La Justicia Federal de Río Grande se declaró competente en la demanda contra Rockhopper y Navitas
La jueza Mariel Borruto dio curso a la acción colectiva impulsada contra las petroleras por sus actividades en la Cuenca Malvinas Norte. Reconoció la jurisdicción argentina y dio intervención a la Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego, que tendrá diez días para presentarse.
La Justicia Federal de Río Grande dio un primer paso en la demanda colectiva promovida contra Rockhopper Exploration plc y Navitas Petroleum Development and Production Limited por sus actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte. La jueza federal Mariel Borruto se declaró competente para intervenir en el expediente y reconoció la jurisdicción internacional de la República Argentina para abordar el planteo.
La resolución fue dictada este miércoles en el marco del expediente FCR 13706/2026, iniciado el 1 de septiembre por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA).
La decisión coincide con el criterio expresado previamente por el Ministerio Público Fiscal y permite que la acción continúe tramitándose ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande.
Soberanía, ambiente y jurisdicción sobre la plataforma continental
Entre los fundamentos para asumir la competencia, Borruto consideró tanto la dimensión ambiental de la demanda como la jurisdicción argentina sobre la plataforma continental y la cuestión de soberanía involucrada.
La magistrada sostuvo que la controversia excede el aspecto estrictamente ambiental y señaló que “subyace en ella la defensa de la soberanía nacional, bien colectivo indivisible que reviste la calidad de interés federal por antonomasia”.
Otro de los argumentos está relacionado con el lugar donde se desarrollan las actividades cuestionadas. La resolución considera que la infraestructura involucrada —entre ella pozos submarinos, ductos y unidades vinculadas con la producción— se emplaza sobre el lecho y subsuelo de la plataforma continental argentina, lo que sustenta la intervención de la Justicia Federal.
En materia ambiental, el tribunal también tuvo en cuenta la conexión existente entre los ecosistemas involucrados y el posible carácter interjurisdiccional de cualquier afectación producida en el Atlántico Sur.
La demanda continuará como proceso colectivo
Borruto también reconoció el carácter colectivo de la acción, al considerar que se encuentran involucrados derechos que no pueden ser tratados exclusivamente de manera individual.
Como parte del procedimiento, ordenó consultar al Registro Público de Procesos Colectivos de la Corte Suprema para determinar si existe otra causa de características similares ya registrada.
La demanda busca avanzar sobre las actividades de Rockhopper y Navitas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en áreas próximas a las Islas Malvinas, cuya soberanía es disputada por Argentina y el Reino Unido.
Las cautelares todavía no fueron resueltas
La resolución no implica todavía que se haya ordenado paralizar las actividades de las petroleras. Las medidas cautelares solicitadas por los demandantes quedaron pendientes de tratamiento hasta que se cumplan una serie de requisitos procesales.
Entre ellos, los actores deberán presentar una declaración jurada indicando que no promovieron otra acción similar, incorporar traducciones públicas de documentación presentada en idioma extranjero y aportar en soporte digital determinados documentos que habían sido individualizados mediante enlaces.
El juzgado otorgó cinco días para cumplir con esos requisitos. Una vez completados, quedará en condiciones de analizar las cautelares solicitadas, entre las que se encuentran pedidos para detener obras y perforaciones y medidas vinculadas con el financiamiento de las actividades cuestionadas.
Tierra del Fuego tendrá diez días para intervenir
Otro punto relevante de la resolución es la decisión de dar intervención formal a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
La jueza corrió vista a la Fiscalía de Estado provincial por un plazo de diez días, para que pueda intervenir en defensa de los intereses patrimoniales y ambientales de la Provincia.
La decisión se sustenta, entre otros argumentos, en el reconocimiento legal de las Islas del Atlántico Sur como parte del territorio provincial y en el dominio originario que la Constitución Nacional reconoce a las provincias sobre los recursos naturales existentes en sus jurisdicciones.
La resolución coloca ahora a la Provincia ante la posibilidad de asumir una participación formal dentro de una causa que involucra recursos naturales, ambiente y soberanía en el Atlántico Sur.
Con la declaración de competencia, el proceso supera así una primera instancia judicial. Todavía resta resolver las medidas cautelares reclamadas y definir el alcance de la intervención provincial, mientras continúa la demanda contra las compañías vinculadas con la explotación hidrocarburífera en la Cuenca Malvinas Norte.
