sobre las posibilidades concretas de una resolución judicial frente a empresas que operan fuera del control efectivo argentino, Guerrero Iraola sostuvo que una decisión de la Justicia tendría valor incluso más allá de las dificultades para ejecutarla.
“La Justicia es un poder del Estado”, remarcó, y señaló que una resolución de un juez argentino que establezca límites a empresas privadas que trabajan con autorización del gobierno británico en las islas constituiría un mensaje tanto para las propias compañías como para eventuales inversores.
El abogado reconoció que la ejecución de una eventual medida cautelar o de una sentencia favorable deberá analizarse desde el punto de vista procesal, pero consideró que un pronunciamiento judicial permitiría reafirmar el mandato establecido por la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional respecto de la soberanía argentina sobre Malvinas. En ese contexto, cuestionó la política del Gobierno nacional y planteó que, ante la falta de acciones del Ejecutivo, corresponde al Poder Judicial asumir un rol central.
“Argentina debe respetar su soberanía y si el Poder Ejecutivo no lo hace, porque es un Poder Ejecutivo que está llevando adelante un plan sistemático de entrega de la soberanía, debe ser el Poder Judicial el último guardametas cancerbero de la Constitución y de nuestras leyes, de lo contrario estamos perdidos”, afirmó Guerrero Iraola.
Para el abogado, un pronunciamiento en ese sentido constituiría además una señal hacia la comunidad internacional frente a las actividades que se desarrollan en Malvinas bajo autorización británica.
Soberanía y ambiente, los dos ejes de la demanda
La presentación judicial se sostiene sobre dos bienes jurídicos que los demandantes consideran afectados: el ambiente y la soberanía nacional.
Respecto del primero, Guerrero Iraola destacó el valor de los ecosistemas vinculados al Atlántico Sur, las Islas Malvinas y la Antártida, no solamente para Argentina sino para el conjunto de la humanidad.
“El ambiente es un bien jurídico imprescindible para el desarrollo de la vida”, sostuvo, y consideró que el Estado argentino debe adoptar medidas destinadas a evitar cualquier daño o degradación de esos ecosistemas.
El segundo eje es la soberanía nacional. El abogado recordó antecedentes judiciales vinculados con la Ley de Tierras para sostener que la soberanía constituye un bien jurídico protegido constitucionalmente y que la ciudadanía puede acudir a la Justicia cuando considera que está siendo vulnerado.
También encuadró las actividades petroleras como actos unilaterales en un territorio cuya soberanía permanece en disputa y recordó la existencia de resoluciones de Naciones Unidas que exhortan a evitar modificaciones unilaterales mientras continúe la controversia entre Argentina y el Reino Unido.
Fuertes críticas a la política de Milei
La entrevista avanzó luego sobre la política de soberanía del Gobierno nacional y las expectativas frente a un nuevo pronunciamiento presidencial sobre Malvinas. Guerrero Iraola realizó allí una extensa y dura crítica a la administración de Javier Milei, a la que acusó de llevar adelante un “plan sistemático de entrega de la soberanía”.
En su argumentación vinculó la cuestión Malvinas con otras políticas nacionales relacionadas con tierras, energía atómica, ARSAT, ciencia y tecnología, universidades y recursos estratégicos. También señaló el impacto que observa en Tierra del Fuego sobre el empleo y la actividad industrial.
Para el abogado, esas decisiones deben analizarse como parte de una misma discusión acerca de la capacidad del Estado argentino para definir autónomamente sus políticas estratégicas.
“La soberanía es el vector central”
Más allá de sus cuestionamientos al Gobierno nacional, Guerrero Iraola cerró con una mirada sobre las potencialidades de Argentina y ubicó a la soberanía como elemento central de cualquier estrategia futura de desarrollo.
“Nosotros creemos en la República Argentina”, afirmó. Enumeró entre sus fortalezas la disponibilidad de agua dulce, capacidad de generación energética, minerales críticos y talento científico y universitario, y sostuvo que el país cuenta con recursos suficientes para construir un modelo de desarrollo propio.
En esa definición, explicó que hablar de soberanía significa también contar con las capacidades estatales necesarias para tomar decisiones: “La soberanía es el vector central en donde Argentina se tiene que reconstruir”.
