La Armada Argentina en el centro de la controversia: traslado y destrucción de documentos históricos
Preocupación por la posible eliminación de pruebas clave para causas de derechos humanos
La decisión de la Armada Argentina de trasladar su Archivo General y proceder a la "depuración" de documentación ha generado una fuerte reacción en organismos de derechos humanos y el ámbito judicial. La medida, que implica la destrucción de documentos, despierta temores sobre la posible pérdida de pruebas fundamentales para investigaciones de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
Un traslado polémico y sospechas de intereses inmobiliarios
El Archivo General de la Armada (AGA), actualmente ubicado en la calle Bolívar 1622, posee más de 5.800 metros lineales de documentación. Sin embargo, expertos en archivos estiman que el volumen real podría alcanzar cerca de 8 kilómetros lineales.
La decisión de trasladar el archivo a las instalaciones del Garage Central, en la zona de Retiro, cerca del edificio Libertad y los tribunales de Comodoro Py, ha sido formalizada mediante una resolución reservada. Fuentes especulan sobre un posible interés inmobiliario por parte del gobierno de La Libertad Avanza (LLA).
Según trascendió, las tareas de "depuración" comenzaron en los primeros días de enero, y el traslado está previsto para febrero. El personal a cargo del archivo deberá decidir qué documentación se muda y cuál será destruida.
Alerta de archivistas y organismos de derechos humanos
Desde la organización Archivistas en Función Pública Argentina (AFPA) se pronunciaron en contra de la destrucción de documentos, instando a preservar información de valor histórico e institucional, particularmente aquella vinculada a graves violaciones de derechos humanos.
La documentación del AGA es clave para causas judiciales, entre las que destaca la investigación de crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde se estima que alrededor de 5.000 personas estuvieron cautivas. Además, la destrucción podría afectar expedientes en las jurisdicciones de Bahía Blanca y Mar del Plata, donde la Armada también tuvo participación en delitos de lesa humanidad.
Denuncias judiciales y reclamos urgentes
El abogado querellante Pablo Llonto presentó una solicitud en la megacausa ESMA para que se dicte una medida de no innovar sobre el archivo de la Armada. Llonto también pidió que el ministro de Defensa, Luis Petri, y el jefe de la Marina, Carlos María Allievi, brinden explicaciones sobre la medida.
“Está en peligro la totalidad del archivo de la fuerza: legajos, documentos de inteligencia, reglamentos, fotografías, planos y organigramas del período 1976-1983 y posteriores”, advirtió Llonto. La preocupación también fue expresada por Carlos Lordkipanidse, sobreviviente de la ESMA, quien calificó la situación como una "maniobra garantista de la impunidad".
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) anunciaron que presentarán una petición para evitar la destrucción de documentación. Se espera que otras organizaciones se sumen a esta iniciativa.
Antecedentes de ocultamiento y destrucción de pruebas
La Armada ha estado históricamente bajo sospecha por la manipulación de documentación vinculada al período de la dictadura (1976-1983). Los legajos de marinos que operaron en la ESMA, como Alfredo Astiz, desaparecieron o fueron alterados. Documentos críticos se recuperaron gracias al trabajo de los Equipos de Relevamiento y Análisis Documental (ERyA) del Ministerio de Defensa.
Según el testimonio del sobreviviente Víctor Basterra, la Armada creó una comisión conocida como Copese para borrar pruebas. Basterra relató cómo oficiales seleccionaban documentación, la microfilmaban y luego incineraban los originales. Esta comisión fue disuelta en 1984, ya en democracia, bajo una resolución secreta del entonces jefe de la Armada, Ramón Arosa.
Controversias actuales y riesgos para la memoria histórica
El ministro de Defensa, Luis Petri, ha sido criticado por su manejo de los archivos vinculados a violaciones de derechos humanos. En 2024, desmanteló los ERyA, acusando a sus integrantes de "perseguir" a militares, medida que fue celebrada por represores y rechazada por más de 30 fiscales.
La semana pasada, el fiscal Alejandro Alagia advirtió sobre el riesgo que enfrenta la documentación en el Archivo Nacional de la Memoria, ubicado en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (exESMA).
La situación pone en evidencia la necesidad de preservar la documentación vinculada a la historia reciente del país, garantizando el acceso a información vital para la memoria, la verdad y la justicia.
