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Javier Escobar: "Esto es una extorsión hacia la provincia, hacia los funcionarios y hacia los sindicatos"

El secretario general de ASIMRA responsabilizó tanto a AFARTE y la UIF como al arco político por la posible modificación en el proceso productivo de aires acondicionados, que podría dejar en riesgo alrededor de 110 puestos de trabajo. Reclamó una respuesta conjunta de los sindicatos y planteó que "el paro tiene que ser absoluto".

Javier Escobar: "Esto es una extorsión hacia la provincia, hacia los funcionarios y hacia los sindicatos"

El secretario general de ASIMRA responsabilizó tanto a AFARTE y la UIF como al arco político por la posible modificación en el proceso productivo de aires acondicionados, que podría dejar en riesgo alrededor de 110 puestos de trabajo. Reclamó una respuesta conjunta de los sindicatos y planteó que "el paro tiene que ser absoluto".

La posibilidad de modificar nuevamente los procesos productivos de la industria electrónica abrió otro frente de conflicto en Tierra del Fuego. Esta vez, la discusión gira alrededor de la fabricación de aires acondicionados y una propuesta impulsada por las cámaras empresarias que, según advirtió Javier Escobar, podría traducirse rápidamente en una nueva reducción de puestos de trabajo.

El secretario general de ASIMRA cuestionó con dureza en FM La Isla la iniciativa de AFARTE y la UIF y también apuntó contra la respuesta política y sindical frente a un escenario que, sostuvo, ya no admite reuniones para analizar nuevas flexibilizaciones.

"Seguimos en una caída libre con complicidades, de convocatorias con palabras lindas, de análisis en conjunto, cuando no tiene que haber ningún análisis ni ninguna reunión en conjunto", afirmó Escobar.

Según explicó, la preocupación surgió después de conocerse que las cámaras avanzaron ante Nación con un pedido para modificar el proceso productivo de aires acondicionados. Escobar recordó que semanas antes se había discutido la situación de las medidas antidumping y cuestionó que, poco después, el sector empresario impulsara una modificación que podría reducir la participación de mano de obra fueguina.

Para el dirigente, detrás del planteo no existe únicamente una necesidad de sostener la fabricación frente al nuevo escenario comercial, sino una búsqueda de mayores ventajas para las empresas.

"Nosotros creemos que atrás de esta situación hay, como siempre, ventajas comerciales. No creo que las empresas únicamente para poder sostenerse en Tierra del Fuego tengan que cambiar todo esto, dejando trabajadores en la calle", sostuvo.

"La 19.640 fue para generar puestos de trabajo"

Escobar llevó la discusión al origen mismo del régimen de promoción industrial y rechazó que la continuidad de las empresas deba sostenerse mediante una reducción de la mano de obra local.

"Así fue el origen y el principio de su régimen, de la Ley 19.640: fue poblar la isla y generar puestos de trabajo, no generar empresarios multimillonarios", afirmó.

En ese punto trazó un paralelo con lo ocurrido con la fabricación de celulares. Recordó que, cuando se modificó ese proceso productivo, la secretaria de Industria de la provincia, Alejandra Man, había sostenido que la medida no tendría impacto sobre el empleo. Según Escobar, el resultado posterior fue muy distinto.

"Ya estamos abajo del 30% y 40% de lo que es la mano de obra y los trabajadores en el ámbito de celulares en la provincia, así que tuvo mucha injerencia cuando ella lo negaba", cuestionó.

El secretario general de ASIMRA también cargó contra funcionarios provinciales por la estrategia frente a las políticas nacionales que afectan a la industria fueguina. Sostuvo que la prioridad debería estar puesta en defender los procesos productivos y los puestos de trabajo dentro de las fábricas.

"Si en la provincia el ministro de Industria se reúne con el senador para hablar de productos internos y ver el beneficio de cómo productos internos de Tierra del Fuego [...] se pueden vender al continente, y no hacer una defensa del decreto 333, del 334, del análisis de por qué no se debería tocar más lo que son los procesos productivos y sostener y defender los puestos de trabajo realmente, que es con la gente en la fábrica, están totalmente fuera de lugar", afirmó. En ese sentido, también cuestionó el clima de optimismo público mostrado en otras instancias oficiales, al señalar que el propio Ministerio de Industria provincial celebró el "superrigi" en un acto junto a un diputado de La Libertad Avanza, a quienes calificó como corresponsables de la situación que denuncia.

Cuestionamientos por una reunión sin ASIMRA

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la reunión realizada para analizar la modificación del proceso productivo, de la que participaron representantes de las cámaras empresarias, funcionarios y las seccionales de la UOM de Río Grande y Ushuaia, pero a la que ASIMRA no fue convocada.

Escobar cuestionó tanto la composición del encuentro como la forma en que se conocieron las gestiones empresariales.

"¿Dónde están los actores? Los actores reales en este caso son los funcionarios y la política", planteó.

El dirigente sostuvo que, una vez conocida la iniciativa empresarial, debería haberse convocado a todos los sectores alcanzados por una eventual modificación. En ese sentido, se preguntó "cuál es la complicidad de todo esto" y "qué es lo que se oculta". Incluso señaló una posible irregularidad en la propia convocatoria: sostuvo que AFARTE no integra formalmente la comisión CAE, pese a lo cual habría sido invitada a la reunión por su rol como impulsora de la modificación.

Además, cuestionó que las respuestas frente a la crisis queden circunscriptas a encuentros donde los distintos sectores manifiestan preocupación sin avanzar en medidas concretas.

"No sirve más la reunión en Ushuaia en una oficina para decir que todo está mal y una reunión en Río Grande para decir que todo está mal y hacer catarsis local, cuando la situación se avecina mucho más fuerte de Buenos Aires", sostuvo.

Escobar ubicó el conflicto dentro de un escenario más amplio, marcado por la apertura de importaciones, los cambios arancelarios y las modificaciones de los procesos productivos, y volvió a cuestionar la respuesta provincial frente a las decisiones del Gobierno nacional.

Unos 110 puestos de trabajo bajo riesgo

El impacto laboral que podría tener la modificación del proceso de fabricación de aires acondicionados ocupó buena parte de la entrevista. Escobar estimó que la medida podría alcanzar a alrededor de 110 trabajadores, si se considera no solamente al personal encuadrado en la UOM sino también a ASIMRA y a empleados fuera de convenio.

"Para ser claro, Guillermo, por ejemplo, en este proceso de lo que es aire acondicionado, se está hablando de casi 110 puestos de trabajo", señaló.

Según explicó, el cambio propuesto permitiría que determinados componentes lleguen a Tierra del Fuego con una parte mucho mayor del proceso ya realizada.

"Hay productos con este proceso que presentó AFARTE y la UIF a Nación donde directamente no va a existir lo que va a ser soldadura y caño, o sea, el producto ya viene prácticamente un 50-60% ensamblado", advirtió.

Para Escobar, el efecto excedería a quienes pudieran perder directamente su empleo. En una ciudad atravesada por la caída de la actividad y del consumo, planteó que cien trabajadores representan también cien economías familiares y un impacto que se extiende al comercio y al resto de las actividades.

"Son 100 personas, es una microeconomía terrible en una ciudad como estamos. Cien trabajadores es un barrio", graficó.

El dirigente remarcó que ese deterioro ya dejó de ser una proyección: "Hoy está afectado y se lo siente, hoy ya no es un discurso, se lo siente".

"El paro tiene que ser absoluto"

Frente a ese escenario, Escobar planteó la necesidad de avanzar hacia una respuesta sindical conjunta y consideró agotada la instancia de limitarse a expresar preocupación.

"Estoy convencido de que esto amerita una reunión entre sindicatos, cuerpos delegados, y para mí el paro tiene que ser absoluto", afirmó.

Y agregó: "Esto no puede ocurrir. El paro tiene que ser absoluto y hasta que no se revierta y no se toque este tema y dejen de dejar la gente en la calle, nosotros ya llegamos al límite".

El secretario general de ASIMRA reconoció las dificultades existentes para alcanzar una acción colectiva de esa magnitud, pero sostuvo que continuar sin una reacción contundente significaría acompañar un deterioro que describió como "una muerte anunciada en silencio".

"Alguien tiene que empezar a marcar y empezar a trabajar entre todos los sectores", reclamó.

Para Escobar, las decisiones que están modificando las condiciones de la industria son esencialmente políticas y, por esa razón, responsabilizó también al arco político por permitir que las empresas avancen sobre los procesos productivos.

"El arco político es el que habilita y el que hace que nosotros convivamos todos los días, y el que habilita que el empresario haga lo que quiera a beneficio de rentabilidad propia, como lo que está ocurriendo ahora", sostuvo.

En ese punto dejó una de sus acusaciones más fuertes contra el sector empresario.

"Esto es un aprovechamiento, no es un 'no podemos seguir produciendo si no hacemos esto'. Esto es una presión y es una extorsión hacia la provincia, hacia los funcionarios y hacia los sindicatos", afirmó.

Consultado sobre el riesgo de que la falta de una respuesta articulada termine vaciando a la provincia de mano de obra, Escobar fue categórico: advirtió que, si los sindicatos locales esperan indicaciones desde Buenos Aires o desde una conducción nacional para tomar una decisión, "no vamos a quedar 50.000 habitantes en Tierra del Fuego".

"Nada, no tiene que ocurrir ni un puesto menos"

Consultado sobre los plazos en los que podría sentirse el impacto si Nación aprueba la modificación, Escobar sostuvo que las empresas podrían implementar rápidamente el nuevo esquema.

"En cuanto se apruebe. Nación aprueba y esto lo ejecutan, ellos lo ejecutan en un plazo de menos de un mes, porque no por algo lo presentan", afirmó.

Incluso expresó sus sospechas de que las empresas puedan encontrarse preparadas para avanzar inmediatamente una vez obtenida la autorización.

"No me quiero imaginar ni quiero hablar con la bola de cristal, pero dejame dudar que ya no tengan todos los productos en un contenedor listo", dijo.

Escobar rechazó además discutir el conflicto únicamente en términos de cuántos empleos podrían conservarse después de una eventual modificación.

"Que después digan 'no, no fueron 100, vamos a necesitar 50'. Ni 50 ni 20, nada. No tiene que ocurrir ni un puesto menos de trabajo, es simple", remarcó.

El dirigente confirmó que ASIMRA ya comenzó a tomar contacto con otros sindicatos para intentar articular una respuesta. Según relató, la organización recién tomó conocimiento de la situación después de la reunión realizada el día anterior y cuestionó nuevamente que no todos los gremios afectados hayan sido convocados.

"Nuestro rol va a ser empezar a intentar armar, buscar la solidaridad, la unidad entre todos los sectores", explicó. A su entender, aunque el impacto inmediato se concentre en la actividad metalúrgica y electrónica, las consecuencias terminarán extendiéndose al conjunto de la economía fueguina.

Una crítica a la dirigencia y a las respuestas que "ya no sirven"

La entrevista también derivó hacia las dificultades para generar una reacción social en un contexto atravesado por la pérdida de empleo, la caída del poder adquisitivo y la incertidumbre.

Escobar describió una sociedad "agobiada" y "mareada de tantos problemas", donde las urgencias cotidianas dificultan dimensionar otros procesos que, en su análisis, pueden tener consecuencias profundas para Tierra del Fuego. Como ejemplo de un hecho grave que pasa relativamente desapercibido en ese contexto, mencionó la convocatoria prevista para el 6 de agosto vinculada a la entrega de tierras, a la que calificó de "gravísimo".

Vinculó esa situación con discusiones sobre la tierra, los recursos naturales, el agua y la soberanía, y sostuvo que las políticas nacionales están afectando particularmente a la provincia.

En materia industrial, señaló que el deterioro comenzó a profundizarse con los cambios arancelarios y las modificaciones de procesos productivos.

"Somos un punto soberano donde hoy, de a poco, uno empieza a entender que cuando se anunciaban los aranceles era la manera de empezar a desarmar toda la estructura de una ley", sostuvo.

Según su análisis, el cambio aplicado a celulares, un producto que representaba una porción muy importante de la industria electrónica, fue una primera señal y ahora el avance sobre los aires acondicionados profundiza esa dirección.

Escobar también realizó una autocrítica hacia la propia dirigencia y consideró que no siempre hubo capacidad para explicar a las nuevas generaciones por qué existen determinadas conquistas, regímenes o derechos.

"También no hubo una buena militancia como dirigentes en cualquier ámbito, contando de por qué hoy estamos en tal lado, por qué se hizo", reconoció.

Pero sostuvo que, ante la situación actual, ya no alcanzan las expresiones públicas de rechazo ni las convocatorias destinadas únicamente a leer documentos.

"Creo que eso ya tampoco sirve más", afirmó. Para Escobar, la respuesta debe generar "un efecto contundente".

En ese marco recordó las medidas realizadas el año pasado frente a los anuncios sobre aranceles y sostuvo que, pese a los reclamos, las modificaciones continuaron.

"Con una medida de 11 días de paro, y no paran, y no paran", señaló.

También cuestionó que sectores que públicamente manifiestan rechazo a determinadas políticas luego impulsen cambios ante Nación.

"En el medio hacen una reunión en una CAE, anuncian que se solidarizan y están todos de acuerdo que no, y a los 15 días escondidos mandan una nota a Nación para que se apruebe y ya bajar con el documento cocinado", denunció.

"La isla les dio de todo y los hizo multimillonarios"

Hacia el final, Escobar concentró sus críticas en el comportamiento de los empresarios que durante décadas desarrollaron sus actividades bajo el régimen promocional fueguino.

Para el dirigente, impulsar modificaciones que reduzcan la participación de trabajadores locales después de haberse beneficiado del esquema industrial representa una ruptura con el sentido que dio origen a la promoción económica.

Calificó el accionar empresarial como un "acto de cobardía" y "traicionero" y recordó que las empresas pudieron crecer a partir de las condiciones que Tierra del Fuego les brindó.

"La isla les dio de todo, y los sostuvo, y los hizo multimillonarios a varios empresarios que hoy ya están haciendo negocios en otras provincias, y en otros países, gracias a la isla", afirmó.

Para Escobar, la discusión sobre los aires acondicionados no puede analizarse como un cambio técnico aislado. La vinculó con la reducción de puestos que denuncia tras las modificaciones en celulares, la apertura de importaciones, las políticas nacionales hacia el régimen industrial y una estrategia empresarial orientada, según su interpretación, a conservar y ampliar rentabilidad reduciendo la participación de la mano de obra fueguina.

Por eso insistió en que la respuesta debe superar los diagnósticos y las reuniones sectoriales. En su planteo, el límite está en impedir que una nueva modificación del proceso productivo vuelva a traducirse en trabajadores fuera de las fábricas.

"Ni 50 ni 20, nada. No tiene que ocurrir ni un puesto menos de trabajo", sintetizó.

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