Iraola calificó como “un gran hito jurídico” el fallo por Sea Lion
El abogado del CECIM La Plata analizó la cautelar dictada por la jueza federal Mariel Borruto contra Rockhopper y Navitas. Explicó los próximos pasos de la causa, destacó la aplicación de la legislación argentina sobre Malvinas y descartó, en principio, que la investigación iniciada en Comodoro Py pueda interferir con el expediente que tramita en Río Grande.
La cautelar dictada por la Justicia Federal de Río Grande contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum abre una nueva etapa en la causa por el proyecto petrolero Sea Lion. Para Jerónimo Iraola, uno de los abogados que representa al CECIM La Plata en la acción, el alcance del pronunciamiento va más allá de la suspensión de las actividades alcanzadas por la medida: coloca en el centro de la discusión la aplicación de la Constitución y de la legislación argentina sobre las actividades desarrolladas en la zona de Malvinas.
Durante una entrevista con FM La Isla, Iraola calificó la resolución de la jueza federal Mariel Borruto como “muy robusta” y “muy sustanciosa desde lo jurídico” y anticipó que ahora comienza una etapa de trabajo dentro del expediente, con notificaciones, pedidos de información y medidas que deberán cumplirse en plazos concretos.
“El trabajo es jurídico, pero lo más importante y lo más relevante es lo que hay detrás: es que en el fondo hay una jueza de la Nación que está aplicando la Constitución y la legislación argentina y, bajo esta premisa, es central e importante que le demos a esto el volumen que tiene”, sostuvo.
Los próximos pasos de la causa
Iraola explicó que, a partir de la resolución, deberán confeccionarse oficios y avanzar con distintas notificaciones, entre ellas al Poder Ejecutivo Nacional, que deberá facilitar información requerida dentro del expediente. En ese proceso también tendrá intervención la Cancillería.
“Tenemos que, en principio, confeccionar oficios, notificar al Ejecutivo Nacional que tiene que facilitar información en el marco del expediente, hay que evaluar la tramitación de las notificaciones correspondientes”, detalló.
Para el abogado, el contenido de la cautelar resulta central porque reconoce la existencia de una situación que justifica una intervención preventiva y envía, al mismo tiempo, un mensaje a las compañías involucradas. “Esto es importantísimo porque aquí entra en juego Cancillería de la Nación y obviamente está el contenido de la medida cautelar que es central”, señaló, y consideró que se trata de “un mensaje a las empresas de enorme relevancia en términos de soberanía”.
Otro de los ejes que comenzará a analizarse es el entramado económico que sostiene el emprendimiento. “Primero se ha ordenado seguir la ruta del dinero, de las cuestiones financieras, hay muchísimo que trabajar”, explicó Iraola, quien confirmó que parte de las actuaciones deberá ser impulsada por quienes promovieron la acción.
“Hay algunas cuestiones que están en nuestras manos y que tendremos que estar resolviendo en las próximas horas. Nosotros ya nos hemos puesto a trabajar de forma denodada para justamente poder garantizar y resolver estas cuestiones”, agregó.
En cuanto a los tiempos, indicó que existen tres días para cursar algunas notificaciones y que posteriormente continuarán monitoreando el expediente. Fue en ese punto donde sintetizó su valoración del fallo: “Ha sido un gran logro, un gran hito jurídico este pronunciamiento judicial”.
“Es una decisión histórica”
Consultado sobre si esperaba una resolución de estas características de un juzgado federal radicado en Río Grande, Iraola sostuvo que confiaban en los términos en los que había sido presentada la demanda y destacó particularmente la jurisdicción desde la cual fue adoptada la decisión.
“Nosotros teníamos mucha fe en los términos en que presentamos la demanda y obviamente entendemos que la jueza ha hecho valer su posición, que es la de última intérprete y garante de la Constitución Nacional en el territorio insular de las Malvinas, con lo cual no nos sorprende, porque no nos debería sorprender el sentido patriótico de la judicatura”, afirmó.
A partir de esa definición, Iraola volvió sobre el impacto que, a su entender, tiene el pronunciamiento para las compañías y quienes participan del proyecto. “La verdad es que es una decisión, yo diría histórica. Creo que es un mensaje a los directores y accionistas de estas empresas”, sostuvo.
Y profundizó: “Que una jueza de la Nación exprese que las empresas se tienen que someter a lo que sabíamos, que es la legislación argentina, me parece que es de una relevancia sustantiva y que verdaderamente es un gran hito jurídico. La verdad que no hay que minimizarlo”.
Para Iraola, el fallo tampoco representa un punto de llegada. “Estamos muy felices con el sentido de la decisión, obviamente esto nos exhorta a seguir trabajando, a remangarnos, a no parar, pero bueno, es un enorme hito desde el punto de vista jurídico”, planteó.
La causa de Comodoro Py y por qué son procesos diferentes
Durante la entrevista, Guillermo Lacaze consultó a Iraola por la investigación penal iniciada paralelamente en el Juzgado Federal N° 11 de Comodoro Py contra Desire Petroleum y por la posibilidad de que pudiera intentarse una unificación con el expediente que tramita ante Borruto.
El abogado diferenció ambas causas y descartó, al menos en esta instancia, que advierta ese riesgo. “La causa que se está impulsando en Comodoro Py es una causa, entendemos, de naturaleza penal, tiene otras condiciones y características y entendemos que a priori no debería haber riesgo en ese sentido”, respondió.
Iraola explicó que la acción que tramita en Río Grande tiene una naturaleza diferente: “Son procesos distintos, la nuestra es una acción civil preventiva de daño ambiental y soberano y rige hasta otro código procesal, así que entendemos que a priori no debería existir ese riesgo”.
Por esa razón, evitó anticipar escenarios sobre lo que pueda suceder con la investigación iniciada en Buenos Aires y señaló que los abogados están concentrados en cumplir las medidas dispuestas dentro del expediente de Río Grande. “No queremos encender luces de alarma porque tenemos muchas expectativas sobre el desarrollo de estas actuaciones”, sostuvo.
La participación de Río Grande
Iraola también se refirió a la incorporación del Municipio de Río Grande como tercero interesado en la causa. Si bien señaló que todavía no había mantenido una nueva comunicación con el intendente Martín Perez después de conocerse la cautelar, recordó la reunión que habían mantenido días atrás.
“Demostró un compromiso también impresionante, se han presentado como terceros interesados en la causa, así que bueno, la verdad es que estamos en plena sintonía con Martín y la verdad es que destacamos su compromiso con esta causa y con la soberanía nacional”, expresó.
Respecto del seguimiento judicial, explicó que continuarán trabajando mediante el sistema utilizado para la tramitación del expediente y que viajarán a Río Grande si son convocados a alguna audiencia.
La resolución abre así una nueva etapa de una causa que, desde la perspectiva de sus impulsores, combina prevención del daño ambiental y defensa de la soberanía argentina. Para Iraola, el alcance del pronunciamiento está precisamente en que una jueza federal haya establecido la aplicación de la Constitución y la legislación argentina frente a las actividades vinculadas con Sea Lion y en el trabajo judicial que comienza a partir de ahora.
