"La desaparición de Vialidad Nacional: un golpe al federalismo y a la historia"
Critican la decisión de suprimir el organismo bajo argumentos genéricos, mientras advierten sobre el riesgo de descentralizar la red vial sin recursos.
La decisión de eliminar Vialidad Nacional se sustenta en razones tan repetidas como vagas: corrupción, gestión ineficiente y exceso de personal. Sin embargo, detrás de estos argumentos se esconde una profunda desconfianza hacia los especialistas del sector y una preferencia por soluciones simplistas, basadas en recetas financieras antes que en un análisis técnico. Quienes impulsan esta medida pertenecen a un equipo económico formado en el mundo de las finanzas, donde todo se reduce a números y donde la opinión de los privados suele pesar más que la de los profesionales con experiencia en la materia.
Un episodio revelador ocurrió en los años noventa, durante un debate sobre un proyecto de infraestructura. El entonces secretario de Obras Públicas, un economista sin formación en ingeniería o planificación, ignoró por completo a los técnicos del organismo y optó por seguir las recomendaciones del presidente de una empresa constructora. Este tipo de actitudes reflejan una ignorancia preocupante: quienes toman estas decisiones no solo desconocen cómo gestionar eficientemente una institución como Vialidad Nacional, sino que ni siquiera se molestan en consultar a quienes sí saben. La posibilidad de combatir la corrupción y mejorar su funcionamiento ni siquiera es considerada.
Vialidad Nacional está a punto de cumplir cien años y en su momento fue un referente en América Latina. Su eliminación no solo borra un legado de prestigio, sino que también representa una pérdida irreparable para la infraestructura del país. Pero más allá del simbolismo, existe un peligro aún mayor: la posible transferencia de las responsabilidades viales a las provincias, sin los fondos necesarios para sostenerlas.
Esta estrategia no es nueva. Ya se aplicó en áreas como la salud y la educación, con resultados desastrosos. Si se repite con la red vial, el gobierno nacional abandonaría su rol planificador, dejando que cada provincia administre sus rutas con recursos escasos y capacidades desiguales. La consecuencia sería la fragmentación de un sistema que, hasta ahora, ha funcionado bajo un criterio federal. El tránsito mayoritariamente local no debe confundirse con la necesidad de una red integrada, que garantice la conectividad de todo el territorio.
En los noventa, hubo un intento de vaciar Vialidad Nacional mediante concesiones, trasladando su control a un ente creado específicamente para ese fin. Hoy, el riesgo es que se consolide un modelo donde las provincias asuman obligaciones sin los medios para cumplirlas. Los antecedentes de este gobierno y las experiencias pasadas alimentan los temores. Las consecuencias, en términos de mantenimiento y desarrollo vial, podrían ser irreversibles.
La eliminación de Vialidad Nacional no es solo un ajuste administrativo: es un paso hacia la desarticulación de una política de Estado clave para el desarrollo del país. Y una vez más, el costo lo pagarán las provincias y sus habitantes.
