Jueza Capuchetti desvía investigación del atentado contra CFK: sospechas hacia la Policía Federal y omisiones clave
La magistrada inició una serie de declaraciones testimoniales para enfocar la causa en agentes de la PFA, en lugar del diputado Gerardo Milman, vinculado a declaraciones previas al ataque.
La maniobra judicial que busca reorientar la investigación
En un giro inesperado, la jueza María Eugenia Capuchetti retiró abruptamente a la fiscalía el control de la pesquisa sobre la autoría intelectual del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner (CFK) y lanzó una ofensiva para desplazar el foco del diputado del PRO Gerardo Milman, señalado previamente, hacia la Policía Federal Argentina (PFA), que en ese momento estaba bajo el mando de Aníbal Fernández.
A pesar de que el fiscal Carlos Rívolo la acusó de practicar forum shopping —elegir un tribunal favorable— y le solicitó que enviara sus supuestas nuevas pistas a un sorteo para que otro juzgado las analizara, Capuchetti inició este viernes una ronda de testimonios de agentes vinculados a un sumario interno contra dos efectivos por un hecho sin conexión directa con el ataque. Sin embargo, la primera declaración dejó al descubierto lo forzado de la estrategia.
Sandra Judith Carral Leiva, comisaria mayor de la Dirección General de Investigaciones Internas de la PFA, admitió que solo tuvo una "mínima participación" en el expediente disciplinario, ya que reemplazó a un colega durante diez días. Pese a los intentos de los abogados de Milman por obtener acusaciones, la oficial no implicó a nadie y aportó escasos detalles. Confirmó que solo realizó notificaciones rutinarias y permitió a los agentes cuestionados presentar su descargo. Además, desmintió presiones internas para manipular las actuaciones, contradiciendo la narrativa que parecía impulsar la jueza.
Los vínculos ignorados: pagos millonarios y conexiones sospechosas
El mismo día de las declaraciones, se difundió un peritaje contable oficial que reveló que Caputo Hermanos —empresa de los hermanos del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo— pagó entre un 10% y 20% por encima del valor de mercado por muebles encargados a Jonathan Morel, líder de Revolución Federal, grupo que promovió consignas violentas antes del ataque a CFK.
Los pagos millonarios coincidieron con la época del atentado. Morel, cuyo taller modesto no tenía cartelería, recibió el encargo de equipar un edificio completo en Añelo, Neuquén, a 1.200 km de su local. Este vínculo, pese a su relevancia, nunca fue investigado por Capuchetti, pese a las evidencias.
La causa residual y los problemas judiciales de Capuchetti
La magistrada aún tiene en su juzgado un expediente residual sobre el intento de asesinato, centrado en las pistas políticas y económicas. Sin embargo, la línea vinculada a Milman —de quien un testigo escuchó decir "cuando la maten, yo estoy camino a la costa" dos días antes del ataque— quedó estancada.
El juicio por la autoría material del atentado también ha complicado a Capuchetti. A fines de marzo, varios testigos (incluidos miembros de su custodia) la expusieron por irregularidades en la investigación, especialmente por el daño al celular de Fernando Sabag Montiel, principal acusado, cuyos datos nunca se recuperaron.
En un movimiento polémico, la jueza le quitó la causa a Rívolo —a quien ella misma se la había delegado dos años atrás— argumentando falta de avances. Sin embargo, fusionó arbitrariamente el legajo sobre la PFA (donde la fiscalía ya había descartado vínculos con el atentado) con el de Milman, diluyendo así su protagonismo. Incluso, el expediente dejó de llevar el nombre del diputado y fue rebautizado con el de "Suárez Mariela Rosario y otros", una persona mencionada en un llamado anónimo sin sustento.
Milman y sus misteriosas anticipaciones
A principios de abril, Milman —quien había evitado hablar públicamente del caso— declaró al sitio MDZ: "No quiero spoilear a la jueza, pero ella retomó la causa. Pronto sabremos quién le puso el arma en la mano a Sabag Montiel". Sutilmente, se refirió al atentado entre comillas, generando más dudas.
Este viernes, tras la audiencia, el fiscal Rívolo confrontó a los abogados del diputado: "Si saben quién le dio el arma a Sabag, ¿por qué no lo dicen aquí?". Los defensores no respondieron, según confirmaron fuentes judiciales.
La excusa de la PFA y las irregularidades
Rívolo ya investigó a los custodios de CFK y a policías de la Ciudad presentes en el operativo, sin hallar conexiones. Ahora, Capuchetti intenta reflotar un sumario interno por un hecho posterior al atentado: la no detención de Brenda Uliarte (exnovia de Sabag) cuando huía en tren. Los agentes involucrados recibieron una sanción menor, pero el hecho no guarda relación con el ataque.
El fiscal también cuestionó que Clarín publicara un video de Uliarte —ya conocido— mientras sugería que la jueza enviaría el celular de Sabag a Gendarmería, pese a que ya se había realizado un peritaje en marzo. Rívolo acusó a Capuchetti de manipular la causa y mezclar legajos sin fundamento.
Conclusión: una investigación obstruida
Las acciones de Capuchetti parecen apuntar a entorpecer la pesquisa en lugar de esclarecer quién estuvo detrás del atentado contra la expresidenta. Con testimonios débiles, omisiones clave y cambios arbitrarios, la causa avanza hacia un callejón sin salida, dejando más preguntas que respuestas.
